Persecución política

I. Ayer el país amaneció con una operación de detenciones a dirigentes de la oposición como nunca se viera desde la recuperación de la democracia. La ex presidenta Cristina Kirchner se salvó por sus fueros legislativos si no también estaría tras las rejas pues el juez Claudio Bonadío solicitó -cuando no- su prisión preventiva. También el ex canciller Héctor Timerman pudo eludir la irracional medida a causa de su conocida enfermedad. Pero el ex candidato presidencial Carlos Zanini y los dirigentes Luis D’Elía, Fernando Esteche y Yussuf Kalil fueron detenidos y puestos a disposición del juez, todos por la causa que investiga el memorándum con Iran.
A esta altura los argentinos que se preocupan por estar medianamente informados saben que esa causa que instruye el juez de la servilleta de Corach y que hoy se ha convertido en el mastín del macrismo para hostigar a la oposición es un disparate jurídico sin ningún sustento técnico. La figura de “traición a la patria” es una patraña tan endeble que no hay jurista que no se horrorice cuando se lo consulta al respecto.
Hace varias semanas el periodista Jorge Asis había adelantado una información que pasó desapercibida entre el ruido de las elecciones legislativas y en el deliberado silencio de los medios oficialistas. Asis habló en esa oportunidad de una comunicación telefónica entre Héctor Magnetto y Bonadío en la cual el CEO del Grupo Clarín le reclamaba la detención de la ex presidenta. Lo que en aquel momento podía parecer una osadía del periodista hoy se cristaliza en los hechos.

II. Lo positivo de esta peligrosa deriva institucional fue la reacción inmediata de buena parte del arco político y de la conducción nacional del PJ; y también la movilización multitudinaria que se convocó de urgencia para expresar un profundo repudio ante semejante atropello político-judicial. Un dirigente nada combativo ni cercano a la ex presidenta soltó una comparación: “si a Cristina se la acusa de encubrir a los iraníes con el memorándum, a Alfonsín se lo hubiera podido acusar de encubrir a la dictadura con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”. La analogía es pertinente e involucra en ambos casos leyes del Congreso de la Nación.
Esta muestra de revanchismo contra la ex presidenta y sus colaboradores tiene varios impulsores y claros beneficiarios: el propio oficialismo, el poder económico concentrado sobre todo el mediático y una caterva de figuras políticas menores movidas por el rencor y el afán de ganar puntos ante los poderosos que aborrecen el “populismo” y su máxima figura. Pero ese resentimiento no podría concretarse en actos si no estuviera a disposición una estructura judicial servil con personajes que no merecen ocupar la alta responsabilidad institucional -pero también ética- de la judicatura. La justicia federal anclada en Buenos Aires se ha degradado hasta convertirse en un mero vehículo de operaciones oscuras destinadas a perseguir y disciplinar a la oposición política, llegando al extremo de encarcelar sin condena.

III. Hoy en la Argentina se ha vuelto peligroso ejercer la crítica al gobierno. Muchos periodistas han sido desplazados de sus espacios televisivos y radiales por no sumarse a las voces complacientes del coro que aturde desde los grandes medios; el más reconocido periodista de investigación -Horacio Vertitsky- se alejó del diario en donde escribía desde hace 30 años para liberar de la persecución a sus propietarios; muchos dirigentes gremiales son hostigados con los ya conocidos “carpetazos” o con la intervención a sus sindicatos; dirigentes sociales también sufren el acoso político y mediático por no subordinarse a las voces de mando; la pauta publicitaria de los medios se maneja de acuerdo a la línea editorial que ejercen y, lo más grave de todo, las manifestaciones de protesta social pueden terminar con muertos en manos de las fuerzas de seguridad.
Y después los funcionarios del gobierno nacional se enojan cuando se alerta por la degradación del estado de derecho.