¿El PJ echará a represores?

El 18 de noviembre de 2006, en el Congreso Provincial del PJ pampeano se pidió la expulsión de dos afiliados acusados de haber participado de los grupos de tareas de la Subzona 14. El reclamo apuntaba a Eulises Guiñazú y Hugo Marenchino. El primero falleció en abril de 2009, pero el segundo fue condenado por el Tribunal Federal de La Pampa a 8 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, aquel pedido aún no ha sido tratado por la conducción partidaria. Quien tomó la voz cantante e hizo público el reclamo en ese encuentro fue el congresal Mario Canoba.
Guiñazú había sido candidato a concejal de Santa Rosa en 2003, era puntero del marinismo en Villa del Busto y fue presidente de la Unidad Básica de ese barrio, además de participar en la Comisión Vecinal de Villa Elisa. Marenchino era un dirigente peronista de Eduardo Castex, puntero del vernismo y estuvo a punto de ocupar un cargo en el gobierno provincial al asumir Carlos Verna, aunque su detención por la causa de la represión en La Pampa le quitó todas las chances.
Aquel pedido de expulsión nunca fue tratado por el Consejo Provincial. Hoy está cajoneado y la dirigencia partidaria siempre miró para otro lado. Marenchino incluso había sido defendido de las acusaciones en 2003 por la entonces candidata a vicegobernadora Norma Durango: "la gente puede tener una segunda oportunidad", lo excusó.

En Santa Fé.
Un antecedente se puede buscar en el PJ de Santa Fé. A mediados de octubre de 2010, el Tribunal de Disciplina partidario anunció la expulsión de dos afiliados condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la última dictadura militar. Se trata del ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino, que cumple una condena de 20 años por secuestros y torturas de detenidos políticos y otra a 23 años por el homicidio de una militante de las Ligas Agrarias; el otro es el ex agente de inteligencia de la Policía de la provincia, Eduardo Ramos, quien durante la dictadura operó como infiltrado en la Universidad Nacional del Litoral y fue sentenciado a 23 años de cárcel por privación ilegítima de la libertad y tormentos. Fue una decisión de razones "puramente políticas, éticas y jurídicas", dijeron en el partido, y sin que las condenas estuvieran firmes.
Con los símbolos del peronismo, Facino ganó dos elecciones en la localidad de San José del Rincón, donde la mayoría lo consagró presidente comunal y hasta intentó una segunda reelección en los comicios de 2005, pero fue impugnado por la diputada del Frente Progresista, Alicia Gutiérrez; en tanto que Ramos fue candidato a concejal en 1991 y luego a diputado nacional.

Dos punteros
En La Pampa, Marenchino fue condenado a 8 años de prisión por cinco privaciones ilegítimas de la libertad (un caso doblemente agravado) en los casos de Raquel Barabaschi, Erberto Cuevas, Héctor Zolecio, Zulema Arizo y Nery Sanders de Trucchi; y tres hechos de torturas en los casos de Barabaschi, Sanders de Trucchi y Arizo. De los nueve represores, fue el que recibió la pena más leve e incluso en un tiempo no muy lejano podría recibir el beneficio de salidas transitorias. Durante la represión ilegal cumplía funciones en el Departamento de Informaciones (D2), y, tras ser reincorporado a mediados de la década del ’80, se retiró siendo comisario mayor y jefe de la Unidad Regional II.
En Castex era un puntero del vernismo y fue escrachado por militantes de Derechos Humanos, e incluso tuvo un duro cruce público durante la campaña de 2003 con un hermano del desaparecido pampeano Sergio García. Aunque sus chances de ocupar un cargo en Casa de Gobierno se cayeron por la causa judicial, una hija suya logró ingresar en la secretaría privada del despacho del gobernador al asumir Verna y aún trabaja allí.
Guiñazú llevó a Canoba a la justicia por las acusaciones, pero perdió el juicio al probarse que formó parte del grupo de tareas. Durante la dictadura militar fue jefe del área de Tránsito e integró la Subzona 14, según consta en una orden del día fechada el 13 de abril de 1976. Cuando se abrió la investigación en 1984 contra los oficiales de la Policía, fue mencionado en el expediente por haber cometido apremios ilegales contra algunos presos políticos. Pero no fue denunciado, ni indagado, ni procesado. Algunas fuentes vinculadas a los movimientos de DDHH afirman que habría sorteado la instancia judicial gracias a sus contactos con el gobierno de turno. Falleció el 21 de abril de 2009, cuando se quitó la vida al dispararse un tiro en la cabeza.

Otros casos en la política
Marenchino y Guiñazú no fueron los únicos casos de militantes justicialistas que han sido acusado de participar de la represión. El ex comisario Juan Domingo Gatica está siendo actualmente investigado por delitos de lesa humanidad y ha participado de las internas partidarias como candidato a primer concejal en 2008 por una lista que encabezó Héctor Iturrioz.
Horacio Lucero, otro ex comisario, está mencionado en las actuaciones administrativas que se realizaron en el ’84 por participar del secuestro de Zulema Arizo, aunque su caso quedó sin resolución poco después. Llegó a jefe de la UR-I (1996-2000) y al retirarse pasó a ser funcionario del gobierno municipal de Santa Rosa como jefe de inspectores hasta 2003.
A Athos Reta se le conoce su participación en la Comisión Vecinal del barrio Congreso y en 1994 integró la Junta Directiva del Modin, el partido del carapintada Aldo Rico, adonde llegó junto a algunos peronistas disidentes. Omar Aguilera fue vicepresidente de la junta provincial del seineldinista PPR. Ambos fueron condenados en el juicio de la Subzona 14, a 12 y 20 años de prisión respectivamente.
Además, hay dos dirigentes históricos del PJ que enfrentan una causa penal como supuestos colaboradores civiles de la dictadura: son nada más y nada menos que el ex cuatro veces gobernador y actual presidente del PJ pampeano Rubén Hugo Marín, y el ex diputado nacional Carlos Aragonés.