Intiman a Nación por las concesiones hidroeléctricas

Los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y Río Negro, Alberto Weretilneck, enviaron cartas documento notificando al Estado Nacional sobre la gestión de las concesiones hidroeléctricas en la región. Esto fue una “acción conjunta en defensa de los recursos naturales de las provincias y buscando establecer un claro precedente”, manifestaron los mandatarios.

En el caso de Río Negro, el Poder Ejecutivo envió una carta documento dirigida al Ministerio del Interior en la cual manifiesta el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales sustentada en los artículos 1°, 5°, 121 y 124 de la Constitución Nacional. Así como también reforzó la propiedad originaria de los recursos naturales en su territorio, dejando en claro la potestad de la provincia para controlar y regular el uso de estos recursos, según lo dice la Constitución de Río Negro en los artículos 70, 71 y 81.

En el caso del gobierno neuquino, Figueroa envió una carta documento al secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, en la que indica que ante la falta de respuestas y de evasivas por parte del Estado Nacional, la provincia se ve forzada a intimar y exigir que se abstenga de tomar cualquier tipo de decisión o medida respecto de las represas, sin antes dar participación a la provincia.

Además, se refirió al aprovechamiento hidroeléctrico de los ríos Limay y Neuquén. Puntualmente indicó las concesiones de El Chocón, Piedra del Águila, Alicurá, Cerros Colorados y Arroyito, cuyos períodos de transición fueron reciente prorrogados, según publicó el diario Río Negro.

Las intimaciones se deben al pronto vencimiento de los periodos de transición de las concesiones de generación hidroeléctrica en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén. Los Gobiernos exigen que Nación se abstengan de otorgar cualquier tipo de concesión, prórroga o autorización relacionada con la explotación de dichos complejos hidroeléctricos sin obtener previamente el consentimiento de las provincias.

Acciones legales.

Según lo expresado por los Gobiernos provinciales, cualquier acción unilateral por parte de Nación “será considerada inválida y carecerá de derechos frente a la provincia”.

Además, se subraya la posibilidad de iniciar acciones legales contra los eventuales concesionarios o explotadores de los recursos, en caso de no respetarse las disposiciones provinciales.

“Esta acción por parte de las provincias dueñas de los recursos naturales establece un importante precedente en la relación entre el poder central y las provincias en materia de gestión de recursos naturales. Asimismo, evidencia la firme determinación de proteger sus intereses y ejercer su autonomía en este ámbito crucial para su desarrollo y sustentabilidad”, manifestaron.

Weretilneck y Figueroa aseguraron que buscarán la posibilidad de darle apertura a “un diálogo constructivo” con Nación que “respete los principios constitucionales y las competencias provinciales, en aras de encontrar soluciones que beneficien a ambas partes y promuevan un uso responsable de los recursos naturales en la región”.