Súbito, pero tardío, despertar dialoguista

El cambio de orientación registrado últimamente en muchas opiniones mendocinas sobre el tema río Atuel, sorprendió primero y se hizo evidente después a partir del anuncio pampeano de un nuevo juicio contra la provincia cuyana en la Corte Suprema.
La siempre negativa experiencia de los tratos y convenios con Mendoza sugiere pensar que no sería raro que este súbito cambio de opinión obedeciera a dos razones: la primera, ya frustrada, hubiera sido impedir que se llegara al juicio (lo dijeron varios funcionarios, el gobernador cuyano entre ellos) y volver a entablar negociaciones que -los pampeanos ya lo sabemos- se vuelven bizantinas, infinitas e inconducentes. La otra razón es conseguir ligar el tema Atuel con el trasvase de agua del río Grande, al tiempo que La Pampa no obstaculice cualquier cambio o emprendimiento al respecto.
Resulta evidente que en la provincia arribeña hay dos sectores divididos por el tema. Por un lado está el del norte capitalino, más político y analítico, que advierte los riegos de perder un juicio como éste, especialmente por las nuevas concepciones de la jurisprudencia en cuanto al daño ambiental, que en este caso tiene pruebas incontrovertibles. Con una concepción opuesta, cerrada y cebada en años de disponer del agua a su antojo, se ubica la opinión más difundida en el oasis sur -San Rafael, General Alvear y aledaños- que “por la razón a la fuerza” niegan cualquier derecho y caudales consecuentes a La Pampa.
De allí que, en quienes siguen de cerca el problema, hayan causado relativa sorpresa las manifestaciones del presidente de la Cámara de Diputado mendocina, quien se despachó diciendo que “Hay que ser muy serios en esto y un río de carácter interprovincial se comparte, le guste o no le gusta a algunos ciudadanos de Mendoza”. Después, y como era de esperar, abogó por un acuerdo para el que “nunca es tarde” y contra un juicio que va a concluir en un siglo más de postergaciones. Como al pasar volvió a ensalzar un posible acuerdo que, cómo no, debería armonizarse con Portezuelo del Viento y un trasvase a partir de esa obra.
Se advierte que la conclusión del diputado cuyano, aunque sorprendentemente innovadora para con los derechos pampeanos y concediéndole un margen de buena fe, atrasa una o dos décadas. Salvo que haya tenido una iluminación súbita del problema no se comprende por qué no lo planteó antes de esa manera, especialmente cuando la legislatura tuvo oportunidad de discutir al respecto. Sus declaraciones, que llegan a reconocer que a La Pampa no le quedó otro camino que la demanda, también parecen estar tocadas de alguna relación con la interna política de su provincia.
De paso, la insistente idea de la inutilidad del juicio y la conveniencia de volver a las negociaciones, bien mirado podría pensarse que no es más que una variante de la política mendocina calificada popularmente como “de la zanahoria y el palo”.
El gobierno pampeano, después de tantas vacilaciones y tiempo desoyendo el pedido de la sociedad pampeana, ha resuelto iniciar un nuevo juicio. Como la suerte está echada, ahora tiene que hacer oídos sordos a cualquier sugerencia o posibilidad que implique desistir de esa postura.