La Pampa reclama un caudal de 12 m3/s y $100 millones anuales

La demanda de 401 páginas que La Pampa presentó el viernes pasado contra Mendoza, ante la Corte Suprema, por el uso de las aguas del río Atuel, contiene pocos datos numéricos; a tal punto que aunque se pide una indemnización por la destrucción del ecosistema pampeano en base al Estudio de Cuantificación Económica elaborado por la Universidad Nacional de La Pampa en 2012, no se especifica cuál debería ser ese monto.
Sin embargo, entre esos pocos datos hay uno que sirve como parámetro de la eventual indemnización: en la página 351 se señala que con el escurrimiento de un caudal medio anual de 4,5 metros cúbicos por segundo, que "solo permitiría mantener activo el sistema", con un área de bañados reducida y sin posibilidades de desarrollar sistemas de riego, el daño económico sería como mínimo de unos 100 millones de pesos anuales a valores de hace tres años. Vale aclarar que históricamente la Provincia nunca accedió ni siquiera a ese caudal.
"En esa hipótesis, La Pampa y sus habitantes, por no contar con un caudal fluvioecológico del río Atuel que tan solo permita mantener activo el sistema en forma continua, sufre un daño económico que, como mínimo, al momento de la realización del estudio era de aproximadamente 100 millones de pesos por año. Ese monto, llevado a valores actuales, resultaría muy superior solamente considerando los efectos del alza del índice general de precios", indica la demanda.
Agrega: "El informe se encarga de destacar que el monto indicado se trata de un mínimo, dado que no se han incluido en ese análisis otros bienes y servicios ambientales identificados por no contarse con información suficiente que permita una razonable valoración económica de los mismos (por lo que deberán ser evaluados por las pericias de valuación), además de haberse tomado tanto para las unidades físicas de producción o desarrollo como para los precios, los valores más conservadores".
"El daño económico que significa no contar con un caudal fluvioecológico a futuro con los parámetros de mínima (…), y en un horizonte de 25 años, significan para la Provincia una pérdida que se puede medir en miles de millones de pesos", destaca el escrito.

Potenciales áreas bajo riego.
Ayer, el gobernador Oscar Mario Jorge, junto a su gabinete, entregó a los medios de prensa, a la Fundación Chadileuvú, a la asociación Alihuen y a la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos, copias de la demanda que La Pampa inició el viernes contra Mendoza, en la Corte Suprema, por las aguas del río Atuel.
El minucioso trabajo de la Universidad, que está contenido en siete tomos, prevé ese escenario de mínima, pero también otros tres con mayores escurrimientos.
a) Con un caudal medio anual de 9,5 metros cúbicos por segundo se podría destinar el excedente de agua a poner en producción bajo riego unas 4.000 hectáreas. De ese total, 2.400 se destinarían a implantar maíz (con rendimientos de ocho toneladas por hectárea) y 600 a alfalfa (unas diez toneladas por hectárea) para ser usada como forraje para la ganadería bovina para engorde en corral, lo que podría darle terminación a 9.000 animales. En las 1.000 restantes se implantarían ajo (diez toneladas por hectárea) y cebolla (35 toneladas).
b) Si el caudal fuera de 12,1 metros la superficie sería de 9.000 hectáreas. Habría 3.000 para maíz, 3.000 para alfalfa (el excedente se vendería), 3.000 para ajo y cebolla y se producirían truchas arco iris.
c) El escenario de máxima plantea el restablecimiento de las condiciones ecológicas del sistema fluvial a lo largo de todo el año hidrológico. En ese caso el área bajo riego llegaría a 11.666 hectáreas y habría 5.000 para maíz y 3.333 para alfalfa. Las otras 3.333 irían a ajo y cebolla. También se produciría la trucha arco iris.
Bajo el ítem "daños no valuados en el informe de la Universidad", el gobierno mensuró en 2.430.000 pesos anuales el costo de los municipios para abastecer de agua a los puesteros con camiones cisternas, y resaltó la pérdida de recaudación por ingresos brutos e impuesto inmobiliario y la diferencia del valor de la tierra en comparación a Mendoza.
Además -tomando en cuenta el escenario de mínima- sostuvo que las pérdidas anuales representan el 197 por ciento del presupuesto para asistencia social, el 72 por ciento de lo que se destina a construcción, mantenimiento y repavimentación de rutas, el 32 por ciento de los fondos para construcción de viviendas y el 29 de lo que se estipula para atención médica.

Una reparación sin monto.
La demanda se fundamenta en cuatro grandes puntos: la relación del presente proceso con el juicio anterior (NdeR: cuando la Corte Suprema estableció la interprovincialidad del río en 1987), los incumplimientos de Mendoza a ese fallo y a acuerdos posteriores, las consecuencias de esos incumplimientos sobre el ecosistema pampeano y la afectación del derecho humano al agua.
"La reparación que se solicita, si bien adquiere en la actualidad un monto indeterminado, deberá tomar en consideración los resultados de los estudios de la UNLPam, ampliando los mismos con aquellos daños a los que hemos hecho referencia pero no han sido objeto de mensura", expresó la Provincia.
"La situación crítica en la que se encuentra el ecosistema pampeano puede y debe revertirse. No existen argumentos jurídicos, y mucho menos éticos, para sostener que la destrucción de los humedales sea una alternativa válida a fin de asegurar los actuales niveles de producción en el sur de Mendoza (…) Menos aún se puede continuar blandiendo una supuesta prioridad de Mendoza para aumentar en un 50 por ciento la superficie actualmente regada (…) mientras La Pampa no tenga derecho a servirse del río, ni siquiera en lo mínimo e indispensable para proteger el medio ambiente, mantener los humedales y realizar un mínimo de actividades productivas", concluye el texto.

Los once puntos de la demanda.
El objeto de la demanda que promovió La Pampa contra Mendoza está resumido en once puntos, a saber:
* Se declare el incumplimiento de Mendoza del punto tercero de la sentencia dictada por la Corte Suprema el 8 de diciembre de 1987 declarando la interprovincialidad del río; es decir la obligación de negociar y celebrar de buena fe convenios para regular los usos del Atuel.
* Se declare el incumplimiento de Mendoza a distintos puntos de los convenios celebrados en los años 1989 y 1992, y se considere la maliciosa demora en el tratamiento y el posterior rechazo del convenio marco de 2008, como un nuevo incumplimiento a la sentencia de 1987 y a las obligaciones asumidas en los convenios anteriores.
* Se declare el incumplimiento por parte de Mendoza a distintas normas constitucionales y de derecho internacional aplicables a la relación que La Pampa y Mendoza mantienen por la cuenca del Atuel (afectación del derecho humano al agua, del principio de crecimiento armónico y equilibrado entre las provincias, etc.).
* Se declare la presencia de daño ambiental como consecuencia de los anteriores incumplimientos y se ordene el cese y su recomposición.
* Se fije un caudal fluvioecológico en forma inmediata, estableciendo al efecto la cantidad y la calidad mínima del agua a ingresar al territorio pampeano, teniendo en cuenta el derecho humano al agua, el principio de crecimiento armónico y equilibrado entre provincias y los derechos que le corresponden a La Pampa sobre sus recursos naturales.
* Se fije un caudal ambiental, tanto en lo que hace a la cantidad como a la calidad del agua que debe ingresar al territorio pampeano, y se disponga la realización de las obras para alcanzar el mismo, así como los plazos de ejecución.
* Se ordene a Mendoza la realización de obras para optimizar la utilización del recurso del agua en su sistema de riego.
* Se condene a indemnizar los perjuicios sufridos con motivo de los citados incumplimientos en los que incurrió Mendoza, tomando como base el estudio de la Universidad Nacional de La Pampa, denominado "Cuantificación del daño ambiental", que se ofrece como prueba, y aquellos que se padezcan hasta la efectiva concreción del caudal ambiental.
* Se disponga la creación de un Comité Interjurisdiccional para la cuenca del río Atuel, con la participación del Estado Nacional, a fin de administrar, como autoridad máxima, la utilización del agua en la cuenca, a los efectos ambientales y productivos, y con cargo de suministrar información en forma periódica a la Corte Suprema de Justicia sobre el cumplimiento de su sentencia y secuelas necesarias.
* Se prohíba a Mendoza llevar adelante cualquier tipo de acción u obra sobre el río Atuel y sus afluentes, que implique una alteración de la cantidad o calidad del agua que debe llegar a La Pampa, sin la previa autorización del comité de cuenca a crearse.
* Se ordene al Estado Nacional brindar colaboración económica, financiera, técnica y toda otra asistencia que resulte necesaria, para implementar las obras cuya realización se disponga, tanto en la sentencia definitiva como en la etapa de ejecución.

"Hicimos todo lo posible".
El gobernador Oscar Mario Jorge afirmó ayer que "hicimos todo lo posible" para alcanzar una solución con Mendoza, por el tema del río Atuel, a través del diálogo, pero se preguntó "para qué seguir dialogando si el preconcepto es no dar agua".
El mandatario planteó ese escenario cuando aludió a las recientes declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados mendocina, el kirchnerista Jorge Tanús, quien afirmó que "hay que ser muy serios en esto y un río de carácter interprovincial se comparte, le guste o no le guste a algunos ciudadanos de Mendoza", que "La Pampa no tiene otra salida que hacer lo que hace" y que "nunca es tarde para ponerse de acuerdo" a través de un diálogo político.
"Si tomo literalmente esas palabras veo que el diputado reconoció la interprovincialidad del río, lo que obviamente genera obligaciones, porque un ecosistema -generado por la naturaleza- no puede romperse porque en un papel se fijó un límite entre dos provincias", remarcó Jorge.
-¿La presentación de la demanda implica cerrar definitivamente la vía del diálogo?
-Hicimos todo lo posible por dialogar; hasta hablamos con la presidenta (Cristina Fernández) y con la Jefatura de Gabinete para que abrieran ese canal de diálogo, pero no logramos el objetivo. Ahora no queda otra alternativa que ponernos en manos de la Corte Suprema para que dirima nuestras diferencias.
"Se habló hasta donde se tuvo que hablar -enfatizó el gobernador-. Siempre se dice que las cosas deben solucionarse a través del diálogo, pero ello es así cuando las partes están comprometidas en lograr algo en común y que satisfaga a todos, pero si el preconcepto es ‘no te doy agua’, ¿para qué sirve seguir conversando? La comunidad de La Pampa me ha dicho que perdemos el tiempo si seguimos dialogando. Eso sí, demostramos que hicimos todo lo posible, hasta firmamos un acuerdo en 2008 que Mendoza tampoco cumplió", en alusión a su compromiso de entregarle al oeste una escorrentía permanente de agua.

"Recibió un golpe muy grande".
El presidente de la Fundación Chadileuvú, Héctor Gómez, afirmó que "Mendoza, sin dudas, recibió un golpe muy grande" con la presentación de la demanda pampeana en la Corte Suprema, y agregó que la provincia vecina "siempre hace lo mismo, cuando le llega el agua al cuello dice que está dispuesta a conversar, pero sino dilata todo como hizo con el convenio firmado en 2008" por el cual se comprometió a entregarle una escorrentía mínima permanente a La Pampa.
Con respecto al contenido de la demanda, prefirió no entrar en detalles hasta no leerla, pero dijo que la entidad siempre estuvo a favor y confirmó que se presentará al juicio como amicus curiae (ofrecerá dar una opinión del conflicto en condición de amigo del tribunal).
Por su parte, Leandro Altolaguirre, presidente de la asociación ambientalista Alihuen, coincidió en que Mendoza ha dilatado siempre las posibles soluciones para el uso del río y, con relación a las palabras del diputado Jorge Tanús (ver aparte), indicó que "habló de diálogo, pero mezcló los temas porque habló del trasvase del río Grande al Atuel para que Mendoza pueda regar, pero esa agua saldría del Colorado y el 90 por ciento de la población pampeana, a partir de la extensión del acueducto hasta General Pico, se abastecerá de agua a través del Colorado".

Testigos.
La Pampa le pidió a la Corte que cite a tres organizaciones no gubernamentales pampeanas para que opinen en el juicio a Mendoza como amigos del tribunal: la Fundación Chadileuvú, la asociación Alihuen y la Asamblea en Defensa de los Ríos Pampeanos. También que convoque como testigos al secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri; al ex secretario y actual diputado, Juan Pablo Morisoli; al subsecretario de Ecología, Darío Mariani; al especialista en temas hídricos, Walter Cazenave; y a Silvia Viglianco, como afectada directa por el corte del río.

Todos los plazos vencen juntos.
Ante las maniobras dilatorias de Mendoza para recibir una notificación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso extender el plazo que había concedido a La Pampa y al Estado nacional para responder a los requerimientos que les había realizado en el marco de la causa judicial que inició el abogado Miguel Palazzani. Ahora, las tres partes deben presentar sus respuestas a más tardar el 7 de julio.
La Corte tomó la decisión de oficio, sin esperar a que nadie se lo solicitara, explicó ayer el abogado Andrés Gil Domínguez -patrocinante de Palazzani- al ser consultado por el motivo de la extensión de plazos. "Es por todas las maniobras dilatorias que intentó Mendoza para postergar la notificación", explicó el letrado.
Las maniobras dilatorias hicieron que Mendoza se notificara un mes después que La Pampa. De todas las estrategias para estirar los plazos, la más llamativa fue la excusa del oficial notificador del Juzgado Federal mendocino: que le dolían mucho las piernas y no podía caminar. Increíble pero real. Más increíble aún porque el trayecto a recorrer contemplaba tan solo cruzar la calle.
A juicio de Gil Domínguez, La Pampa no debe apurarse a presentar su contestación porque le regalaría la información a Mendoza. Mejor sería, estimó, hacerlo al finalizar el plazo.
"Sigo esperando que el gobernador Oscar Mario Jorge me llame, porque cada vez que llamamos nosotros, no nos atiende", reclamó el abogado santarroseño radicado en Buenos Aires. Sus pedidos de tener un contacto con el gobierno pampeano, han sido infructuosos hasta ahora.

Una citación para Nación, por "omisión".
La Pampa, al solicitar la citación del Estado Nacional en el juicio como tercero involucrado, mencionó que le caben los principios de "subsidiariedad, solidaridad y cooperación" y que a ello se "se le suman las obligaciones internacionales en materia de prevención y mitigación del daño ambiental y sus obligaciones constitucionales en materia de poblamiento, desarrollo humano equilibrado y acceso al agua y al saneamiento".
Con relación al pasado, la Provincia aseguró que "el Estado Nacional tiene una responsabilidad histórica clara en los perjuicios sufridos por La Pampa con motivo del uso que Mendoza ha realizado del Atuel. Ella surge no sólo de su omisión en haber evitado la destrucción del ecosistema pampeano, a pesar de tratarse de una cuenca interjurisdiccional, sino también por su participación directa y determinante en la construcción y administración, hasta el año 1992, del complejo Los Nihuiles, obra cuya realización y puesta en funcionamiento implicó más de dos décadas de corte total del río".
Además recordó que la Corte, en la sentencia de 1987, destacó que las autoridades nacionales y provinciales y el Congreso, al intervenir en la preparación y discusión de la ley por la cual se sentaron la bases para la construcción de Los Nihuiles, "no contemplaron la hipótesis de que el Atuel conformara un recurso compartido entre Mendoza y el gobierno federal, como autoridad que era por entonces en el territorio de La Pampa".