Saldando una deuda

Una deuda del Estado provincial con las cooperativas eléctricas pampeanas estaría por saldarse en estos días. Se trata de la situación legal de las columnas del alumbrado público que fabrican, instalan y mantienen las entidades solidarias de su propio presupuesto y que el gobernador saliente puso en situación de litigio al decretar que eran propiedad del Estado.
Las cooperativas nunca aceptaron esa disposición manu militari del ex mandatario y reclamaron lo que legítimamente les corresponde. Nunca se brindó una explicación racional para justificar esa medida de fuerte carácter anticooperativo de la anterior administración que constituyó una anomalía en todo el país y que significó un manotazo confiscatorio contra las entidades de economía solidaria. En su campaña, el actual gobernador había prometido que iba a resolver este conflicto artificial porque “la ley le da la razón a las cooperativas”, según sus propias palabras.
No viene al caso reiterar aquí, por enésima vez, la montaña de argumentaciones que favorecen a las cooperativas, pero sí volver a insistir en una situación que cuesta mucho hacer ver a las sucesivas administraciones justicialistas que han gobernado esta provincia desde 1983 y que, con mayor o menor énfasis, han mantenido una inexplicable política de hostilidad hacia el movimiento cooperativo.
Hoy todo indica que esos desencuentros están llegando a su fin y que va a comenzar una etapa distinta en donde Estado y cooperativas cristalicen al fin la esperada, y tantas veces postergada, alianza estratégica en favor del desarrollo provincial. Las cooperativas son preexistentes al Estado pampeano y tienen una larga y fructífera trayectoria. Como exponentes de la economía solidaria están gobernadas por sus propios usuarios que son, también, los ciudadanos de esta provincia. Más coincidencias entre ambas partes, imposible.
Este gesto alentador en el inicio mismo de la flamante gestión, sería un buen primer paso para profundizar una relación que nunca debió ser maltratada.

Otra desmentida
El caso de los docentes de 25 de Mayo privados de su libertad mientras se investigan los presuntos abusos sexuales a niños de uno de los jardines de infantes de la localidad está alcanzando dimensiones preocupantes. Ahora se conoció, a través de este diario, el testimonio de una persona que viene a desmentir al testigo de identidad reservada que había imputado a docentes de la escuela en donde funcionaba el JIN 12. La mujer, que es profesora de nivel secundario y trabajaba en el establecimiento, es a la vez tía de una de las maestras detenidas y pidió declarar aunque le fue negado ese trámite. Solicitó tal medida al sentirse involucrada directamente con la acusación de aquel testigo innominado.
A medida que pasa el tiempo se suman testimonios y peritajes que tienden a refutar las revelaciones iniciales y en consecuencia a debilitar los indicios que apuntan a los trabajadores de la educación privados de su libertad. En tanto parece cobrar mayor relevancia el ambiente familiar de los pequeños que habrían sido objeto de situaciones de abuso sexual. Una suerte de obstinación metodológica y de presiones sociales fogoneadas por algunos sectores políticos de la comunidad de 25 de Mayo tiende a enturbiar las cosas antes que aclararlas.
Lo que más llama la atención es el mantenimiento de la privación de la libertad a personas que no tienen antecedentes policiales ni denuncias en su contra durante su extensa trayectoria profesional. Las posibilidades de fuga o de entorpecimiento de las investigaciones son casi nulas en estos imputados, por lo cual es legítimo preguntarse acerca de las razones de los investigadores para dejarlos en esa situación hasta la sustanciación de las audiencias.