Confirman sanción a ex docente

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la sanción a una docente secundaria, aplicada por la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Educación de la provincia, por atemorizar a tres alumnas con cuestiones religiosas durante una guardia en la Escuela Hogar 114 de La Humada en 2013. Había sido sancionada por un decreto firmado por el gobernador Carlos Verna el año pasado e interpuso un recuso administrativo ante la Justicia.
La decisión fue tomada días atrás por la Sala C del máximo tribunal, integrada por su presidente, José Roberto Sappa, y por su vocal, Eduardo Fernández Mendía. Fue en el marco de la causa "Oliver Molina, Silvia Azucena contra Provincia de La Pampa s/ Demanda Contencioso Administrativa".
Los hechos por los cuales la Provincia sancionó a la docente ocurrieron en la noche del 5 de julio de 2013. A las 22, dos docentes que dejaban su guardia presenciaron el quiebre en llanto de tres alumnas internas, pertenecientes a familias de Chos Malal, quienes adujeron no querer quedarse con Oliver, quien debía hacerse cargo del próximo turno.
Así comenzó un sumario en el que se demostró que "la señora Oliver Molina maltrató e infundió temor en los alumnos, sin respetar la libertad de conciencia, la dignidad e imponiendo su religión por sobre la de los alumnos. Les decía que era evangélica, que vino porque Dios la envió y que hace lo que dice la Biblia. Que todos los chicos tienen al diablo o al demonio atado a la pata de la cama"; "que todos ellos tienen el espíritu maligno. Y que Dios iba a patear a los alumnos para que se les acomoden todas las pavadas que tienen en la cabeza", señala el fallo.
En la parte resolutoria la Sala C dispuso "rechazar la demanda contencioso administrativa interpuesta por Silvia Azucena Oliver Molina contra la Provincia de La Pampa", e "imponer las costas a la actora vencida".
Por tal motivo la docente deberá abonar, "por su actuación profesional", los honorarios de los José Alejandro Vanini, fiscal de Estado Provincial, y Hernán Jorge Danzi, abogado del Estado Provincial, en forma conjunta, en la cantidad de 49 mil pesos; y de César Augusto Rodríguez, letrado patrocinante, en 29.750 pesos.