Los legisladores de UxP asistieron a la convocatoria de la Utelpa

“Debemos visibilizar y movilizar contra este proyecto de Ley Omnibus que elimina nuestras conquistas históricas, atenta contra los derechos laborales y perjudica a todos los sectores de la sociedad. Es una ley que, lisa y llanamente, pone en venta el país y la gente tiene que manifestarse para frenarla”, advirtieron los legisladores de Unión por la Patria que representan a La Pampa en el Congreso.

Convocados por Utelpa, el senador Daniel Bensusan y los diputados Varinia Marín y Ariel Raushenberger se reunieron ayer con autoridades y delegados del sindicato docente para escuchar sus inquietudes sobre las medidas que pretende implementar el gobierno nacional, y contar cómo se está desarrollando el proceso de discusión sobre el DNU ya vigente y el proyecto de Ley Omnibus enviado al parlamento por el Presidente.

“Javier Milei se considera empoderado por los votos y pide el tratamiento express y sin debate de una iniciativa que tiene más de 900 artículos, deroga 300 leyes y desregula totalmente la economía, perjudicando a todos los sectores de la sociedad argentina. Mandó al Congreso un texto que demandaría años debatir como corresponde y pretende mostrar a los legisladores como vagos que no queremos trabajar si no lo aprobamos antes del 31 de diciembre”, advirtió Rauschenberger.

“Trámite express”.

Del encuentro en la Utelpa también participaron dirigentes de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), jubilados docentes y autoridades del Colegio Farmacéutico. Los representantes del gremio docente expusieron sus dudas, reparos y preocupaciones, contenidos en un documento que entregaron a los los legisladores, a quienes pidieron que contaran cómo se está desarrollando el proceso de debate e interrogaron sobre sus expectativas ante la iniciativa libertaria.

“Nos presentamos en las últimas elecciones con un candidato, perdimos, y resulta lógico que nos quieran correr a un costado diciendo ‘ahora nos toca gobernar a nosotros”, respondieron. Aclararon que respetan “la voluntad expresada en las urnas” pero el nuevo gobierno “quiere que en un plazo muy perentorio de apenas un mes, y sin un debate serio, aceptemos la eliminación de todas las reglas de la economía, incluyendo la ley de abastecimiento, la movilidad de jubilaciones, desregulación de importaciones, derogación de normas laborales y privatización de todas las empresas públicas”, aclararon.

Marín, Rauschenberger y Bensusán expusieron los aspectos más negativos y perjudiciales del proyecto y denunciaron que “los mismos que durante la pandemia reclamaban a los legisladores que acudieran al Congreso a trabajar en forma presencial, ahora demandan cuestionarios escritos y un trámite express, sin asistir a reuniones, sin responder preguntas y sin dar el debate legislativo sobre temas tan importantes que arruinarían la vida de los argentinos y producirían un impacto negativo tremendo sobre la mayoría de la población”.

“En la calle”.

Entre múltiples ejemplos, explicaron que “derogar la ley de abastecimiento significaría que las aceiteras podrían exportar toda su producción por conveniencia económica, aunque nos quedemos sin aceite en las góndolas del país”; que “eliminar las economías mixtas obligaría a privatizar el Banco de La Pampa, Empatel, Pampetrol y Aguas del Colorado” y que suspender la movilidad jubilatoria “dejaría los haberes previsionales a merced de la discreción presidencial”.

También contaron que “en lugar de proteger a nuestras pymes, esta ley otorga incentivos económicos a grandes empresas y especialmente a grupos multinacionales” y aseguraron que “cada artículo de este proyecto se corresponde con el nombre y apellido de quien resulta beneficiado” por las modificaciones propuestas.

Sobre el futuro del proyecto, lamentaron que el resultado de una eventual votación se mantiene incierto “porque por ahora no tenemos el número para rechazarla: se necesitan 129 diputados y 37 senadores, pero contamos con 102 y 34”, reconocieron. Mientras tanto, “recién se conforman las comisiones para tratar el texto y resultaría prácticamente imposible que alcance el tiempo para discutir 900 artículos, emitir dictamen, debatir en el recinto y luego repetir el proceso en el Senado”.

Por eso, consideraron que “la única forma de frenar esta ley es que la sociedad argentina se manifieste en contra, movilizándose en cada provincia y en cada ciudad. De lo contrario, el primero de febrero Milei firmará un DNU y al día siguiente estos 900 artículos entrarán en vigencia, provocando un perjuicio inmenso a todos los argentinos y una lluvia de demandas contra el Estado por parte de quienes resulten damnificados”.

Bensusán: “La ley será otro DNU”.

“No hay tiempo material suficiente para que el Congreso apruebe esta ley antes del 31 de diciembre y por eso estamos convencidos de que la verdadera intención del presidente es poner esta ley ómnibus en vigencia mediante otro Decreto de Necesidad y Urgencia”, advirtió Daniel Bensusán. En diálogo con LA ARENA, expresó que Javier Milei “fue votado por la mayoría de los argentinos y nosotros respetamos esa decisión”, pero aclaró que “la voluntad del electorado de ninguna manera lo habilita para gobernar por decreto y despreciando al Poder Legislativo”.

El senador reiteró que “desde el justicialismo mantenemos la posición de rechazar tanto la ley ómnibus como el DNU que ya está vigente” y consideró “necesario que todos los sectores que resultarán muy perjudicados por estas medidas se manifiesten y hagan público su rechazo”. También recordó que “permitir el debate garantiza la democracia, especialmente cuando se proponen modificaciones que afectan derechos laborales, jubilaciones, empresas públicas y las entidades de economía mixta” y advirtió que “La Pampa resultaría muy afectada por un cese de la obra pública y también habría un impacto negativo sobre el movimiento cooperativo porque este gobierno subestima la economía solidaria y ya le bajó su jerarquía al Inaes”.

Entre los muchos impactos negativos sobre nuestra provincia citó el caso de “las plantas productoras de biodiesel, que se verían muy perjudicadas por el ingreso a esta actividad de las grandes compañías petroleras, frente a las cuales no podrían competir, lo que generaría además un impacto a los productores y procesadores” de oleaginosas.