San Martín: condenan a ex presidenta

La ex presidenta del Club General San Martín, Graciela Loyola, será condenada a un año de prisión por defraudación a la institución. Así, en un juicio abreviado en el que estuvo de acuerdo la fiscalía, quedó acreditada la responsabilidad penal de la imputada.

 

Los abogados de la entidad –Vanessa Ranocchia y Marcelo Gutiérrez- consideraron que si se iba a juicio Fiscalía no iba a pedir mucha más pena por la carencia de antecedentes de Loyola.

 

De todos modos este pronunciamiento de condena es importante, porque supone el reconocimiento expreso de la imputada. Esta situación podría abrir paso al reclamo en el fuero civil.

 

Venta a precio vil.

 

Graciela Loyola afrontaba la imputación de irregularidades en la venta de algunas hectáreas de la llamada “Quinta de las Monjas”, al empresario Carlos Elorza el 8 de agosto de 2018 por la suma de $.3.971.000. Por su parte el ex tesorero de la institución, Marcelo Sosa, también imputado en la causa recibió hace algunas semanas una suerte de multa y la obligación de respetar ciertas normas de conducta.

 

Loyola estaba formalmente acusada por la venta (a precio vil, por mucho menos de lo que estaban valuadas) del predio “La Malvina”, de una porción de 2,8 hectáreas sin que el monto acordado con el comprador ingresara a las arcas de la entidad. Por eso se la investigaba imputada de “defraudación por administración infiel”.

 

La Fiscalía y los abogados del club aceptaron la propuesta de la abogada defensora Margarita Alicia Toranzo para la suspensión del juicio a prueba, con la aceptación por parte de Loyola del delito que se le atribuye.

 

Un club quebrado.

 

Cuando La Arena advirtió lo que estaba sucediendo con la entidad de Villa Santillán –con el antecedente también abordado oportunamente por este diario de lo que sucedió hace algunos años con el Club Santa Rosa, que terminó prácticamente quebrado--, sobrevino una reacción de la sociedad. Sobre todo sectores que alguna vez tuvieron que ver con la entidad, muchos vecinos y simpatizantes.

 

Desde estas columnas se denunció la operación inmobiliaria y el desguace que estaba sufriendo San Martín. Después de eso las autoridades provinciales decidieron la intervención, y más tarde se consiguió la regularización de la institución.

 

Un resarcimiento.

 

Un acuerdo con el comprador Elorza, permitió que ingresara una suma de casi 200 mil dólares que sirvieron para impulsar la recuperación edilicia, y también que se pusieran en marcha diversas actividades deportivas y sociales que le devolvió a San Martín su vitalidad.

 

Los dirigentes Gabriel Arias y Lucas Ovejero avanzaron con la cuestión judicial y se abrieron las causas que culminaron con las imputaciones a directivos, que habían estado casi dos décadas en la entidad con una gestión desastrosa.

 

También el ex tesorero.

 

Hay que recordar que el ex tesorero del Club General San Martín, Ricardo Héctor Marcelo Sosa, también involucrado en esos manejos, fue impuesto en enero pasado por el juez de Control Néstor Daniel Ralli, de algunas medidas que deberá cumplimentar. No obstante eso no supone reparación del daño causado.

 

En orden al delito de administración infiel (art. 173, inciso 7º del CP en relación al 172 del mismo cuerpo legal), el magistrado dispuso que Sosa no podrá acercarse a menos de 100 metros de las instalaciones de la entidad por un plazo de un año; y deberá depositar la suma de $600.000 -en seis cuotas mensuales y consecutivas de $100.000 cada una- en una cuenta a nombre de la Cooperadora del Hospital Lucio Molas anexo Favaloro. Una suerte de multa.

 

El ex tesorero debe depositar la cuota entre el 10 y el 15 de cada mes.