Realicó: recuperaron máquinas agrícolas

La Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional II, con sede en General Pico, recuperó un tractor y una sembradora que fueron adquiridas a una empresa de esta localidad y pagadas con cheques sin fondo. La estafa fue por más de 18 millones de pesos.
Fuentes consultadas informaron a este diario que además hay damnificados de Huinca Renancó (Córdoba), transportistas de esta localidad, entre otras empresas del país que también recibieron cheques sin fondos y que pertenecen a una firma con domicilio en Buenos Aires. Todavía la policía no detuvo a los estafados y a pesar que se recuperaron estos implementos agrícolas la causa no está cerrada.
El lunes, los pesquisas secuestraron una sembradora y un tractor en la ciudad bonaerense de Salliqueló, que habían sido comprados a la firma realiquense.
La denuncia judicial se inició en diciembre del año pasado cuando varios cheques fueron rechazados por el banco ante la falta de fondo y contra una firma agropecuaria (L.L.). Además la misma fuente informó que hay un socio gerente.
La operación con la firma de Realicó se habría concretado el 18 de mayo donde los estafadores adquirieron una sembradora usada ERCA, 2009, para grano grueso y un tractor marca «New Holland» modelo T8 275, 4X4.
También en Huinca Renancó esta misma firma agropecuaria (L.L.) abonó la compra de maquinarias (tolvas, entre otros equipos agrícolas) con cheques de pago diferido y que al momento de cobro fueron rechazados.
Según informaron los transportistas que también fueron estafados las maquinarias agrícolas eran trasladadas en carretones a la localidad bonaerense de Olivera, y descargadas en un predio que había alquilado la empresa agropecuaria, ubicado en la colectora norte, Acceso Oeste, de la Autopista ruta nacional 5. A los pocos días esas maquinarias y según los dichos de los vecinos fueron retiradas con otros camiones del predio.
Según un informe bancario la firma agropecuaria tiene un pasivo por 27 millones de pesos en cheques rechazados.
La investigación está a cargo del fiscal General Armando Agüero, y de la Brigada de la UR II. La orden de allanamiento para el secuestro de las maquinarias fue requerida por la Fiscalía General, y ordenada por el juez Alejandro Gilardenghi.