La Pampa pone en marcha un plan de contención social

La creciente conflictividad social a partir del brutal ajuste y las medidas de gobierno dispuestas por el gobierno de Javier Milei se hace sentir también en La Pampa y, por eso, el Ejecutivo provincial convocó a ministros de distintas áreas y a jefes comunales de Santa Rosa, Toay y General Pico para conformar un plan de contención dirigido a los sectores más castigados por la crisis socio económica que se profundiza día a día en el país.

 

El propio gobernador Sergio Ziliotto confirmó dicho plan este miércoles por la mañana en la Universidad Nacional de La Pampa y ante una pregunta de LA ARENA, que en su edición de ayer había publicado la reunión del ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, con el intendente de Toay, quien manifestó su preocupación por los crecientes hechos de violencia y por una mayor “conflictividad social” en esa localidad.

 

“Ya que hacés la pregunta, te voy a dar la primicia: en un rato me voy a reunir con ministros de gobierno e intendentes de Santa Rosa, Pico y Toay para trabajar en un programa de contención y fortalecimiento frente al escenario de una mayor conflictividad social que registramos en la provincia. En concreto, vamos a fortalecer los programas de verano (el Pro Vida que se inicia en estos días), estamos viendo qué herramientas podemos poner a disposición dentro de nuestras posibilidades y, en ese sentido, dirigiremos recursos a salud, educación, seguridad y alimentación porque todo eso se va a resentir”, dijo el mandatario.

 

Y añadió: “Diseñamos una inversión de 10 mil millones de pesos para alimentos y estamos viendo que lo vamos a tener que duplicar. Los indicadores positivos de crecimiento, actividad económica, desocupación, se van a resentir. Podíamos seguir creciendo o resistir y, claramente, tendremos que resistir. El sector empresario no está pensando en invertir, lo demostró un informe de la Unilpa con la Universidad: habrá recesión, despidos”.

 

La reunión se realizó ayer después de las 11 en Casa de Gobierno. Ziliotto estuvo en el Consejo Superior de la UNLPam para la firma de un convenio (ver página 6) y luego, en charla con los medios de prensa, confirmó el encuentro posterior con Luciano di Nápoli (Santa Rosa), Ariel Rojas (Toay) y Fernanda Alonso (General Pico) junto con los ministros de Salud, Mario Kohan; de Educación, Marcela Feuerschvenger; y Horacio di Nápoli, de Seguridad.

 

Delitos.

 

La preocupación del Ejecutivo que el miércoles se reflejó en estas páginas no abarca solamente a las tres ciudades mencionadas sino que Ziliotto se encontrará en los próximos días con otros y otras intendentas de la provincia para abordar la misma problemática y las medidas de contención.

 

“La mayor conflictividad social deviene en una respuesta del Estado. Estamos trabajando en fortalecer los programas de verano, en la alimentación y la recreación y en principio lo hacemos con los intendentes de Santa Rosa, Toay y Pico. El gobierno provincial se va a involucrar reforzando partidas, y si tenemos que abrir escuelas lo haremos y si tenemos que pedir infraestructura a los clubes, también. Vamos a reforzar la contención en virtud de que la conflictividad social luego se traslada al delito. Duele decirlo de esta manera pero es así, por eso la semana próxima avanzaremos con el resto de los intendentes y la idea es, para el 15 de enero, tener una mayor respuesta en cuanto a la contención”, explicó el titular del Ejecutivo.

 

Salud y educación.

 

“Vamos a fortalecer las respuestas de alimentación y de contención correspondientes para que una posible demanda social no se transforme en una mayor conflictividad, por eso si hay que abrir más escuelas, vamos abrir más escuelas”, enfatizó.

 

En ese sentido, Ziliotto admitió que se generará una mayor necesidad de asistir a los sectores vulnerables de la sociedad, por eso “habrá más atención en los hospitales públicos a raíz del encarecimiento de las prepagas, porque eso significa que mucha gente que tiene prepagas no podrá seguir pagando las cuotas e irá a la salud pública. Y habrá mayor demanda de educación pública por la suba de los costos de los colegios privados. Y en ese marco incluso se deberán incrementar los fondos en el área de seguridad por el aumento de la conflictividad social”.

 

“Pone a la Argentina en venta”.

 

En la reunión de ayer en la UNLPam, Ziliotto tuvo duras críticas a la gestión de gobierno del presidente Javier Milei y aseguró que con sus medidas económicas “pone a la Argentina en venta”.

 

“La verdad que cada día sorprende el nivel de ajuste desplegado. Parten de un supuesto escenario de catástrofe económica y eso ameritaría la magnitud del ajuste, pero lo que pasa es que ese ajuste cayó en un ciento por ciento en la clase media, en las pymes, en los trabajadores y en los sectores más desprotegidos. Y, por otra parte, hay un gran beneficio para el poder económico, porque todo lleva a una mayor concentración de este sector. Se transfieren recursos de los sectores de menor recurso al poder económico concentrado”, lamentó el gobernador.

 

Ziliotto afirmó que su postura es “inflexible” respecto al anuncio de Milei de retrotaer la medida de que los trabajadores no paguen el impuesto a las Ganancias y aseveró que “no hay ninguna instancia de negociación” en ese sentido.

 

“Lo que está claro aquí es que la supresión de la división de poderes y la concentración del poder en una sola persona, destruye las instituciones democráticas. Y en esto claramente no se trata de los posicionamientos ideológicos porque quienes tenemos una responsabilidad institucional y una responsabilidad dirigencial tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Lamentablemente ya hace tres días que está en vigencia el DNU que pone la Argentina en venta”, apuntó al reiterar que el ultraliberalismo de Milei “desvirtúa lo que es el rol del Estado, en contraposición con la ley del mercado ¿Y cuál es la ley del mercado? la ley de la selva, en términos cotidianos, es la ley del gallinero”.

 

Fondos para construir casas.

 

El gobernador Ziliotto confirmó ayer que los títulos públicos por 23,4 mil millones de pesos que le pagó el gobierno nacional a la Provincia por el juicio por descuentos inconstitucionales de la coparticipación federal entre 2002 y 2018 será “direccionado exclusivamente a la política habitacional. Con ese dinero se van a construir unas 900 casas, ése es nuestro objetivo y hacia allí se apuntará con estos fondos que le corresponden a la provincia”.