El vernismo fijó posición y limitación

El vernismo salió a marcarle la cancha al gobernador Oscar Mario Jorge en el tema hidrocarburos, al ratificar “su más férrea oposición a cualquier iniciativa del gobierno nacional, que pretenda cercenar o limitar los derechos Constitucionales de la Provincia de La Pampa en materia hidrocarburífera”.
Aunque los diputados plurales dijeron estar “convencidos” que tanto Jorge “como todos los legisladores nacionales” irán en ese sentido, una lectura elemental permite deducir que, en realidad, no están “tan convencidos” que el gobernador pampeano le diga no al gobierno nacional.
Los legisladores vernistas mencionaron que publicaciones periodísticas han dado cuenta que, en el marco de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) se está debatiendo este nuevo marco legal “que contendría limitaciones a los derechos constitucionales provinciales sobre sus recursos hidrocarburíferos, por ejemplo, imponiendo plazos para el otorgamiento de permisos de exploración y explotación de áreas, o limitando la posibilidad de resolver sobre la fijación de regalías en las concesiones, y limitando, o directamente anulando, la actuación de las empresas estatales provinciales en la actividad petrolera, entre otras intromisiones inconstitucionales”. Este sería el caso de Pampetrol.

Pedido a legisladores nacionales.
Daniel Lovera, Patricia Lavín, Fernanda Alonso, Carmen Bertone, Mariana Baudino y Martín Borthiry presentaron ayer un proyecto de resolución Instando a los legisladores nacionales que representan a La Pampa en el Congreso nacional. Señalan que la iniciativa “guarda concordancia con uno similar que se aprobó en la provincia de Chubut en relación con lo aprobado por el Parlamento Patagónico”.
En ese proyecto se indica que apoyan gestiones que vienen realizando los gobernadores de las provincias integrantes de la Ofephi, y también lo expresado por el Parlamento Patagónico, en un documento en el que instan a “defender los logros obtenidos a través de la reforma constitucional de 1994 y de la sanción de la Ley Corta”.
Señalan que las imposiciones del gobierno nacional claramente violan el sistema de organización federal del país, la Constitución Nacional, también la Constitución Provincial, y contrarían la Ley de Hidrocarburos Provincial 2675, dado que los recursos hidrocarburíferos son propios de las provincias argentinas, quienes han asumido en forma plena el ejercicio del dominio originario, su administración y la correspondiente jurisdicción”.

Derechos provinciales.
Agregan los vernistas que con el dictado de la norma provincial se sentó “una clara posición, en el sentido que el Estado provincial debe asumir un rol preponderante y debe intervenir en forma directa en las actividades relativas a la exploración, explotación, desarrollo, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos y sus derivados. En ese marco resulta imperioso defender los intereses de la provincia”. Propusieron que “se declare de importancia defender los derechos constitucionales de la provincia sobre sus recursos hidrocarburíferos frente a la embestida del Gobierno nacional”.

Lovera y los avales
El presidente de la bancada del PJ en la Cámara de Diputados, Daniel Lovera, dijo que en General Pico no les habría pasado lo que sucedió en Santa Rosa en torno a los avales de cara a la elección de autoridades partidarias.
El legislador sostuvo que en la ciudad norteña consiguieron “todos los avales, como corresponde y la lista se ha presentado con todos los requisitos exigidos. En cuanto a lo sucedido en Santa Rosa -la lista de unidad, que debía llevar como presidente del consejo de unidades básicas al intendente Luis Larrañaga no consiguió los avales necesarios-, Lovera expresó que no conocía “más que lo mediático, pero me parece que primero se debieron conseguir los avales y después discutir los cargos. Ahora sé que hubo presentaciones de los tres apoderados (de Compromiso, el marinismo y el vernismo) que desconozco, porque había una lista única, pero no sé qué va a suceder. Entiendo que el sector que tenía los papeles era el mayor responsable de haber conseguido los avales”.
Cerró diciendo que “es algo para aprender y que no vuelva a ocurrir. A nosotros no nos hubiera ocurrido en General Pico”, afirmó.