Proyecto contra el aborto: una dura interna libertaria

Las internas en La Libertad Avanza se desatan en distintas direcciones y por diferentes temas y esta vez estalló la crisis tras la presentación de un proyecto de ley para derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por parte de la legisladora Rocío Bonacci, que tuvo que salir a aclarar que se trató de una iniciativa personal y no del Gobierno nacional. En tanto, desafió al presidente Javier Milei y afirmó que “los diputados pueden y deben presentar proyectos”. Además, una de las diputadas firmantes dijo que ella no dio su consentimiento.

 

“El proyecto es mi iniciativa no del Ejecutivo y ha sido puesto a la consideración del cuerpo que integro. Defiendo la vida. Ni más, ni menos”, dijo la legisladora que consultada sobre si Milei la había autorizado, respondió desafiante: “Los diputados pueden y deben presentar proyectos. No sabía que tenia que pedir permiso para proceder…”.

 

Ante los cuestionamientos sobre el apoyo al proyecto, Bonacci explicó que tuvo acompañamiento de otros cinco legisladores y negó haber “falsificado las firmas”. “No son firmas de puño y letra, son acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por WhatsApp”. El proyecto lleva la firma de los legisladores de La Libertad Avanza Oscar Zago, Manuel Quintar, Lilia Lemoine, María Fernanda Araujo, Beltrán Benedit y Rocío Bonacci.

 

Sin embargo, una vez que trascendió la noticia sobre el mencionado proyecto Lemoine salió a despegarse. “Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era momento ahora y me metió igual. Es muy dañino”, aseguró Lemoine en declaraciones que reproduce eldestapeweb.com. Consultada sobre a quién responsabilizaba, contestó: “A la diputada que lo soltó sin tomar las precauciones necesarias para que no caiga en saco roto”.

 

Repudio.

 

El proyecto causó fuerte repudio de distintas fuerzas políticas. La diputada de Unión por la Patria (UP) Cecilia Moreau escribió en su cuenta de Twitter: “Los derechos conquistados no van a ser arrebatados. Buscan cambiar de tema, se equivocan otra vez”.

 

Por otro lado, la legisladora y referente del GEN, Margarita Stolbizer, agregó: “Vamos a defender la vigencia e implementación de la Ley 27.610 porque protege el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, evita la muerte de muchas mujeres, sobre todo las más pobres frente a un Estado que todavía se pretende hacer más ausente”.

 

La redacción nueva propone penas para médicos “de reclusión o prisión de uno a cuatro años si obraren con consentimiento de la mujer”, mientras que el Código Penal actual propone penas de prisión de tres meses a un año para esos efectores de salud. Si el hecho “fuere seguido de la muerte de la mujer”, la pena podría llegar a los seis años.

 

El proyecto también elimina el artículo 85 bis, que preveía una pena de prisión de tres meses a un año e inhabilitación por el doble del tiempo de la condena para aquel efector o personal de salud que se negara a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.

 

Prisión.

 

El aspecto medular de este proyecto es que modifica el artículo 86 del Código Penal, que establece que no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14. Ese artículo también establece que no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la persona gestante en caso de que fuera producto de una violación y en caso de que estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante.