Presentaron un amparo contra la ley de alquileres

PROTESTA DE MARTILLEROS

La Cámara Inmobiliaria y el Colegio de Martilleros de La Pampa presentaron un recurso de amparo judicial por considerar “inconstitucional” la modificación a la Ley de Alquileres de la provincia que introdujo la Legislatura. Ambas instituciones basan su reclamo en que una ley provincial “no puede estar por encima” de la legislación nacional.
En tanto, un nutrido grupo de integrantes tanto de la Cámara como del Colegio se reunieron ayer frente a la Legislatura y a la Casa de Gobierno para mostrar su descontento por esa ley. Posaron para una foto grupal con los distintos carteles que habitualmente utiliza cada inmobiliaria para ofrecer las propiedades.
“Decidimos salir a aclarar a la opinión pública este tema que se tergiversó mucho, demasiado. Y el amparo que presentamos tiene que ver con la inconstitucionalidad, y tiene como centro la ley nacional. El Código Civil y Comercial de la Nación es el que regula nuestra actividad y está por encima de la ley provincial. Y claramente establece que cuando interviene un corredor, ambas partes deben comisión. Entonces la ley provincial no puede decir que una parte no debe comisión y la otra sí”, explicó el presidente de la Cámara, Pedro Arpigiani, quien junto al titular del Colegio de Martilleros de La Pampa, Horacio González, recibió a LA ARENA para dar a conocer su postura.
El otro argumento en que se basa el recurso de amparo tiene que ver “básicamente -amplió Arpigiani-, con la desnaturalización de nuestra profesión, que es la mediación. Nosotros contactamos al inquilino con el propietario y a partir de allí se realiza la negociación, nosotros somos los mediadores entre esas dos partes, y así lo marca el Código Civil”.
La polémica nació cuando algunos particulares, a partir de reclamos surgidos en la Ciudad de Buenos Aires, salieron a pedir que los inquilinos no paguen la comisión cuando cierran un contrato de alquiler. Luego de varios meses de reuniones y negociaciones, finalmente la Legislatura aprobó el cambio en la ley provincial y el gobernador Carlos Verna promulgó la modificación del artículo 94 de la ley 681 por la cual se exime a los inquilinos de pagar el 3 por ciento de comisión para acceder a dicho contrato.
Ese cambio permite que los inquilinos no paguen comisión y que el intermediario, es decir las inmobiliarias, se la cobren al propietario.

Presión.
“La situación que tenemos es de política nacional más que provincial, se generaban abusos en Capital Federal, entonces los inquilinos se organizaron y empezaron a ver cómo evitar esos abusos. Entonces se modifica la ley porque ahí sí había abusos, algo que acá nunca sucedió. Es más, nosotros ofrecíamos facilidades, como dos o tres pagos de la comisión, y también no pagar fondo de garantía”, resaltó Arpigiani.
“En la provincia comenzó a verse una presión mediática y también en la Legislatura, entonces los diputados se vieron obligados a legislar el tema. Llegó un momento en que nos dijeron que nos pongamos de acuerdo con esta Asociación de Inquilinos (por la entidad que representa Fabiana Appel), que depende de Buenos Aires. Tuvimos no menos de diez reuniones en las comisiones de la Legislatura y por lo menos siete reuniones con esta persona, hasta que llegamos a un acuerdo y allí la Asociación nos reconocía que en el mercado de La Pampa no había condiciones abusivas y que las condiciones no habían cambiado en el tiempo. Hubo acuerdo sobre varios puntos”, señaló González.
Sin embargo, “días después esta persona sale a decir que se arrepiente del acuerdo y presenta una nota en la Legislatura diciendo que se arrepiente. Los diputados se vieron apurados y votaron la ley, sinceramente no sabemos bien qué quiso hacer la Legislatura porque en definitiva hoy subieron los valores de los alquileres y bajó la oferta, porque los propietarios quieren esa compensación que tenían en sus contratos. Como dijimos en su momento, fue una ley para la opinión pública y se termina perjudicando a quien se quería beneficiar. En definitiva, perjudica a todos porque cambia las reglas del juego”.

Desinformación.
Tanto Arpigiani como González coincidieron en advertir “el gran desconocimiento y desinformación que tienen quienes se ponen al frente de asociaciones que no se sabe a quién representan, no tienen personería jurídica, ni comisión directiva, ni nada. Incluso tienen una ignorancia, no solo de esta legislación sino de la general, porque la ley entra en vigencia recién al octavo día hábil posterior a su publicación en el Boletín Oficial, es decir el 7 de octubre. Entonces no se asesoran, no se informan y encima son motivo de consulta de los inquilinos y terminan generando esta hecatombe que es una mala interpretación de la ley”.
González, en ese sentido, pidió “ser sensatos y asumir la mayor responsabilidad. Nosotros tenemos que salvar el nombre de nuestra profesión cuando tanto se habló de abusos, salvar nuestra naturaleza que es acercar a las partes. Hoy parece que el Facebook es palabra santa y ahí se denuncia cualquier cosa y se publican teléfonos para reclamar. Lo que pedimos a la gente es que vaya a las instituciones que corresponden, que busquen la información y el asesoramiento en los lugares correctos. Que si hay una denuncia que hacer vaya a Defensa del Consumidor y cumpla los pasos indicados”.