Defensorías de Niñez rechazan la "nueva colimba"

El defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, Juan Pablo Meaca, firmó un documento junto a funcionarios de otras provincias en rechazo a la creación del Servicio Cívico Voluntario. "Queremos que las y los jóvenes estén en las escuelas, no en los cuarteles. Instamos al Poder Ejecutivo Nacional a dar marcha atrás con esta iniciativa" sostuvieron.
Tras el anuncio que realizaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, sobre el nuevo Servicio Cívico Voluntario que se creó por decreto y será manejado por Gendarmería Nacional, distintos actores e instituciones hicieron público su rechazo, entre ellas, las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes de cinco provincias, entre ellas La Pampa.
A través de un documento, las y los defensores provinciales de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, La Pampa, Misiones, Córdoba y Santiago del Estero rechazaron "la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación mediante Resolución 589/2019 destinados a adolescentes y jóvenes de 16 a 20 años".
A su vez, manifestaron su preocupación acerca del "paradigma de la protección integral y el enfoque de derechos humanos de la niñez y la adolescencia sea citado por la Ministra como marco y argumento para una política pública a cargo de una fuerza represiva".
Por el contrario, los defensores manifestaron que "ésta se encuentra muy lejos de dar cuenta de la incorporación de esta perspectiva tanto en su formación como en el desenvolvimiento de sus funciones cuando se trata de adolescentes y jóvenes".

"En las escuelas".
Como organismos de derechos especializados, desde las Defensorías provinciales defendieron "una vez más a la educación pública, laica, obligatoria y gratuita, quien tiene a su cargo la formación ciudadana y democrática de las niñas, niños y adolescentes".
En ese sentido, aseveraron que "el Estado debe invertir en la generación de oportunidades y proyectos de vida para las juventudes, y esto es con educación, salud, empleo y vivienda digna, a través de los organismos competentes para tal fin".
"Queremos que las y los jóvenes estén en las escuelas, en los clubes, en los centros culturales, en las bibliotecas, en los espacios comunitarios. No en los cuarteles. Mucho menos en lo que fue un Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio durante la última dictadura cívico militar", remarcaron en el documento que fue firmado por el defensor provincial, Juan Pablo Meaca.

Marcha atrás.
Los defensores provinciales de Santa Fe, La Pampa, Misiones, Córdoba y Santiago del Estero le propusieron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "reflexionar" e instaron a que el Poder Ejecutivo Nacional, a cargo del presidente Mauricio Macri, dé "marcha atrás con esta iniciativa" y que, en su lugar, "se prioricen políticas públicas activas de inclusión y promoción de los derechos de las y los jóvenes, que permitan el desarrollo de proyectos de vida integrales y autónomos".

"Causó mucha indignación"
Horas después de conocerse la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores, referentes políticos y de derechos humanos manifestaron su repudio a la medida oficial que impulsa la "capacitación en valores democráticos y republicanos" entre jóvenes de entre 16 a 20 años. La propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a responder las críticas y desestimó que el anuncio se trate de una vuelta de la "colimba".
Entre los principales argumentos de los cuestionamientos al anuncio oficial se señaló, en primer lugar, que Gendarmería haya sido puesta en el centro de una política social destinada a jóvenes y adolescentes, en lugar de las carteras de Desarrollo Social y/o Educación. En segundo lugar, la falta de detalles a la hora de especificar qué tareas realizarán los inscriptos y a qué se refiere la resolución oficial a la hora de definir a los "valores democráticos y republicanos" de la fuerza armada, habida cuenta de su rol durante la última dictadura militar y su impacto en la historia reciente. Pero además, el texto oficial dio a conocer que una de las sedes de las pruebas piloto, y que fue además la elegida por la ministra y el propio Mauricio Macri para lanzar el anuncio, es Campo de Mayo, donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención y tortura más grandes del país: El Campito.

Repudio.
En diálogo con Ambito.com, Pablo Llonto, abogado querellante de la Megacausa Campo de Mayo, afirmó que ningún miembro del Gobierno se comunicó con los ex detenidos ni con los familiares de las víctimas.
"Causó mucha indignación la medida de Bullrich, sobre todo en este momento en el que decenas de ex colimbas que hicieron el servicio militar obligatorio en Campo de Mayo están contando el horror que vivieron y las cosas que vieron durante su paso por ese lugar, bajo las mismas consignas que hoy promueve el Gobierno", explicó Llonto.
Para el letrado, Gendarmería "no es la institución adecuada" para encabezar una política pública que tiene como objeto a los jóvenes y adolescentes. "Hay centenares de gendarmes que están siendo juzgados y buscados", sostuvo.
"Gendarmería jamás hizo una autocrítica de su implicancia en la dictadura, y esa es una gran deuda pendiente", remarcó Llonto, contraponiendo el caso al del Ejército, sobre el cual el exteniente general Martín Balza, se expidió en un fuerte discurso a mediados de los noventa, en el que admitió los procedimientos aberrantes utilizados durante la represión ilegal.
Se calcula que por el enorme predio militar pasaron decenas de miles de detenidos durante la última dictadura cívico militar. Allí funcionó uno de los centros de detención y tortura más grandes del país: El Campito. Debido a la importancia vital que el lugar tiene para ayudar a dar con el paradero de desaparecidos, familiares de víctimas y ex detenidos han pedido en varias oportunidades que se preserve el terreno.

Juicios.
Actualmente hay dos juicios que abordan las torturas y desapariciones forzadas de personas en Campo de Mayo. Uno de ellos, que se conoce con el nombre de Contraofensiva, investiga los delitos de lesa humanidad cometidos contra un grupo de militantes que regresaron al país entre 1979 y 1980, y que fueron enviados a El Campito.
Por otra parte, la Megacausa Campo de Mayo incluye las desapariciones de obreros de la automotriz Mercedes Benz, y Ferrocarriles Mitre y Belgrano Norte, en el marco de un proceso en el cual son juzgados 22 imputados por delitos cometidos contra 323 víctimas, entre ellas 14 mujeres embarazadas y 10 nietos aún buscados.
En varias oportunidades los familiares de las víctimas pidieron al Estado que preserve el terreno debido a las pruebas que puede aportar en la identificación de desaparecidos y de bebés nacidos en cautiverio. Según Llonto, en el predio ya se realizaron cuatro excavaciones a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense, y está prevista una quinta. A raíz de estas investigaciones se pudo conocer que un antiguo edificio de material y dos galpones de chapa funcionaron como "pabellones" de detención. Los militares demolieron el lugar pero los sobrevivientes y la Conadep lograron identificarlo en 1984. Los cimientos se encontraron recién en 2010. (Pagina12.com)