Hacia un Estado con perspectiva de género

La cátedra patriarcal reviste tal adhesión que las capacitaciones en Ley Micaela han sido tachadas de adoctrinadoras, de imponer «ideología de género», de bajada de línea del gobierno de turno.
VICTORIA SANTESTEBAN*
El primero de abril se cumplieron cuatro años del femicidio de Micaela García, en Gualeguay. Micaela tenía 21 años y desapareció luego de haber salido a bailar en la ciudad entrerriana donde estudiaba educación física. «La negra» era militante feminista y del movimiento Evita. Su foto con una remera pidiendo «Ni Una Menos» es otra de las que se suman al álbum doloroso, que repasa las ausencias por un machismo letal del que parece estamos lejos de erradicar. El femicidio de Micaela dio cuenta que el Estado continúa llegando tarde al momento de proteger a niñas, adolescentes, mujeres, travestis, trans e identidades no binaries. Por eso, su femicidio instó la lucha de sus padres por una ley que capacite a ese Estado ignorante y todavía patriarcal: en 2019 se promulgó la ley 27.499 de capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, conocida como «Ley Micaela».

Femicidio.
Micaela desapareció luego de salir a bailar, un primero de abril de 2017, y confirma aquello que Luciana Péker nos dice con cada desaparición de mujeres: no es casual que los abusos y femicidios se cometan contra las más jóvenes y en momentos de diversión pues, lo que jode es el deseo. Jode esa libertad de las más chicas que quieren vivir sin las cadenas de sus antepasadas. El cuerpo de Micaela fue encontrado en un campo cercano a la ruta 12, a siete días de su desaparición, con signos de abuso sexual y estrangulamiento. Sebastián Wagner, su femicida, estaba suelto pese que recaían sobre él condenas por abuso sexual: el juez de Ejecución de Entre Ríos, Carlos Rossi, le había dado la condicional a pesar de los dictámenes desaconsejando el beneficio. Wagner hoy está preso con perpetua, Pavón (condenado por encubrimiento) fue liberado en septiembre de 2020 y el juez Rossi, suspendido en sus funciones, volvió a su cargo vitalicio en 2018.

Estado Patriarcal.
El femicidio de Micaela, como el de cada identidad auto percibida femenina que es arrancada de este plano por su condición de género, dejó al descubierto la ineptitud de un Estado que, pese a contar con legislación nacional e internacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia machista, continúa regido por la costumbre de descreer a las víctimas y sus familiares, de responsabilizar a mujeres por sus propios abusos y femicidios, y de dejar impunes y libres a quienes disponen de vidas de mujeres como cosas. El accionar de comisarías, fiscalías y juzgados que insisten en estigmatizar y responsabilizar a las víctimas viene dado por estereotipos de género, por una lectura patriarcal de la realidad que guía investigaciones y redacta sentencias. La ropa, los horarios de la desaparición, los hábitos y costumbres, la historia, condenan o absuelven entre «buenas» y «malas» víctimas, entre quienes no merecían la muerte y quienes de alguna forma, se la buscaron. La mirada de rabillo sobre mujeres es clasista, racista y patriarcal, por lo que para que el Estado se preocupe por los cuerpos que desaparecen parece requerirse pasar un test anticonstitucional de blancura, pacatería y dotes.

Ley Micaela.
La Ley 27.499 importa la capacitación obligatoria en la temática de género a personal que se desempeña en los poderes del Estado, porque el femicidio de Micaela dio cuenta que necesitábamos de otra ley que recordara los preceptos de la Convención de Belém do Pará y de la 26.485. De allí que la sanción de la Ley Micaela aparece como recordatorio de estas legislaciones, como alarma para quienes se desempeñan en cargos públicos acerca de la obligatoriedad de la perspectiva de género en cada acto en sus funciones, desde lo cotidiano hasta lo extraordinario, desde el chiste en la oficina hasta el acta que se redacta y firma. De esta forma, las capacitaciones en Ley Micaela instan a desaprender aquello que se vivía como «natural», a la incorporación de la perspectiva de género en la cotidianeidad para lograr algún día su automaticidad, a la desarticulación del andamiaje simbólico patriarcal que legitima la violencia, a la deconstrucción, al fin y al cabo, de cada aspecto de nuestra individualidad que incide en el quehacer público. Porque lo personal es político.

Capacitación obligatoria.
Pero creer que una capacitación quitará el machismo de las mentes ensimismadas en continuar reproduciendo desigualdades es ingenuo; se corresponde con un pensamiento mágico que pretende borrar el machismo de un plumazo con unas pocas horas de literatura feminista. Y es que se necesita más que unos seminarios para desmentir las fórmulas patriarcales que se aprendieron y repiten generación tras generación. La cátedra patriarcal reviste tal adhesión que las capacitaciones en Ley Micaela han sido tachadas de adoctrinadoras, de imponer «ideología de género», de bajada de línea del gobierno de turno para caer de un lado u otro de la grieta. Así, la resistencia a esas capacitaciones evidencia la tamaña adhesión machista, la reacción ante los cambios para la igualdad, el miedo a perder los privilegios de varones (blancos y propietarios) y de mujeres funcionales a la opresión. Las capacitaciones per se no pueden contra esa maquinaria tan aceitada que dispara contra la perspectiva de género concibiéndola evangelizadora, pero son un fósforo más para que arda hasta consumirse el sistema que oprime, alecciona y desaparece a niñas, adolescentes, mujeres, travestis y trans en Argentina y en el mundo. Ante cursantes que asisten a zooms a regañadientes, ante la resistencia caprichosa que amenaza con amparos, más lecturas y tareas obligatorias que eduquen en igualdad y no discriminación, para un mundo más justo e igualitario, para un futuro que no necesite de estas capacitaciones.
*Abogada, magíster en Derechos Humanos y Libertades Civiles.