Dime quién te financia y te diré quién eres

EL PRO ADMITE APORTES DE CONTRATISTAS DEL ESTADO

Los aportes dudosos de la campaña de Cambiemos por parte de contratistas del Estado y la admisión de que violaron la ley por el propio apoderado del PRO evidencia la tensión entre transparencia y equidad que atraviesa a las leyes que regulan el financiamiento de los partidos.
Recientemente, el apoderado del PRO, José Torello, reconoció públicamente que su partido se financió con aportes de empresas en la campaña presidencial 2015. Casi en simultáneo, se conoció una investigación hecha por Nuestras Voces en la que se revela que el mismo partido recibió aportes de al menos ocho propietarios de empresas contratistas del Estado.
Ante todo hay que decir que ambos hechos entran en flagrante contradicción con la ley de financiamiento político (N°26.571). Sin abundar en tecnicismos, vale analizar brevemente los dos casos por separado.
1) El PRO realizó una cena en la Rural en marzo de 2015, antes del inicio de la campaña presidencial, para recaudar fondos. Fueron muchas las empresas que pagaron el costoso cubierto -cotizado en medio millón de pesos-, según consta en el balance anual presentado ante la Justicia. Ningún problema hasta aquí: los partidos, según la ley 26.571, pueden recibir aportes de empresas para solventar actividades de desenvolvimiento institucional (no para la campaña). Sin embargo, Torello admitió ante el diario La Nación que parte de los fondos recaudados en la Rural fueron utilizados para la campaña presidencial. La admisión de esta irregularidad fue justificada con un curioso razonamiento: todos los partidos incurren en este tipo de prácticas, pero el PRO es el único que, en un acto de sinceridad, lo admite. Más aún, Torello cree que, así como está, la actual ley no sirve y hay que modificarla. Curiosa ética republicana la de no cumplir la ley porque no nos gusta, una conducta que suele observarse en muchos empresarios de nuestro país cuando no pagan impuestos o fugan capitales. Cabe la pregunta: ¿el Poder Judicial reconocerá este noble gesto de sinceramiento del PRO o se ajustará a derecho y castigará el incumplimiento? Y, por último, ¿a qué actividades de campaña se destinaron los fondos recaudados en la Rural? ¿Figuran esos gastos adicionales en el informe de rendición de cuentas que presentaron ante la Justicia?
2) Las donaciones de las que da cuenta la investigación de Nuestras Voces fueron hechas a título individual y no directamente por las empresas contratistas, por lo cual, en principio, son legales (desde 2009, la ley 26.571 prohíbe aportes de empresas para la campaña, pero permite las realizadas por personas). Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral, ya en 2014, se ha pronunciado sobre una situación parecida. En un fallo de relevancia para el asunto aquí tratado, estipuló en 2014 que “no pueden pasarse por alto donaciones efectuadas por quienes tienen un vínculo relevante con personas jurídicas que carecen de capacidad legal para contribuir al financiamiento de los partidos políticos, en la medida en que a través de aquellos podría instrumentarse fácilmente una vía indirecta para la realización de un aporte prohibido. Esta eventualidad se torna aún más nítida cuando (se trata) de personas con indudable capacidad de influencia en la toma de decisiones de la organización”. La jurisprudencia es clara y manifiesta. No está de más recordar, por último, que la ley 26.571 prohíbe en todo momento -en campaña y fuera de ella- contribuciones de empresas contratistas del Estado.

Equidad y la transparencia.
Otro eje de análisis que se desprende de estas dos situaciones consiste en la discutible eficiencia del actual marco normativo para garantizar un sistema de financiamiento transparente y equitativo. ¿Tiene sentido, por ejemplo, prohibir los aportes de empresas en tiempos de campaña, pero permitirlos para otro tipo de actividades? De igual modo, ¿no genera mayor opacidad y menor transparencia prohibir aportes de empresas, pero no de empresarios o personas vinculadas directa o indirectamente a ellas? Si los aportes de empresas se terminan canalizando a través de ciudadanos desconocidos, ¿no resulta más difícil para la Justicia detectar posibles situaciones de intercambio de favores entre el político y el donante?
Las leyes sobre financiamiento político están atravesadas por una tensión entre dos objetivos igualmente prioritarios: la transparencia y la equidad. Conocer cómo se financian los partidos constituye un insumo de fundamental importancia para los votantes. A su vez, establecer condiciones equitativas entre quienes compiten por ocupar un cargo público resulta crucial para garantizar que la alternancia en el poder sea efectiva.
El problema es que muchas veces la introducción de límites, restricciones o prohibiciones, que tienen como fin generar condiciones equitativas, pueden tornarse no solamente ineficaces (básicamente porque no se cumplen) sino también hacer menos transparente todo el proceso. A la vez, legislaciones permisivas entrañan el riesgo de producir contiendas electorales sumamente desiguales, ensanchando la brecha entre candidatos ricos y pobres, y afectando así la posibilidad de acceso al poder por parte de diferentes opciones políticas.

Participación del Estado.
Desde nuestra perspectiva, este dilema puede superarse, al menos parcialmente, aumentando la participación del Estado en el sostenimiento de las actividades partidarias (ordinarias y de campaña). En tal sentido, la última reforma política, de 2009, significó un avance al disponer la exclusividad del Estado en el reparto de espacios para propaganda electoral en TV y radio. El sistema ganó en transparencia, pues los medios ya no pueden otorgar espacios audiovisuales con precios diferenciales en base a sus preferencias políticas o intereses; y en equidad, al disponer todos los partidos de espacios mínimos y máximos garantizados.
Creemos que ese camino se puede profundizar. Por ejemplo, el Estado podría garantizar espacios en TV y radio no solo -como hasta ahora- en período electoral sino durante todo el año. También se podría disponer de fondos públicos para costear la producción de los spots de campaña. Estas disposiciones podrían hacerse extensivas a las provincias -obviamente, con leyes locales, en respeto de nuestro régimen federal-, ya que ahora rigen, casi en forma exclusiva, en el ámbito nacional. Finalmente, podría pensarse esquemas de financiamiento público en medios gráficos (no solo audiovisuales).

Los CEOs al poder.
Finalmente, en un plano analítico más estrictamente político, las irregularidades en el financiamiento electoral del PRO vuelven a poner en evidencia el estrecho vínculo entre el actual partido de gobierno y los empresarios. Interesa entonces reflexionar brevemente sobre las consecuencias nocivas que ello trae aparejado para una adecuada representación de los intereses populares y, más en general, para nuestra democracia.
Así como en el terreno económico, el gobierno entiende que es el empresario el sujeto protagónico que debe reimpulsar el crecimiento, (y hacia él van dirigidas gran parte de las medidas oficiales, en desmedro de los trabajadores), en el plano político ocurre algo similar. Uno de los emblemas de la nueva gestión es la modernización estatal. ¿Con respecto a quién el Estado se encuentra rezagado? Claramente, el faro iluminador es el sector privado. El portador del cambio, entonces, es el empresario. Esta concepción explica uno de los rasgos distintivos del actual gobierno: la masiva incorporación de CEOs a distintas áreas de conducción estatal.
A poco de andar, lo obvio se ha hecho evidente. Los conflictos de intereses se multiplican. Los funcionarios deben aplicar medidas que afectan directa o indirectamente a empresas en las que hasta hace poco prestaban servicios. El aumento tarifario dispuesto por el Ministro de Energía, Juan José Aranguren (ex CEO de Shell) fue tal vez el más notorio, pero no el único. De hecho, la Oficina Anticorrupción tiene bajo estudio 22 casos de funcionarios actuales con “potenciales” conflicto de intereses, incluido el propio Presidente.

Discusión pendiente.
¿Cómo pueden estar garantizados los intereses generales de la sociedad si un gobierno se encuentra conducido por empresarios que financiaron la campaña electoral de un partido, se incorporaron luego a puestos de conducción estatal y ahora aplican desde allí medidas que benefician a las empresas en las que trabajaron previamente?
En definitiva, y para concluir, el actual marco normativo, aunque deficitario, permite castigar los incumplimientos cometidos por el PRO en el financiamiento de su última campaña. Pero más en general, estos hechos deben estimular una discusión más amplia sobre la influencia que tienen los grandes donantes en el financiamiento de la política, y las consecuencias nocivas que trae aparejado un vínculo tan estrecho entre empresarios y políticos. No se trata solamente de una cuestión legal o moral, sino esencialmente política, que afecta gravemente la calidad de nuestra democracia. (Nuestras Voces)

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