Respaldo político nacional al Coirco

El siempre problemático manejo de los recursos hídricos vinculados con nuestra provincia ha cobrado nuevas aristas, que podrían calificarse al menos como inesperadas. Por una parte la cumbre del Coirco, prevista anualmente por el Tratado del río Colorado y a efectuarse por los gobernadores de la cuenca y el ministro del Interior, quedó sin concretarse una vez más. El hecho no es sorprendente porque desde hace tiempo ha quedado reducido a un formalismo aceptado con resignación.
Pero lo más llamativo es que este año había dos temas candentes para debatir en el organismo: la proyectada represa de Portezuelo del Viento y su manejo -que Mendoza pretende en exclusividad-, con los correspondientes estudios ambientales, y los avatares del llamado Tapón de Alonso, una obra menor que, en virtud de los caprichos de la naturaleza, ha pasado a tener gran relevancia en los riesgos de salinización del río Colorado, cuyo valle inferior -no lo olvidemos- es la más extensa zona bajo riego del país.
En realidad el desorden que campea en la cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó había llevado a dos provincias de la cuenca del Colorado (al que tributa el sistema anterior), Río Negro y Buenos Aires, a presentar planteos ante la Corte Suprema de Justicia nada amigables con La Pampa, ya que la pretenden convertir sin demasiados preámbulos en receptora del pasivo ambiental de las sales que acarrea el río. Sin embargo había en esos reclamos un aspecto positivo nada menor sobre el que nuestra provincia viene reclamando en soledad desde hace muchos años: la necesidad de crear un organismo de cuenca que entienda y administre el sistema, iniciativa que fue invariablemente rechazada y denigrada por las provincias arribeñas: San Juan y Mendoza. El tratamiento del problema en el Coirco hubiera sido la mejor alternativa pero la desaparición del riesgo de que las aguas del Curacó alcancen el Colorado volvió a restarle importancia al tema y las provincias querellantes prefirieron dejar que, ya en etapa de judicialización, siga su curso. Algo que en los hechos equivale a una postergación sine die de la cuestión del comité de cuenca.
Lo notable -y hasta cierto punto inesperado- es que, en momentos en que a nivel nacional parecía haberse dado vía libre al proyecto mendocino de Portezuelo del Viento, inclusive con la previsión presupuestaria de varios miles de millones de pesos, acaba de surgir una alternativa inesperada y desde el más alto nivel gubernamental: el ministro del Interior expresó que existe una decisión de su cartera de no avanzar en obras sobre los ríos sin contar con el aval de las provincias que integran la cuenca. La afirmación, conocida aquí a través de un diputado nacional pampeano, tiene connotaciones políticas muy significativas. Al tiempo que implica un respaldo a la autoridad del Coirco en el tema, deja a Mendoza condicionada a un acuerdo con los demás Estados provinciales, como debe ser.
Es posible que en las declaraciones del funcionario, que no armonizan con lo que venían acordando hasta ahora Mendoza y el Ejecutivo nacional, esté pesando la acción política de los regantes rionegrinos y bonaerenses quienes en sus últimas asambleas parecían haber comprendido que el problema no radicaba en la mala voluntad de La Pampa sino en la falta de un manejo armónico de todo el sistema fluvial.
Por ahora son solo palabras y resta ver si existe voluntad política de sostenerlas en los hechos. Los pampeanos estamos curados de espanto en tantas décadas de escuchar promesas nunca materializadas. Lo que esta vez permite reavivar alguna esperanza es que fue el ministro político del gobierno nacional el que puso el tema sobre la mesa al hablar de la “institucionalidad” de las cuencas del país.

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