Cualquier cosa menos “justicia”

En los últimos días se conocieron dos informaciones que revelan un estado de indolencia inconcebible en el aparato judicial de nuestra provincia. Una de ellas, publicada por este diario ayer, se refiere a la morosidad para hacer cumplir una sentencia que obligó a un ex funcionario condenado por corrupción a devolver al tesoro público el dinero malhabido. El otro es todavía más grave: la vergonzosa prescripción de la causa que inició un trabajador contra una empresa por un espantoso accidente que lo confinó a una silla de ruedas.
El primer caso desnuda en toda su magnitud cómo la paquidérmica burocracia del Estado puede llegar a extremos de beneficiar a un funcionario venal. El cruce de reproches entre el Tribunal de Cuentas y la Cámara en lo Criminal 1 parece una burla al sentido común y a los ciudadanos de esta provincia que sostienen y pagan tan generosos sueldos a los dignatarios de la administración pública.
Hace doce años que la condena al funcionario quedó firme, que se demostró su culpabilidad, que resultó probado el uso de caudales públicos para beneficio personal, sin embargo todavía los expedientes y notificaciones siguen viajando de un organismo a otro sin que nadie se preocupe por hacer cumplir efectivamente una parte sustancial de la sentencia: la recuperación de los dineros desviados por el ex funcionario inescrupuloso. Es tan descabellado lo que ha sucedido que los señores jueces, fiscales y miembros del TdeC dan la impresión de que no les importara en absoluto cumplir con la ley sino sacarse un problema de encima. ¿Demostrarían igual nivel de pereza si en lugar de defender un bien del Estado tuvieran que defender uno propio? Resulta indignante la escasa dedicación, la molicie que han demostrado y es de esperar que esa falta de compromiso con las altas funciones que desempeñan no quede impune y se inicie una investigación para deslindar responsabilidades.
El otro caso es mucho más doloroso porque se trata de la vida de una persona condenada hasta el final de sus días a una silla de ruedas. Y porque el accidente que le provocó semejante daño físico y psicológico fue producto de la supina negligencia de quienes no señalizaron ni iluminaron una obra en una calle que la víctima se llevó por delante en horas de la noche en su motocicleta.
El vencimiento de los plazos procesales y la resolución del Superior Tribunal de Justicia de declarar la prescripción de la causa habla de un nivel de insensibilidad extremo. Todo profesional del derecho que se postule para ocupar un lugar en el Poder Judicial se entiende que debe asumir ante la sociedad el más firme compromiso de luchar por la justicia. Eso se espera de él y por eso cobran los sueldos más altos de la administración pública. El incumplimiento de los plazos procesales -en extremo holgados, como bien lo saben los ciudadanos que tienen la poca suerte de verse involucrados en alguna causa judicial- por parte de jueces y fiscales habla de niveles alarmantes de indiferencia. En este caso particular ni siquiera fueron conmovidos por un cuadro tan dramático como el de una persona joven, un modesto trabajador, que perdió su capacidad de caminar y con ella buena parte de sus posibilidades laborales a una edad tan temprana.
¿Quién controla a los que controlan? Esa es la pregunta que surge espontáneamente ante estos casos en donde la denominada “justicia” hace tan poco honor a esa palabra. Es evidente que los mecanismos conocidos -como los jurados de enjuiciamiento- no están alcanzando los objetivos que, al menos en teoría, se proponen. Es demasiado trascendente la labor del aparato judicial, también sus resoluciones y las consecuencias de sus actos, como para que queden afuera de un mecanismo más estricto de control de idoneidad y de evaluación del desempeño de los funcionarios que lo integran.

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