CSJ avaló decisión del gobierno pampeano

La firma Medanito deberá ahora colocar las cañerías de acero convencionales que le obligó hace varios años el Estado pampeano, y no las de polietileno, más baratas y fácil de colocar, que pretendía.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazo la medida cautelar interpuesta por la empresa Medanito y en consecuencia respaldó una resolución del gobierno pampeano que dispuso un cambio total de la cañería que lleva el gas ácido de los yacimientos pampeanos hacia una planta de tratamiento en provincia de Río Negro. La Corte no opinó sobre el tipo de material más apropiado sino que revalidó la potestad del gobierno provincial de disponer cómo se va a gestionar la producción de hidrocarburos dentro de su territorio.
El ministro de Obras Públicas de la provincia, Jorge Varela, y el director de Hidrocarburos, Carlos Amigone, explicaron ayer a través del Boletín de Prensa de Casa de Gobierno los alcances del rechazo que dispuso la Corte Suprema de Justicia a la medida cautelar que había interpuesto la empresa Medanito para no acatar el pedido del gobierno provincial de cambiar las cañerías que transportan el gas ácido hacia Río Negro. Las cañerías no solo que están viejas y pueden causar un daño en cualquier momento si no que corresponden a un material que en la actualidad se considera inapropiado para esta función.
Ahora, indicaron el ministro y el director, la firma debe cambiar ahora las cañerías con las que traslada el gas ácido desde los yacimientos petroleros y gasíferos de La Pampa hacia Río Negro. El Poder Ejecutivo Provincia exige caños de acero del tipo convencional mientras que la empresa quería en su momento colocar los construidos en base a polietileno.

Gas ácido.
La empresa Medanito realiza el tratamiento del gas ácido que producen las áreas hidrocarburíferas que explota Petrobras, que son de producción mixta, es decir petróleo y gas. Para ello, opera una planta de endulzado en provincia de Río Negro, no muy lejos del límite con La Pampa. Una parte del gas natural que producen las áreas pampeanas tienen un importante componente ácido que debe extraerse antes de destinarlo al consumo domiciliario o industrial. Por una Resolución del año 1991, la Secretaría de Energía otorgó a la empresa Medanito la producción y tratamiento de ese gas. En este punto, Varela consideró ilógico que la Nación haya entregado la concesión de este servicio a perpetuidad.
A partir del año 2007, a través de la Ley Corta, las provincias comenzaron a ser las autoridades de aplicación y tuvieron desde entonces el pleno control y fiscalización de las áreas en su territorio. Una de tarea pendiente desde entonces era una verificación del estado de las cañerías que transportan en este caso tanto el gas de las áreas de Petrobrás -una llamada Medanito 25 de Mayo y la otra Jagüel de los Machos- hacia a Río Negro, donde se encuentra la planta que "endulza" ese gas.
El relevamiento de los técnicos de la Subsecretaría de Hidrocarburos encontró que luego de 20 años de uso había partes que estaban en muy mal estado. Por ello, el gobierno intimó a la empresa al recambio de la cañería.
Ante la intimación, la empresa Medanito propuso una cañería de polietileno de alta densidad, producto que tiene las características de un material plástico. Los técnicos de Hidrocarburos se abocaron a buscar antecedentes de la utilización de este tipo de caños en otros yacimientos del país pero no los encontraron. Por ello, conminaron a la empresa a que utilizara acero, que es el material convencional y de uso y costumbre para este tipo de gasoductos.
La firma recusó la decisión de la Subsecretaría y llevó el tema al Ministerio de la Producción, donde no pudo revertir la decisión previa. Por consiguiente, Medanito llegó a la Corte Suprema con una medida cautelar.

Aprobación plena.
"Si bien la Corte Suprema no fue al fondo de la cuestión, entendemos que tiene que ver con una aprobación plena de lo actuado por el gobierno de La Pampa", sostuvo el ministro Varela al informar de la decisión del órgano judicial. "Tiene que ver con los requisitos y las exigencias que tiene nuestro gobierno a partir de la Ley Corta en todos los yacimientos de la provincia, en cuanto al cumplimiento de las normas tanto en lo que hace a la producción de Hidrocarburos como a la parte de Medio Ambiente", acotó el ingeniero.
Al día de hoy, y a pesar de la resistencia planteada por Medanito en el ámbito legal, la firma se vio obligada a acatar la decisión de la Subsecretaría de Hidrocarburos y ya reemplazó el 50 por ciento del tramo de gasoducto en conflicto.
Carlos Amigone, director de Hidrocarburos, señaló que es un gasoducto con unos 17 kilómetros de extensión construido en la época de Gas del Estado y que cuando la jurisdicción pasó a manos de la provincia "nosotros comenzamos a verificar deterioros en distintos tramos. A partir de ahí, se exigió el recambio". El material que proponía la empresa es más barato en cuanto a su costo a la mano de obra de instalación respecto a los tubos de acero convencional.

Acero revestido.
A diferencia del gas natural de distribución domiciliaria, el gas que circula por esas cañerías contiene líquidos condensados y mucho ácido sulfhídrico. "El plástico es bueno para resistir la corrosión del ácido sulfhídrico pero hemos encontrado bibliografía que habla que la resistencia del material se ve comprometida con la presencia de esos hidrocarburos líquidos", explicó Amigone.
Por eso -prosiguió- "exigimos a la empresa que pusiera las cañerías de acero revestido, como estaba antes, pero a su vez hicimos una consulta a muchas instituciones prestigiosas del país como en el caso del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), y ninguno de ellos nos dio una plena seguridad de las integridades de ese material". El ácido sulfhídrico, indicó, es muy agresivo para los seres humanos, para el medio ambiente y para la fauna. "A su vez, si hay un deterioro de la cañería se puede producir un derrame de líquidos en los yacimientos, con lo cual ante esa situación de disyuntiva de aceptar uno u otro, optamos por lo que está aprobado", que es el ducto de acero.
Amigone comentó que la repartición a su cargo también pidió a la empresa que presentara una certificación de un organismo internacional o nacional que avalara el uso de esos caños pero nunca lo hizo. "La Pampa tiene el poder de policía en todo lo que es el manejo de hidrocarburos, sobre todo cuando puede afectar al medio ambiente", reforzó. La empresa nunca pudo demostrar fehacientemente que la cañería de plástico resistiera las condiciones de corrosión de este gas, con lo cual "no había demasiadas cuestiones para discutir".

Una invitación a Berhongaray.
En las declaraciones, Varela dijo que no entendía unas recientes declaraciones del diputado radical Martín Berhongaray cuando afirmó que no se estaba cumpliendo con la orden legal de hacer estudios ambientales en estas áreas. "Yo lo invito al diputado a recorrer las áreas de La Pampa para que vea la situación y el estado y cómo se progresó a partir de la Ley Corta desde el año 2007, donde el Gobierno provincial por intermedio de las Subsecretarías de Hidrocarburos y de Medio Ambiente hace cumplir las normas que son muy exigentes en la preservación", desafió Varela.
El ministro afirmó que La Pampa es el único estado que tiene los inspectores en los yacimientos y sostuvo que "si bien somos una provincia pequeña en cuanto a la producción, somos muy exigentes y por eso La Pampa es la única provincia que desde 2003 a la fecha viene incrementando significativamente la producción".
Recordó que al momento de asumir en la Subsecretaría de Hidrocarburos la empresa Medanito estaba pagando 70 mil pesos por mes de regalías. "Se hizo un estudio de mercado y se intimó a la empresa para que se ajustara a los valores reales y pagara las regalías en función del gas industrial, que es el más caro. El monto ahora es de un millón de pesos", subrayó.
También destacó que en el año 2008 la Secretaría de Energía dictó una Resolución que fijó el valor del barril de petróleo en 40 dólares. "La Pampa es la única provincia en todo el país que logró cobrar a las empresas petroleras la diferencia", señaló. "En un caso fueron 5 millones de pesos y en otro 12 millones que cobró el estado provincial por los reclamos que hizo en función de esa disposición".