"El Gobierno optó por subsidiar"

El ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, declaró ayer que uno de los ejes de la política energética del gobierno nacional es "lograr seguridad energética y mitigar el impacto en el cambio climático", y ponderó el hecho de que se haya optado por "subsidiar la demanda en lugar de subsidiar la oferta" con la implementación de la denominada "tarifa social".
Ante un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Derechos y Garantías del Senado, el funcionario admitió el "impacto" en el consumidor a raíz del aumento tarifario, pero explicó que se trata de un "ajuste del cuadro de tarifas que forma parte de un proceso transitorio que está sujeto a una revisión integral".
"El objetivo del ajuste tarifario no es reducir el déficit fiscal al eliminar los subsidios, sino que haya energía en el país", ya que "nos estábamos quedando sin energía", advirtió, y ratificó que "la necesidad de recomponer los cuadros tarifarios tiene por objetivo que el país tenga energía".
"Si manteníamos el esquema anterior, los cortes de luz y de gas iban a ser más frecuentes y el servicio iba seguir deteriorándose", pronosticó.
El ministro también se refirió el aumento precio del combustible, y en ese sentido sostuvo que "no hay subas de naftas" sino "un reconocimiento del costo de la materia prima", en alusión al costo del barril de petróleo que se paga en dólares.
Por otra parte, Aranguren declaró que el objetivo del Gobierno es avanzar hacia la independencia energética al señalar que se trata de un país que actualmente "depende en un 13 por ciento de energía importada" para "solventar su actividad económica", pese a que "es rico en recursos".
Precisó además que el tope del aumento tarifario del 500 por ciento fue "propuesto por la actividad turística cuando nos dijo que hay que revisar para no afectar esa actividad", y anunció por otra parte "beneficios tarifarios que podrían incluir una disminución del costo de energía de un 20 por ciento para pymes electrointensivas a pedido de los gobernadores".

Aunque no dio mayores precisiones sobre este punto, señaló que esa posibilidad forma parte del diálogo que mantiene el Gobierno de Mauricio Macri con las provincias.
Añadió que actualmente "se está subsidiando el 65 por ciento de la energía eléctrica que se consume", y destacó que "el costo de importación es público y transparente", ya que "no sólo se ha hecho por licitación sino que se ha hecho público y transparente".
Respecto del aumento del gas y energía eléctrica, insistió con la decisión del gobierno nacional de "en lugar de estar subsidiando a la oferta como se hizo en los últimos años, nos pareció más razonable subsidiar a la demanda para fomentar políticas de ahorro".

Encuesta.
El 61 por ciento de los usuarios de servicios públicos tuvo que modificar sus hábitos debido al aumento de tarifas, indicó un estudio del Centro de Opinión Pública (Copub) de la Universidad de Belgrano.
De la encuesta, el 41 por ciento de los consultados (620, todos de la Ciudad de Buenos Aires) indicó que el incremento que más los afectó fue el del transporte, mientras que el 27 se refirió al agua, el 20 a la luz y el 6 por ciento al gas.
Además, a raíz de los incrementos, seis de cada diez personas (55 por ciento) declararon haber tenido que cambiar hábitos cotidianos como el cuidado en el consumo de luz y gas, mientras que la restricción en el uso del transporte público fue señalada por el 12 por ciento de los consultados. (Télam y NA)

"El caso es complicado"
La jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, admitió ayer que es "complicado" el caso del ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien posee unos $16 millones en acciones de la petrolera Shell, y adelantó que le harán al funcionario una "recomendación preventiva" vinculada con una posible incompatibilidad con el cargo.
La oficina encargada de controlar casos de corrupción en el Estado investiga a 22 miembros del Gobierno, pero el caso de Aranguren es el más controversial por su doble rol de ministro de Energía y poseedor de acciones de una empresa que en teoría debe controlar.
"El caso de Aranguren es complicado", reconoció Alonso, en declaraciones a La Once Diez y adelantó que en las próximas semanas finalizará la investigación.
Alonso precisó que el funcionario "posee acciones de una compañía que es del sector petrolero y él es ministro de energía, se está estudiando si alguna de sus decisiones podrían beneficiar a Shell o a él mismo".
"Esperamos tener una recomendación preventiva para que él evite caer en un conflicto de intereses", señaló la funcionaria respecto del encargado de Energía, quien hasta diciembre fue CEO de la petrolera de origen angloholandesa.
Sobre el mismo caso, sostuvo: "él tiene acciones de la compañía a nivel internacional. El caso es el más complicado que tiene la Oficina Anticorrupción porque no es tan blanco ni tan negro".
No obstante, aclaró que el paquete accionario en manos de Aranguren es "minimísimo (sic)", en el contexto de la multinacional.