Cannabis medicinal: “La policía no te puede perseguir”

Entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre del año pasado y en cinco encuentros semanales, se dictó el curso “Historia, cultivo y uso terapéutico de Cannabis”, organizado por la CPE, la Universidad Nacional de La Pampa y la Municipalidad de Santa Rosa. Unas 60 personas de todas las edades completaron el programa que abordó aspectos generales de la planta, conceptos teóricos y prácticos sobre cultivo, cuidado y producción para el uso terapéutico, y los marcos regulatorios y legales vigentes en el país y la provincia.

En la revista institucional www.1deoctubre.com.ar, de la CPE, se publicó una entrevista a la abogada Victoria Baca Paunero, quien abordó los aspectos regulatorios.

Docente de la Universidad Nacional de Quilmes y titular del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, Baca Paunero explicó el complejo marco legal vigente en el que se entrecruzan tres leyes gestionadas por tres organismos diferentes del Estado, cada uno con sus propias miradas y abordajes. Tener claro ese escenario es clave para quienes, como muchos de los que asistieron al curso, quieran producir sus plantas sin correr riesgos con la ley.

En Argentina el Estado no ha sido coherente en hacer una única política que abarque el cannabis, las plantas, los usuarios y las vías de acceso. Responde con parches cuando diferentes actores vinculados con el tema (usuarios, productores, investigadores, profesionales de la salud, etc.) le demandan alguna respuesta, lo que ha dado lugar a una “maraña legislativa hecha de leyes, decretos y reglamentaciones administrativas” que debe tener clara la persona que quiera o necesite cultivar cannabis.

Lo que se permite y se regula es todo lo que las convenciones internacionales reconocen como legal: el uso medicinal y el cáñamo (una especie de la que se extraen fibras para uso industrial); el resto sigue bajo la línea de ilegalidad y punitivismo, explicó la especialista.

Calidad.

“El primer problema que tiene la persona que necesita acceder a cannabis -señaló Baca Paunero- es la ausencia del Estado para garantizarle la calidad de lo que accede, es decir, asegurarle que aquello a lo que accede no solamente no afecte su salud, sino que sea lo adecuado para lo que está necesitando”. De allí que sean cada vez más quienes opten por cultivar su propia planta, de la especie específica para su tratamiento y con la certeza de los cuidados que le dio a lo largo de todo el proceso.

Lo que regula el Estado son las vías de acceso, la tenencia, el autocultivo o cultivo solidario (sin fines comerciales) y el transporte para uso medicinal del cannabis; establece un marco claro en cuanto a permisos (a través del Registro del Programa de Cannabis - Reprocann) y cantidades, de manera que quien esté dentro de ese marco, está absolutamente excluido de la ley penal, es decir, no puede ser penado por ello porque no es delito.

Baca Paunero se define como feminista y su enfoque de la realidad no puede abstraerse de esa perspectiva. En su libro “Cannabis con perspectiva de género. Evolución Legislativa, estado de situación y desafíos desde una mirada feminista”, describe de qué manera la relación de las sociedades con la marihuana en el último siglo ha tenido a la mujer como protagonista, ya sea como pretexto para su prohibición o como impulsora de los cambios más recientes en la legislación.

Contexto político

Las últimas elecciones nacionales abrieron un nuevo contexto para esta temática. La elección de Javier Milei y la designación de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad genera un escenario al menos confuso para el universo cannábico. No obstante, Baca Paunero relativiza el impacto que podría tener una política de “mano dura” que pudiera bajar desde Nación.

“Argentina no hizo la revolución del cannabis. Argentina reguló y legalizó aquello que el sistema internacional tiene reconocido y legalizado. Nosotros no tenemos una ley a la uruguaya, tenemos una ley similar a la de más de 50 países que tienen regulado el cannabis y esa legislación se tiene que respetar porque es parte de la Constitución. Si le gusta o no le gusta al funcionario es un problema moral suyo”, afirma.

Y aclara: “quien puede aplicar la ley penal de estupefacientes, quien puede allanar, meter preso, investigar, es un juez. No es la policía la que te puede perseguir y juzgar; su intervención es como auxiliar o en casos excepcionales de flagrancia”. De manera que, “si la persona está fuera de la ley (en cuanto a cantidades, permisos, etc.), claramente está en riesgo, pero no por el poder político de turno sino porque está por fuera de lo regulado”.