“Fallaron los mecanismos de control”

El jefe de la Policía de La Pampa, Roberto Ayala, habló ayer con LA ARENA sobre la investigación administrativa que se inició meses atrás (pero se dio a conocer la semana pasada) contra cuatro efectivos de la Unidad Regional II que manejaban los servicios adicionales a discreción, incluso cobrándolos por fuera de toda legalidad y que además facturaban más de lo que está, por ley, permitido.
“El trámite administrativo contra estos cuatro efectivos está en plena evolución. Se están investigando las maniobras que se habrían realizado en la Unidad regional II. Hasta que se avance en la investigación, los efectivos continúan formando parte de la fuerza porque faltan establecer cuales los mecanismos determinar si hubo más personas involucradas”, dijo Ayala.
-¿Este manejo “discrecional” de los servicios adicionales es algo normal dentro de la fuerza?
-No, para nada. Han fallado los mecanismos de control evidentemente. Sin embargo se hicieron comprobaciones en otras reparticiones dependencias y no se han encontrado irregularidades.
-¿Qué piensan hacer desde la fuerza para que estas situaciones no se repitan?
-Estamos pensando otros mecanismos de control. Ya se inició el trámite para incorporar un contador en la Unidad Regional II con el objetivo de que realice auditorias permanentes.

El caso.
La semana pasada se dio a conocer la resolución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa sobre serias irregularidades en la distribución, asignación, ejecución y el cobro de los adicionales policiales en la Unidad Regional II de General Pico. El caso llegó a manos del fiscal Carlos Carola luego de que el comisario Javier Marotti, jefe de la UR II, denunciara en la FIA las irregularidades que supuestamente cometían los cuatro encargados del sistema de adicionales en esa jurisdicción (José Castillo, Vanesa Reale, Sergio Mario Escurti y Hugo Alejandro Muñoz) y que presentara una denuncia penal ante la fiscala Ana Laura Ruffini. La pesquisa del caso estuvo a cargo de la contadora Carolina Marrón, quién entre el 18 y el 24 de agosto pasado comprobó las anormalidades y, ante la posibilidad de que constituyan ilícito, determinó que se diera intervención a la justicia penal.