Los morosos y la política clientelar

Las cifras publicadas esta semana dan cuenta de un fenómeno social, político y cultural que no es solo pampeano, pero que tiene fuerte raigambre en nuestra provincia. El presidente del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda indicó en declaraciones a este diario que casi el cincuenta por ciento de los beneficiarios de casas sociales son morosos, o sea, no están al día o nunca pagaron la cuota mensual por las viviendas que el Estado les otorgó. Se calcula que suman unos quince mil los adjudicatarios en esa condición. Pero la noticia no está completa si no se dice lo que se paga mensualmente: 98 pesos, en un plazo que llega a los veinte años. Es decir, el equivalente a dos o tres cargas al celular por mes, o cinco atados de cigarrillos.
El funcionario, por un lado, se ha mostrado partidario de implementar mecanismos para obligar a los morosos a pagar sus deudas. El año pasado había indicado que se estudiaba el apremio a los deudores mediante trámite judicial. Atendiendo, por supuesto, a las particularidades de cada familia, ya que estas viviendas tienen un fin social y no es lo mismo la realidad de una mujer sola, con varios hijos y un trabajo precario o informal que una persona con un empleo registrado y estable. Pero, por otra parte, sus declaraciones dan cuenta de estar un tanto resignado ante la situación que le toca afrontar, ya que luego de que se implementara el cobro automático a través del recibo de sueldo de los empleados de la administración pública -que ya estaba previsto por ley pero nunca se había puesto en práctica- y que fue todo un avance en ese sentido, apenas se mejoró la cobrabilidad en unos cuatro o cinco puntos.
Además el titular del IPAV indicó que se estudia aumentar las cuotas de las próximas viviendas a construir por Nación en La Pampa y se está pensando en un monto cercano a los 700 pesos. Es una cifra más razonable teniendo en cuenta que los beneficiarios logran acceder a una propiedad inmueble que a muchos otros les cuesta adquirir y que a la vez es una cifra accesible para los sueldos actuales. Además, esa actualización permitiría un mayor recupero económico para retroalimentar el sistema y beneficiar a los que están en la lista de la espera. De paso, no puede dejar de observarse que el congelamiento de la cuota mensual en 98 pesos que rige desde hace años no es otra cosa que una acción prebendaria, utilizada por el partido del gobierno para mantener adhesiones políticas.
El funcionario manifestó que se ha instalado, entre los más jóvenes, una “cultura del no pago”. Muchos de los beneficiados por el Estado consideran que las casas son un “regalo” o un derecho adquirido, que las paga “la política” y que por eso no le cuestan a nadie. Es indudable que esa manera de pensar y de obrar ha sido fomentada y tolerada a través de las políticas clientelares de los sucesivos gobiernos justicialistas que hace tres décadas administran la provincia.
La situación descripta y denunciada por el funcionario causa justificado malestar entre aquellos que quieren acceder a la casa propia y que para hacerlo deben tomar un crédito como el Procrear, o no pueden inscribirse porque el monto de sus sueldos o la falta de un terreno propio no se lo permiten, pero a su vez tampoco reúnen las condiciones para ser beneficiarios de las casas sociales.
Desde que asumió el cargo, el actual titular del IPAV ha intentado, debe decirse que con poco éxito, aumentar el índice de cobrabilidad de las cuotas. Ese resultado negativo obliga a preguntar si no ha tenido el suficiente respaldo en la cúpula del Poder Ejecutivo, pues de otro modo ya se hubiera podido implementar tal medida. ¿Llegarán ahora, justo en un año electoral, las anunciadas actualizaciones en las cuotas de las viviendas sociales que se construyen con dineros del tesoro público?