Presentan amparo a favor de la Dirección de DD.HH. de la Nación

Los abogados Franco Catalani y Miguel Villagra presentaron ayer un recurso de amparo en la Justicia Federal contra la decisión del gobierno nacional que sacó de funcionamiento la Dirección de Derechos Humanos de la Nación, que dependía del Ministerio de Seguridad, terminando así con el grupo técnico que se encargaba de asistir a los juicios de lesa humanidad y de colaborar en la extracción de muestras de ADN para la búsqueda de desaparecidos y la identificación de hijos apropiados durante la dictadura cívico militar.
"Con el Decreto 421/16, el gobierno nacional eliminó la Dirección de Derechos Humanos de la Nación, dependiente del Ministerio de Seguridad, y con ello bajó el Grupo Especializado de Asistencia Jurídica, que asistía a los juicios de lesa humanidad para la identificación de patrones genéticos y de hijos apropiados", aseguró a LA ARENA el abogado Catalani sobre el amparo presentado para que el Poder Judicial obligue al gobierno de Mauricio Macri a reestablecer esa dependencia para que el grupo de especialistas continúe con las identificaciones.
Precisamente, entre sus funciones, el grupo de especialistas tenían que colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial, a fin de permitir la identificación de las personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado ocurrido en nuestro país. "La búsqueda de nietos podría quedarse estancada y, por este motivo, presentamos este amparo: es una herramienta fundamental para establecer la identidad de las personas que ya no está", manifestaron los abogados.
Ahora, el juez federal subrogante de Santa Rosa, Marcos Aguerrido, tendrá que decidir en estas horas si el planteo de los abogados debe ser tratado con urgencia, como solicitaron, y habilita el tratamiento en medio de la feria judicial, o extiende los plazos para analizar el planteo después del receso. Actualmente, en el marco de la feria, Aguerrido, que integra el Tribunal Oral Federal, está reemplazando a Luis Salas que está al frente del juzgado de primera instancia como subrogante.

Búsqueda "estancada".
Al argumentar el planteo, Catalani manifestó que "por ahora, no hay una asignación institucional especifica dentro del Poder Ejecutivo Nacional del trabajo realizado por la Dirección de Derechos Humanos, que quedó diluida dentro del Ministerio de Seguridad y para nosotros eso es un retroceso muy importante". La presentación, además, fue realizada por el requerimiento de militantes como Juan Carlos Pumilla y familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad.
Uno de los firmantes es Carlos "Vasco" Orzaocoa, un pampeano que tuvo una agitada militancia política y social en los 60 y 70 y fue esposo de la primera desaparecida en Córdoba en 1975, cuando se encontraba embarazada y cuyo hijo o hija siguen tratando de ubicar las Abuelas de Plaza de Mayo, como otros 400 chicos que son buscados en la actualidad. El escrito también fue rubricado por Aldo Tartaglia, hermano de Lucía quien fue capturada por un grupo de tareas y tuvo un hijo o hija que tampoco fue identificado hasta el momento. En forma alternada, los represores Guillermo Minicucci, Juan del Cerro y Héctor Simón les informaron a los secuestrados en El Olimpo que Lucía estaba bien y que había dado a luz una niña.

Desmanejos.
El abogado Villagra, además, indicó que "básicamente, el Grupo Especializado se creó por algunos desmanejos que se dieron en la temática con respecto a la extracción de sangre, porque se habían fraguado muestras por parte de miembros de la fuerzas de seguridad. Por eso, surgió este acuerdo de solución amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado nacional".
"Esta decisión de Macri genera una incertidumbre en la forma en que se van a tomar las muestras o se harán las averiguaciones de identidad que son relevantes para todos los procesos que están abiertos y los que se están por iniciarse", agregó. Los abogados también explicaron que se planteó en el amparo una medida cautelar para que de manera urgente se tomen las medidas pertinentes para que se restituya la Dirección de Derechos Humanos en el Ministerio de Seguridad y que vuelva a funcionar el grupo especializado.
"Consideramos que además de una decisión política del gobierno nacional, también hay una vulneración de tratados internacionales a los que se sometió el país. Es un incumplimiento al plexo normativo, sobre la Convención Americana de Derechos Humanos y las cuestiones de derecho a la identidad", sentenció el abogado Villagra.

"Viola el derecho a la identidad"
En el escrito presentado a la justicia, los abogados destacaron que el Grupo Especializado de Asistencia Jurídica (GEAJ) "tiene un rol muy importante en el relevamiento documental y en la producción de informes para asistir a las investigaciones judiciales por los crímenes de lesa humanidad". Además, advirtieron que "la acción del Estado nacional de desmantelar la Dirección de Derechos Humanos, y en consecuencia desarticular el GEAJ viola el derecho a la identidad y al acceso a la justicia, ambos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que posee jerarquía constitucional, y de la cual nuestro Estado forma parte".