Un magistrado y los bultos sospechosos

No se le puede negar al gobierno mileísta la agilización de los trámites aduaneros, de algunos de ellos al menos. Sirva de caso el ejemplo el de Laura Arrieta, una organizadora de reuniones derechistas de alto nivel. A principios del año pasado esta mujer llegó al país en un vuelo particular procedente del exterior; portaba nada menos que 15 bultos como equipaje. Apenas descendida del avión la mujer empuño un teléfono e hizo una llamada que tuvo resultados sorprendentes, casi mágicos podría decirse, ya que personal de la aduana la trasladó a un sitio reservado y su equipaje no fue revisado electrónicamente.

Todo hubiera quedado como uno más de los intríngulis que suelen darse en estos casos, de no haber sido por un periodista del diario La Nación que enterado de lo sucedido decidió investigar la flagrante irregularidad y darle trascendencia que obligó a la intervención de la justicia. Tras un año y medio de gestiones la causa terminó pasando al archivo, envuelta en detalles tan sugestivos como ignorados. Vale la pena consignar los argumentos del juez interviniente ya que, según él “si bien la ausencia de registros de escáner impide certeza absoluta sobre el contenido específico, la valoración conjunta de imágenes, características externas observables, declaraciones de pilotos, documentación y contexto permite sostener, con la prudencia propia de esta etapa, que lo transportado aparece prima facie más compatible con equipaje, efectos personales y elementos propios de desplazamiento internacional que con mercadería ostensiblemente identificable como carga comercial típica, sin perjuicio de la imposibilidad de clausurar definitivamente otras hipótesis hasta tanto se reciba la cooperación internacional pendiente”. Y agrega: “si la prueba no alcanza para establecer “la existencia de un acuerdo doloso entre los funcionarios que autorizaron el paso sin control” entonces no se puede hablar de un ardid o engaño”.

Como se advierte, el magistrado basa su fallo en una especie de scanner propio que le permite identificar a los bártulos como “efectos personales y elementos propios de desplazamiento internacional que con mercadería ostensiblemente identificable como carga comercial típica (...) El conjunto de los procedimientos es tan burdo que ni siquiera en una hipótesis piadosa se puede pensar en una ingenuidad judicial. Por las dudas se insinúa claramente que los responsables de la irregularidad fueron los aduaneros, que quedaron sujetos a investigación.

El tamaño de la barrabasada no resulta ajeno a otros procederes registrados en el gobierno mileísta pero, al margen de la actitud de los empleados, el asunto muestra algún detalle sugestivos si se advierten los antecedentes del juez interviniente. Se trata de la misma persona que integrara un grupo de invitados por la empresa a la que responde el diario Clarín y que fueran huéspedes de la mansión que ostenta el magnate inglés Joe Lewis en Lago Escondido, una posesión que ignora o desprecia las leyes nacionales en cuanto a la posesión de tierras en manos de extranjeros.

Salta a la vista que el juez no se sintió afectado por la gran cantidad de críticas que generó aquel hecho, y que todavía le quedó resto como para dictaminar sobre bultos sospechosos.