Rebeldía contra una justicia domesticada

Mauricio Macri faltó cuatro veces a declarar por la causa UCEP (violencia y maltrato contra indigentes que vivían en la calle en la ciudad de Buenos Aires). Fernando De la Rúa se ausentó cinco veces a la indagatoria por la trágica represión de 2001. El banquero David Mulford (quien estafó al Estado nacional por miles de millones de dólares en el recordado Megacanje) faltó a cuatro indagatorias antes de que el juez pidiera su captura internacional. Son ejemplos resonantes pero no los únicos. Hay quienes tienen un trato privilegiado en la Justicia clasista de nuestro país. El fiscal que protagonizó el papelón haciendo pozos en busca de bolsos con dinero en el sur patagónico lleva años pisando la causa Papel Prensa y sin citar siquiera una vez a Héctor Magnetto. Los ejemplos son tantos que abrumarían al lector.
Por estos antecedentes resultó mucho más ofensivo el intento de detener a Hebe de Bonafini justo el día y la hora en que se estaba realizando la marcha de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo. El juez se permitió ese nivel de desprecio hacia la ceremonia política más importante de la historia argentina reciente que tiene por lo demás una trascendencia internacional única, como único es el reconocimiento a las Madres en todo el mundo por su lucha ejemplar contra los gobiernos despóticos. Pero el juez no procedió así por descuido o por iniciativa personal. El encarna un pensamiento que es dominante en el Poder Judicial, una arquitectura ideológica que descansa en bases sólidas y que marca a fuego su desempeño. El menos popular de los poderes del Estado avala y reproduce una perspectiva de clase en sus dictámenes. El vergonzoso caso de Milagro Sala en Jujuy, presa en condiciones humillantes y sin condena, es otro claro ejemplo de cómo los tribunales pueden manipularse políticamente hasta degradarse en procedimientos inquisitoriales.
Las Madres de Plaza de Mayo son las que iniciaron la causa y se presentaron como querellantes para investigar el gran fraude de Sueños Compartidos aportando pruebas y testimonios. Son ellas las principales estafadas por oportunistas inescrupulosos y funcionarios corruptos. Sus vidas públicas y privadas, modestísimas y libres de lujos y ostentaciones hablan de ellas con absoluta transparencia. Por eso la encarnizada persecución judicial parece obra de una Justicia domesticada por el poder mediático y económico antes que por el sincero interés de buscar la verdad.
Esta Justicia que pretende detener a Hebe de Bonafini, que tiene más de noventa años, es la misma que ahora está liberando a los genocidas de la dictadura militar con el pretexto de que tienen una “edad excesiva” para estar encarcelados. Es todo demasiado burdo como para no advertir a simple vista la ideología que campea detrás de estas decisiones. Los grandes medios fogonean la persecución judicial contra quien desafíe los intereses de la gran alianza empresaria que hoy gobierna el país. Los ataques judiciales contra los más altos dirigentes y funcionarios del gobierno anterior responden a ese mismo mandato. La reapertura de causas grotescas como la acusación contra le ex presidenta por la muerte del fiscal Nisman o por encubrir la presunta participación iraní en el atentado a la AMIA son los ejemplos más evidentes.
La rebeldía de Bonafini es mucho más que un enfrentamiento con el juez que la persigue. La estatura moral y política de ambos es incomparable. La dirigente de Madres ya es considerada, y con toda justicia, como una de las figuras más relevantes de la historia política y social argentina, el máximo emblema de la resistencia a una de las dictaduras más sangrientas del planeta. Su señoría, en cambio, no es más que una pieza de tercer o cuarto orden en el engranaje de un poder de Estado que siempre tuvo debilidad por los poderosos, tanto bajo gobiernos civiles como militares.