El terror de Estado

I. Los testimonios que se oyeron en el juicio de la Subzona 14 II del docente Guillermo Quartucci y del ex jefe de la policía pampeana durante la dictadura cívico-militar, Luis Enrique Baraldini, sintetizaron a la perfección los dos rostros que mostró en todo el país, y en nuestra provincia, el terrorismo de Estado: el de la víctima y el del victimario.
Quartucci, protagonista de una hazaña admirable -se fugó de Jacinto Arauz y logró huir a Bahía Blanca en una larguísima y peligrosa caminata- expuso con claridad lo que padecieron tantas víctimas de aquellos años. Básicamente la brutalidad de sus captores pero también el clima de miedo que vivía la sociedad y la presencia de delatores que acusaban ante las autoridades militares de entonces a los “subversivos” para justificar su encarcelamiento.
El sometimiento de las conciencias para aplicar un sistema represivo es típico de las dictaduras y un instrumento muy eficaz para multiplicar el efecto aterrador de un orden que no llegó por decisión política de la sociedad sino por la fuerza de las armas. Por esa razón, precisamente, es que, desde el otro lado, el ex jefe de la policía pampeana se permitió decir ante los jueces que “nadie hizo denuncias” durante aquellos años a pesar de la infinidad de casos de secuestros, detenciones arbitrarias y torturas registrados y que quedaron palmariamente demostrados en el juicio anterior.

II. Esa memoria selectiva para hablar de algunos hechos y omitir otros puede entenderse en el marco de un juicio en donde el acusado sabe que los delitos que le imputan pueden costarle muchos años de cárcel. Pero íntimamente sabe muy bien que esa posibilidad de defenderse que hoy le da la Justicia de la democracia, él no se la dio a sus víctimas de ayer. La estructura represiva de La Pampa, como la de todo el país, convirtió a las personas en rehenes inermes de la arbitrariedad. Por eso se pudo descargar sobre ellas semejantes niveles de violencia física, psicológica y moral. La impunidad que gozaron en aquellos años los grupos de tareas de policías y militares promovió ese cuadro ominoso e impidió que se alzaran “denuncias” porque, en principio, no había una Justicia funcionando como tal, y además, y nada menor, porque quien intentara realizarlas se exponía a recibir sobre sí todo el peso de ese sistema de violencia y terror estatal.
Cuando Quartucci menciona las delaciones de “notables” contra él y otros profesores del Instituto José Ingenieros de Jacinto Arauz acusándolos de “marxistas”, nos recuerda que esa sola imputación bastaba para desatar la furia represiva. Y esa violencia, a su vez, operaba para amedrentar a la sociedad en cuyo seno no faltaban quienes llegaban a justificarla. Fueron muchos los docentes pampeanos que cayeron por acusaciones como ésas, como también dirigentes políticos y sindicales, periodistas, médicos…

III. El disciplinamiento de toda una sociedad requiere de enormes dosis de violencia. Lo sabían muy bien los que introdujeron en el país la “doctrina de la seguridad nacional”, ensayada por franceses y norteamericanos en otros puntos del globo. Aquí rigió en aquellos años con su secuela de muertos y desaparecidos a una escala nunca antes vista. Por eso dice muy bien Quartucci que “no fue una guerra” sino “un genocidio”, apuntando a la propaganda de los represores que hablaba, precisamente, del “enemigo interno”. Calificándolo de esa forma policías y militares justificaban la aplicación de una violencia sin límites que no se detenía ni siquiera ante la tortura, la desaparición ni el robo de bebés. Todo estaba permitido para dominar y paralizar por el horror a una sociedad.
Este juicio, como el anterior, es una puerta abierta al pasado. Nos recuerda a los pampeanos lo que pasó cuando la democracia fue vulnerada por las armas para instalar una dictadura. Y también, de paso, a qué intereses económicos minoritarios sirvieron los que aplicaron el terrorismo de Estado.