Hoy se reprime lo que antes se aplaudía

Cuesta encontrar en la historia reciente de nuestro país un historial de insultos, amenazas y agravios públicos como el que se desplegó contra la expresidenta Cristina Kirchner. A través de las redes sociales pero también de la televisión y otros medios se disputaba una suerte de sorda competencia por ver quién superaba los límites de la violencia verbal. No pocos periodistas participaron con saña de esa pugna y aún hoy, cuando CFK abandonó la Casa Rosada, siguen ejerciendo el “periodismo de guerra” como lo bautizara un fallecido periodista del Grupo Clarín.
No es menor un dato conocido recientemente. El macrismo tomó contacto, hace algunos años, con Cambridge Analytica, la empresa acusada de operar con fake-news (noticias falsas) y campañas de destrucción masiva de imagen en procesos electorales de EE.UU. y Gran Bretaña. Un alto directivo de la compañía acaba de admitir ante el Parlamento británico que la investiga, que operaron con “tareas sucias” contra la expresidenta argentina.
Nunca hubo persecución judicial -menos policial- contra los rabiosos insultadores y amenazadores mediáticos durante el kirchnerismo. Tampoco la expresidenta ni sus funcionarios presentaron demandas judiciales a pesar del uso a gran escala de la amenaza y la mentira. Ni siquiera cuando funcionarios kirchneristas fueron agredidos a golpes en la vía pública producto del clima de hostilidad generado.
Pero las cosas cambiaron radicalmente con la llegada de Cambiemos. El nuevo gobierno impuso un clima de persecución política contra la oposición como nunca se vio desde el regreso de la democracia. El encarcelamiento sin condena -en ocasiones sin siquiera indagatoria- comenzó a implementarse como metodología de disciplinamiento al mismo tiempo que se abría la importación, desde Estados Unidos e Israel, de paquetes ideológicos y tecnológicos destinados a imponer un Estado policial.
Entre los objetivos de este frenesí represivo están los que participan en las redes sociales. Se terminó el tiempo en que cualquiera podía descargar su bronca contra las más altas autoridades políticas como ocurría habitualmente hasta 2015. Varios internautas perdieron su libertad por subir un mensaje considerado “peligroso”. Es lo que acaba de ocurrir ahora en Santa Rosa. Un exsoldado de 21 años fue encarcelado y acusado por un fiscal de cometer delitos que merecen penas de dos a seis años. Lo que escribió el joven por internet no es diferente a lo que muchos escribían de la presidenta anterior, con explícitas menciones a su muerte y con alto contenido de violencia verbal.
La diferencia es que antes esas conductas se tomaban como lo que en verdad eran: descargas emocionales, en cambio hoy se las clasifica como conductas de alta peligrosidad. Ese cambio en la tipificación de los comportamientos obedece a la nueva doctrina en materia de seguridad interior.
Todo disidente es peligroso, piensan en el macrismo y operan en consecuencia. En verdad, el mayor peligro para el estado de derecho lo constituye un gobierno intolerante y adicto a la “mano dura”. No es casual el crecimiento exponencial de las muertes provocadas por miembros de las fuerzas de seguridad.