Paraguay: Golpe, agronegocios y muerte

Aunque muchos medios de comunicación no hablaron de golpe de Estado, lo ocurrido el pasado mes de junio en Paraguay así debe explicarse. Un pequeño país y su economía básicamente agraria fue atacado -con la violencia del poder económico- por quienes controlan la tierra y sus empresas asociadas, nacionales e internacionales, temerosas ante algunos pequeños pasos que el gobierno de Fernando Lugo quería acometer.
A partir de la asunción del gobierno de Lugo, en 2008, las contradicciones en el seno de la sociedad paraguaya tendieron a profundizarse. Si bien, al decir del economista Luis Rojas, no se puede hablar de éste como de un régimen socialista algunos eternos reclamos de la clase trabajadora, como lo relacionado a salud, sobre todo, por fin encontraron eco en una dirigencia diferente al tradicional partido incrustado en el poder desde hacía más de sesenta años: el Partido Colorado.
Pero también el gobierno depuesto por el Parlamento, el 22 de junio pasado, fue un poco más temerario de lo que se esperaba, y de ser amigo de programas de asistencialismo y de medidas populistas, pasó a tentar la ofensiva contra el poder hegemónico que representan los terratenientes, a través de la intención de recuperar las tierras robadas al Estado durante el régimen de la dictadura militar e incluso durante la tan prolongada transición democrática.
Intervenir técnica y jurídicamente los latifundios, máxima fuente de las desigualdades sociales en el Paraguay, significaba revertir la estructura agraria que permite que 85,5% de las tierras esté en manos de 2,6% de la población, elevando la concentración a un nivel de récord mundial.
Aunque hayan sido escasas las concesiones sociales, existió una notable tesitura demócrata en algunos funcionarios públicos, como el Senave, de control de semillas, la SEAM, de medioambiente, y el Indert, que rige la cuestión de tierras y desarrollo rural. Desde entonces, la guerra desatada a través de los medios de la oligarquía denunciaba como un atropello -insólito e inconcebible- el cumplimiento de las normativas ambientales y constitucionales que regulan el espíritu de estas secretarías del Estado: sojeros, ganaderos, latifundistas eran todos uno a la hora de ser medidos con la vara de la ley.
Y estos sojeros, ganaderos y latifundistas, aliados a los medios empresariales de comunicación, el Parlamento, la Corte Suprema y las corporaciones multinacionales y de agronegocios con interés en acceder a los bienes naturales del Paraguay, sentenciaron a muerte el proceso democrático del cambio a través de un burdo juicio político al presidente democrático e instalando en el poder al que fuera su vicepresidente, el liberal y conservador Federico Franco, abiertamente contrario a las resoluciones de Lugo y sus ministros, y simpatizante -y miembro, a la vez- de esa burguesía local, que se sentía cada vez más incómoda con el representante del Ejecutivo.
La hora más sombría de esta historia reciente tiene nombre: Marina Cué. En el interior de Campos Morombí SA en la localidad de Marina Cué, una empresa sospechosa de estar asentada en tierras malhabidas y, por lo tanto, con años intentando su recuperación por el campesinado organizado, se dio la masacre de Curuguaty que terminó con la vida de once campesinos sin tierra y seis policías, en un confuso episodio de desalojo, el 15 de junio pasado.
La lucha por la tierra en Paraguay acumula muchos cadáveres de luchadores y luchadoras que han bregado por mayor acceso a la justicia social, pero, de una sola vez, tantas muertes sólo se recuerdan durante los más crudos pasajes de la represión stronista a las Ligas Agrarias Cristianas, en 1976.
Los acontecimientos registrados en Curuguaty fueron el detonante de la crisis política que catapultó a Franco al poder, tras derrocar al presidente Lugo y tras truncar el proceso de cambio. Hoy día, el gobierno de facto trata por todos los medios a su alcance de que la población olvide lo ocurrido en Marina Cué. Los reclamos de las familias que allí sobreviven no han sido tenidos en consideración, más allá que ante las cámaras y ante el micrófono: todavía esperan que su comunidad se convierta en asentamiento, así como la liberación de 12 detenidos y 42 imputados, y la indemnización por parte del Estado.
(Rebelión)