Un bochorno

A pocas horas de una sentencia que obliga al Ministerio de Seguridad a levantar la censura sobre la información policial este diario reveló que se falsearon las estadísticas sobre los muertos en accidentes de tránsito en el mes de octubre. El organismo informó que en ese lapso se registraron solo dos víctimas fatales cuando LA ARENA dio cuenta de siete. La diferencia es demasiado grosera como para ser atribuida a un error y desnuda lo frágil que resulta el sistema de ocultamiento pergeñado por el titular de la cartera que es responsable de la seguridad de la ciudadanía.
Para aventar suspicacias y que no queden dudas en una cuestión tan sensible como el de la muerte de tantas personas, este diario informó, detalladamente, cada uno de los casos aportando los datos concretos de cada accidente, la identidad de los involucrados y las circunstancias en que tuvieron lugar.
Quedó así demostrado que existe una evidente manipulación por parte del ministerio, lo cual constituye un hecho de inusitada gravedad pues se trata de información de carácter público como muy bien lo señaló la jueza en su reciente sentencia. La Constitución obliga a los poderes del Estado a informar sobre su desenvolvimiento. Es uno de los pilares fundamentales de la democracia pues ésta únicamente puede prosperar si los ciudadanos están informados sobre lo que sucede en la esfera pública. El derecho a la información hoy está considerado uno de los derechos humanos básicos en nuestro país y en todo el mundo. A tal punto que los Estados que lo vulneran son motivo de repudio internacional y hasta de sanciones.
El gobierno pampeano debería tomar nota de lo que está sucediendo porque de persistir con la censura en la información relativa a la seguridad solo va a continuar sumando bochornos -como éste que se acaba de conocer-, sentencias en contra -como la que acaba de sufrir- y hasta se expone innecesariamente a condenas políticas por obstaculizar la libre circulación de la información pública.

Marcha atrás
Horas de zozobra están atravesando 350 familias de nuestra ciudad a causa de la suspensión de actividades de la planta fabril de Alpargatas ubicada en el parque industrial. Una medida similar había adoptado la firma durante el invierno aunque aquella vez duró solo dos semanas y ahora será por más de dos meses.
Las razones hay que buscarlas en dos factores combinados: la gran caída del consumo que lleva diez meses seguidos como lo vienen denunciando varias entidades empresariales y la apertura de las importaciones que ha inundado el mercado nacional con productos extranjeros fabricados con mano de obra semiesclava. Así, la política económica del gobierno de Cambiemos, con el libreto neoliberal en la mano, sigue provocando gravísimos daños a la economía del país, afectando especialmente a las empresas que viven del mercado interno, es decir, del consumo de los sectores populares.
La gran pérdida de los salarios frente a la inflación está deprimiendo la actividad económica a velocidades nunca vistas. Los despidos y suspensiones se multiplican en todo el territorio nacional ante la indiferencia del gobierno que insiste con sus medidas fondomonetaristas de ajuste y endeudamiento del país.
En contraste con la castigada actividad manufacturera, que es la principal generadora de puestos de trabajo, se ha beneficiado extraordinariamente a la actividad primaria, a la gran minería y a las finanzas con lo cual se está afectando también el incipiente desarrollo industrial que había comenzado a desarrollarse en los últimos años. Esta reprimarización de la economía apunta en sentido contrario al de la pretendida "pobreza cero" que dice buscar el gobierno. Con menos industrias será imposible sostener altos niveles de empleo y salarios dignos, lo cual es imprescindible para combatir la pobreza.