Provincias piden que se declare emergencia alimentaria en el país

Un grupo de ministros de Desarrollo Social de seis provincias, entre las que está La Pampa, elaboraron un duro documento donde piden, entre otras cuestiones, la declaración de la Emergencia Alimentaria Nacional.
El reclamo es un manifiesto ante la crítica situación social que se vive en el país a consecuencia de la política económica, afirmaron de acuerdo al cuadro de situación que debatieron durante una reunión que se realizó el miércoles.
El objetivo de la actividad fue compartir información, elaborar un diagnóstico y proponer políticas que den cuenta de la emergencia social. Fueron parte de la actividad las provincias de Tucumán, La Rioja, San Juan, Salta, Santa Cruz y La Pampa, con sus respectivos ministros del área, entre ellas la pampeana Fernanda Alonso.
"La crisis política y económica actual, tiene su evidente repercusión en la cuestión social. De cualquier manera, sostenemos nuestra postura, en que no son los Ministerios de Desarrollo Social los que 'resuelven' estas situaciones, sino los modelos económicos (y su ejecución) los que redundan e impactan verdaderamente en la cotidianeidad de los/las argentinos/as", manifestaron en la agenda pública que dejaron plasmada en un documento conjunto.
"Manifestamos nuestra preocupación por el ajuste que viene impulsando el gobierno nacional, que recae, sobre todo y con más impacto, en los sectores más vulnerables de la población. Los principales receptores de la demanda social, son las carteras a nuestro cargo. En este sentido, es necesario que todas las jurisdicciones puedan acceder a las mismas herramientas y programas sin discrecionalidad", agregaron.
"En contextos como el actual, es menester que los Ministerios de Desarrollo Social propicien redes de contención y ejecuten el gasto social de modo contracíclico con niveles de institucionalidad que eviten mayores daños", fue la conclusión.

Intercambio.
La Liga de Ministros de Desarrollo Social de esas provincias se reúne desde 2016 de manera periódica. En esta ocasión el objetivo del encuentro fue realizar un intercambio entre la política y la academia desde una perspectiva crítica, plural e interdisciplinaria para lo cual se convocó a Adriana Clemente (directora del Centro de Estudios de Ciudad de la UBA), Agustín Salvia (Observatorio de la Deuda Social de la UCA), Matías Barroetaveña (director del Centro de Estudios Metropolitanos UMET/UNAJ/Unahur), Arnaldo Medina (vice rector de UNAJ) y Antonio Calicigno (secretario de Ciencia y Técnica del Municipio de La Matanza).
También fueron parte del encuentro como expositores el diputado Daniel Arroyo y el economista y periodista de PáginaI12 Alfredo Zaiat. Clemente señaló "la necesidad de fortalecer este tipo de instancias en la que se construye un diagnóstico certero de la situación social, y para eso es central la cooperación entre lo académico y los decisores de políticas públicas".

Emergencia.
Después de establecer el marco general de la situación de crisis, los ministros y ministras plantearon las siguientes líneas programáticas:
"Reincidir en el pedido a las autoridades nacionales del Ministerio de Desarrollo Social, en la necesidad de conformar e instituir una Mesa Nacional de ministros de Desarrollo Social que redunde en políticas sociales más federales e inclusivas. En este sentido, también que participen de la Ley Mesa de Emergencia Social".
"Manifestamos nuestra preocupación sobre la Asignación Presupuestaria destinada a las áreas sociales, fundamentalmente la seguridad alimentaria".
"Ante la pérdida de la seguridad alimentaria y la heterogénea situación de las provincias para compensar esa situación con recursos propios, se solicita que el Congreso de la Nación y el Ejecutivo Nacional sancionen y promulguen, respectivamente, la Emergencia Alimentaria Nacional".
"Instrumentar la actualización y sostenibilidad de los programas de transferencia monetaria para la protección y subsistencia de millones de familias vulnerables", resaltaron.

Deudas por alimentos.
Matías Barroetaveña expuso el Monitor de clima social del Centro de Estudios Metropolitanos (Universidad Metropolitana de los Trabajadores) y la tendencia negativa de las últimas mediciones: "Antes de este último ajuste devaluatorio ya estábamos en clara emergencia alimentaria, cada vez son más los sectores vulnerables que nos dicen que se les hace imposible poder comprar alimentos suficientes como para no pasar hambre".
"En la clase media baja han tenido que reducir porciones de comida y han eliminado de su canasta cualquier gasto que no se sea alimentación o pagar servicios", concluyó.
Por su parte, Daniel Arroyo, reafirmó la necesidad de mantener las obras públicas y alertó sobre el incremento de las deudas personales en los sectores vulnerables, una deuda que se destina a comprar alimentos básicamente. Además, delineó un panorama en el que las responsabilidades nacionales son transferidas a provincias y municipios pero sin los recursos necesarios.