"Avasalla derechos adquiridos"

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados realizó una nueva jornada de debate del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que contó con la presencia de organizaciones no gubernamentales, organismos de Derechos Humanos, entidades empresarias y sectores de la sociedad civil.

 

Se trató de la quinta reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto de la cámara baja, que el miércoles continuará desde las 10 con nuevos disertantes.

 

Durante el plenario, que se extendió por más de nueve horas, expusieron la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; la titular de la Defensoría de los Derechos de Niños y Adolescentes, Marisa Graham; la funcionaria del Inadi Julia Amori, referentes de la Unión de Industrial Argentina y la Fundación Huesped, la jurista Aida Kemelmajer, y el padre de Micaela, quien inspiró la Ley Micaela contra la violencia de género, entre otros.

 

Además expusieron el titular de la Federación de Inquilinos, Gervasio Muñoz; referentes de la Organización Mundial de Zonas Francas, la Federación Argentina de Productores de Tabacaleras, la Asociación Civil La Madre Marcha, Barbechando, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Argentores, despachantes de Aduana, Padres Organizados, representantes de jubilados y la Cámara de la Industria del Petróleo.

 

Por su parte, la Unión Industrial Argentina pidió en la Cámara de Diputados que se reduzcan las alícuotas de los derechos de exportación del 15 por ciento previstas en el proyecto de Ley Ómnibus de manera que las tasas no superen el 8 por ciento para potenciar el trabajo de las fábricas exportadoras.

 

En tanto, desde la Federación de Inquilinos, su presidente Gervasio Muñoz, quien se arroga la representación de las personas que alquilan viviendas, le pidió a los legisladores que rechacen el DNU "para que vuelva a tener vigencia la Ley de Alquileres".

 

DD.HH.

 

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, advirtió ayer en la Cámara de Diputados que el proyecto de ley, en caso "de aprobarse, significaría un enorme retroceso porque avasalla derechos adquiridos", en tanto que pidió a "los representantes del pueblo" que rechacen la iniciativa ómnibus del Gobierno nacional.

 

Al participar de forma remota de la quinta jornada de debate en la Cámara baja, la titular del organismo de Derechos Humanos sostuvo que es "inaceptable que el Poder Ejecutivo pueda modificar una cantidad inédita de normas que afectarían derechos esenciales de todos los argentinos".

 

"Derechos esenciales como el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, a la cultura, entre tantos otros. Derechos que garantizan vasos de dignidad y hacen el bienestar social", enumeró.

 

Tras recordar que "hace poco más de un mes nuestra democracia cumplió 40 años ininterrumpidos con avances y retrocesos", alertó que "este proyecto de ley que nos convoca, de aprobarse, significaría un enorme retroceso principalmente porque avasalla derechos adquiridos que han llevado años de debate hasta ser lo que somos".

 

"A punto de celebrar un nuevo aniversario del Golpe del 24 de marzo de 1976 pedimos a los representantes del pueblo que tengan memoria y rechacen esta denominada ley ómnibus", reclamó.

 

Según dijo, la "democracia peligra porque el Poder Ejecutivo no solo pretende modificar y derogar leyes, sino que además se arroga facultades que no le corresponden".

 

Ley Micaela.

 

Al exponer en el marco del debate de la ley ómnibus, Néstor García, padre de Micaela García, quien fue víctima de un femicidio en 2017, rechazó las modificaciones propuestas por el Gobierno a la ley que lleva el nombre de su hija al sostener que la reforma impulsada "es prácticamente derogar" la norma de capacitación obligatoria en violencia de género.

 

A través de la ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", el Poder Ejecutivo propone reducir el rango de aplicación de la ley Micaela, que hasta el momento es obligatoria para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado, independientemente de su jerarquía o nivel.

 

En la ley ómnibus, el Gobierno dispone que las capacitaciones sean obligatorias "en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia".

 

Para Néstor García "violencia familiar no es lo mismo que violencia de género.

 

Esto es muy grave", exclamó al intervenir en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales. (NA)