En Mendoza ratificaron el acuerdo

Cuando quiere, puede. En Mendoza, los diputados se apuraron y en una semana sancionaron el acuerdo con la Nación para licitar la construcción de la represa Portezuelo del Viento. Hubo una posición mayoritaria a favor pero también voces en contra. Una de ellas, la de un joven diputado de izquierda, que reclamó contar con la "licencia social de La Pampa" antes de poner en marcha la obra. En febrero se haría una convocatoria a empresas nacionales e internacionales interesadas en hacer la obra.
En una extensa sesión -como es habitual con las reuniones legislativas de fin de año- desarrollada el miércoles, la Cámara de Diputados de Mendoza sancionó el acuerdo que la semana pasada firmó el gobernador de esa provincia, Alfredo Cornejo, con el gobierno nacional, para comenzar con la licitación de la represa de Portezuelo del Viento, sobre el río Grande, cerca de la ciudad de Malargüe.
El Ejecutivo mendocino buscó darle celeridad a la ratificación en la Legislatura del convenio y prueba de ello es que los ministros de Economía, Enrique Vaquié, y de Gobierno, Dalmiro Garay, se acercaron al palacio legislativo para presenciar el tratamiento parlamentario.

Licitación.
El Gobierno nacional será el encargado de realizar el llamado a licitación para construir el dique pero antes Mendoza debe avanzar con los trámites administrativos y llevar a la Casa Rosa la documentación necesaria para armar los pliegos licitatorios.
Al consignar esta información, los medios de comunicación mendocinos omitieron o dieron poca relevancia al hecho de que Mendoza aún no presentó el conjunto de estudios técnicos y ambientales que le reclama el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, que es el organismo que debe dar el visto bueno final a la obra, por lo menos a la hora de la adjudicación a la empresa que resulte seleccionada.
La intención de Mendoza es que en febrero se abra la manifestación a interés para que las empresas internacionales interesadas puedan contar con la información necesaria y así ir aproximándose al llamado a licitación que podría ser en abril de 2017.

Opiniones.
Hubo al menos tres posturas muy críticas al proyecto, una de ellos incluso con atención a los reclamos pampeanos por la obra.
Uno de los críticos fue Jorge Tanús (PJ) que, tras afirmar que apoyaría "por mandato partidario", recordó que el acuerdo entre Julio Cobos y Néstor Kirchner de 2007 por la represa fue por una demanda por la promoción industrial que afectó a los departamentos del Este. "Los que fueron afectados no recibirán nada", cuestionó este legislador, oriundo de ese sector de la provincia.
Adelantando su abstención, Héctor Fresina (PO) se preguntó si no sería "un título periodístico más" y apuntó que "la prioridad del Gobierno nacional no es la obra pública sino el pago a los acreedores".
El que más revuelo causó, según consignó el diario Los Andes, fue el joven legislador Lautaro Jiménez, del Partido de los Trabajadores Socialistas, que se atrevió a plantear el impacto de la obra fuera del territorio mendocino. El diputado, de solo 30 años, consideró que antes de avanzar se necesitaba "la licencia social" de los pueblos de Mendoza y también de La Pampa.

Chicanas.
Tras semejante atrevimiento, los otros legisladores sacaron turno para "pegarle" a Jiménez. Varios radicales, desde Norma Pagés hasta Edgar Rodríguez, le contestaron que "la licencia social está" y que todos los mendocinos debían reclamar por esa y otras obras. Incluso, José Muñoz (PJ) chicaneó a la izquierda con que debían votar y dejar en claro qué postura tomaban, detalló Los Andes.
El diputado Gustavo Villegas (UCR) aseguró que muy pronto Mendoza entregará estudios de impacto ambiental a la Nación y recordó que en el presupuesto nacional ya están asignados los recursos para hacer realidad este proyecto. "Este mega emprendimiento dará trabajo genuino, y será un polo de desarrollo integral que beneficiará a todos los habitantes de nuestra provincia", subrayó.

Una opinión polémica
Uno de los puntos que exige La Pampa para dar su aval a Portezuelo, es que el manejo de la obra no lo realice Mendoza sino el comité de cuenca, como sucede con la represa de Casa de Piedra. La semana pasada, tras el convenio que calificó como un "triunfo diplomático", el ministro de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié, hizo una definición polémica: "La Pampa sigue pidiendo cosas que no se pueden cumplir, como que la presa fuera manejada por el Coirco. Ojalá en estos días La Pampa recapacite y termine con esta confrontación", afirmó.