Van a juicio gremialistas que bloquearon la planta

La causa iniciada contra los dirigentes del gremio Atilra que hace casi dos años bloquearon el acceso y las salidas de la planta de Lácteos Don Felipe fue elevada a juicio oral y público. Los procesados en ese expediente son Gastón Emilio Moreno y Sergio Raúl Longo, dos dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra), oriundos de Trenque Lauquen.
Ambos encabezaron el piquete en la fábrica macachinense el 27 de enero de 2014. Llegaron al pueblo con tres micros que traían personas de la ciudad del oeste bonaerense y de General Rodríguez. La protesta sindical consistió en la obstrucción de los dos accesos a la planta láctea, medida que impidió el ingreso y egreso tanto del personal que trabajaba en la fábrica como de terceros.
La restricción a la circulación no solo era para peatones sino para los camiones que transportaban la leche y el resto de la producción y para otros vehículos. La toma se extendió hasta el 30 de enero.

Denunciante.
La denuncia contra Atilra la radicó el abogado santarroseño Román Molín, quien actualmente se desempeña como secretario de Gobierno de la comuna local, cargo en el que fue designado por el intendente Leandro Altolaguirre.
El fiscal que realizó la investigación fue Carlos Ordás, quien además de la denuncia de Molín, fechada el 29 de enero del año pasado, incorporó a la causa un acta de constatación firmada por la escribana Delma Sánchez, en la que quedó plasmada la modalidad de la medida de fuerza. El piquete, según explicaron entonces los dirigentes de Atilra, era una respuesta al despido de Héctor Samuel Medina, un empleado con ocho años de antigüedad.
De acuerdo a lo constatado por el fiscal, la medida entorpecía el normal cumplimiento de las tareas de recepción de leche, producción y comercialización, y ponía en riesgo la integridad física y la salud de los empleados que querían seguir trabajando. "Eran provocados verbalmente y amenazados con agresiones físicas", decía el acta de constatación elaborada por el fiscal.

Excesos verbales.
De acuerdo a la información que Ordás añadió al expediente, varios empleados radicaron denuncias en sede policial contra los piqueteros de Atilra, ya que no les permitían ingresar a sus lugares de trabajo. A la vez, manifestaron su desacuerdo con la medida de fuerza.
La defensa de los gremialistas pidió su sobreseimiento. Argumentaron que en el contexto de un reclamo gremial no podían considerarse las manifestaciones vertidas como típicas de un delito penal, y que no eran más que excesos verbales cometidos en el contexto de una huelga.

Acciones coactivas.
El juez, sin embargo, consideró que entre los días 27 y 30 de enero, se ejercieron acciones coactivas con el propósito de obstruir totalmente el ingreso y el egreso tanto de vehículos como de personas a la planta fabril ubicada en la ruta 1, kilómetro 269, en jurisdicción de Macachín. Ese proceder, para la Justicia, ejecutado por Moreno y Longo, puso en riesgo el patrimonio y la producción de la fábrica, y amedrentó al personal para que tomara parte de la medida de fuerza.
Por ese motivo, el magistrado rechazó el pedido de sobreseimiento y declaró admisible la acusación pública presentada por el fiscal, motivo por el cual dictó el auto de apertura del juicio contra los dos sindicalistas, por los delitos de coacción y afectación a la libertad de trabajo y asociación, ambos en concurso real, penados y previstos en los artículos 149 bis, 2º párrafo, 158 y 55, todos del Código Penal.