Una demora inexplicable

La falta de correspondencia entre los anuncios y las realizaciones es uno de los problemas básicos de la burocracia estatal. No reconoce fronteras geográficas ni jurisdiccionales porque es una enfermedad que afecta al quehacer público a nivel nacional, provincial y municipal y no hay sitio en el territorio del país que esté libre de ella.
Nuestra provincia no es la excepción y muestra también ejemplos dignos de destacarse. Por estos días un diputado y un fiscal, cada uno por su lado, pusieron el dedo en la llaga y revelaron que en materia de violencia de género hay deudas que el Estado provincial no ha cumplido.
La demora en poner en funcionamiento la Oficina de Violencia Doméstica bajo la órbita del Superior Tribunal de Justicia aparece como uno de esos lunares. Un diputado provincial de la oposición hizo la revelación y elevó un pedido de informes para conocer las causas de la omisión. El legislador se reunió en Buenos Aires con la única jueza mujer de la Corte Suprema de Justicia y allí pudo apreciar los logros obtenidos por la OVD que cumple funciones en el ámbito del máximo tribunal nacional.
Por su parte, un fiscal reveló que en menos de un año se registraron 1.500 denuncias de casos de violencia familiar y de género. En su exposición ante diputados de la Legislatura provincial, el funcionario judicial hizo saber que la estructura profesional dispuesta para atender la también grave problemática del victimario, como lo ordena la legislación vigente, es muy deficiente.
A pocos días de que el país se movilizara bajo la consigna “Ni una menos” se conocen estas falencias que no hablan muy bien de la preocupación por poner en acciones lo que se dice en los discursos. La burocracia parece un organismo vivo cuya finalidad principal no es materializar las políticas que se adoptan en los escalones superiores del poder político sino edificar obstáculos. En este caso estamos nuevamente ante un problema muy antiguo: los tiempos que se toma el Poder Judicial para atender las demandas de la sociedad.
Ni siquiera para dar una respuesta al requerimiento público de un legislador, en ese poder del Estado se sienten urgidos por informar sobre las razones -o sinrazones- que han obrado para que la oficina en cuestión siga siendo una promesa antes que una realidad. La violencia de género es un tema candente, que está muy activo en el debate público, que genera movilizaciones multitudinarias como pocas otras cuestiones. Sin embargo parece no alcanzar para que la cúpula del Poder Judicial despierte y, si no ha cumplido en término con poner en marcha una dependencia tan necesaria, al menos responda ante una opinión pública interpelada por un flagelo que, como dijo el fiscal, se manifiesta tan crudamente en todos los ámbitos sociales como lo pone al descubierto la gran cantidad de denuncias que se reciben en el Estado.
La OVD fue creada oficialmente, se establecieron sus competencias, tiene un lugar asignado en la Ciudad Judicial, también fue nombrado, y capacitado, el equipo profesional que se desempeñará allí. Pero nada de eso sirve si no abre sus puertas y empieza a funcionar.

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