A la sombra de un modelo de securitización

El modelo de securitización funciona para estos proyectos neoconservadores nacionalistas para alentar y construir teórica y fácticamente una sociedad de control y vigilancia.

 

Por Paula Giménez y Matías Caciabue

 

El reciente triunfo de Nayib Bukele en El Salvador y el desembarco del Comando Sur en Ecuador tras la crisis que desató el conflicto entre bandas narcotraficantes, revelan la expansión en Latinoamérica de un modelo que propone la resolución del problema de la seguridad a partir de la aplicación de mecanismos de vigilancia, injerencia y control.

 

Mayores poderes a las fuerzas públicas del orden y facultades extraordinarias a los presidentes bajo estados de excepción permanente, son algunos de los condimentos de esta propuesta que amenaza de muerte a la democracia, además de abrir la puerta a la intervención extranjera para el control de los territorios. Un objetivo nada desdeñable para los proyectos económicos que se disputan los recursos que abundan en Latinoamérica.

 

Hace escasos días, al anunciar un triunfo electoral que no solo le aportó más del 90 % de los escaños en el parlamento, sino que proclamó la extinción de los partidos opositores, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, hizo público su ofrecimiento al Gobierno argentino de Javier Milei para colaborar en temas de seguridad aunque, según observó, Argentina no necesita medidas "tan drásticas" como las aplicadas en El Salvador.

 

El Plan de Control Territorial, es el programa que ha llevado adelante el presidente salvadoreño para el control de los centros penales, la interrupción del financiamiento al crimen organizado y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. A través de videos que parecen producciones hollywoodenses le mostró al mundo su proyecto de seguridad: fases de ejecución con planes confidenciales, acciones de control territorial, restauración de las fuerzas de seguridad, cercamiento de grandes centros urbanos y la construcción de una mega cárcel famosa con capacidad para albergar a unas 40.000 personas.

 

En 2021, cerca de su inauguración, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, definió a la mega prisión de El Salvador, conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo, como un "campo de concentración que da escalofríos", pero que dispara "popularidades". El presidente colombiano afirmó en ese entonces que Colombia también había logrado reducir su tasa de homicidios, "pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre".

 

El modelo bukele ha logrado, según números oficiales, disminuir los homicidios pero también ha implicado miles de detenciones masivas, violaciones de derechos civiles y arrestos arbitrarios.

 

En marzo del 2022 se adjudicó a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 la matanza de 87 salvadoreños en un fin de semana. Frente a este hecho, Bukele puso a jugar su Asamblea Legislativa para establecer por Decreto el “Estado de Excepción”, el cual fue prorrogado 22 veces hasta la fecha.

 

El punitivismo como política represiva ejecutado es un indicador, no solo de la continuidad, sino de la profundización del modelo neoliberal en un proyecto de país que no ofrece mucho más a las clases populares empobrecidas de manera progresiva por un espiral inflacionario sin límites y una matriz productiva primaria y dependiente de su principal socio económico, Estados Unidos.

 

El caso ecuatoriano

 

Ecuador vive una crisis de seguridad que se ha ido agudizando desde 2021 hasta constituirse, en el 2023, en uno de los países más peligrosos del continente. La guerra de fondo entre las bandas narcotraficantes que se expresa en las muertes, asesinatos y violencia extrema es en realidad el control interno de las cárceles y el control externo de las rutas de la cocaína hacia Europa y EE.UU. Frente a estas realidades aparece el factor común entre los gobiernos que aplican el modelo de control punitivista a la vez que recurren al gobierno norteamericano para solicitar “cooperación”. El 22 de enero, una misión estadounidense visitó Quito y se reunió con el Presidente para acordar los términos de la cooperación entre ambos países en materia de seguridad. En los días que siguieron, la Corte Constitucional aprobó dos tratados de cooperación militar con Estados Unidos: uno general relacionado con su presencia en territorio nacional y otro específico sobre la colaboración en el área marítima. En ambos casos, la mayoría de los jueces constitucionales consideró que no hacía falta que estos tratados fueran aprobados por la Asamblea Nacional, según informaron medios locales.

 

La Asambleísta Nacional por la Revolución Ciudadana, Esther Cuesta, denunció, en una entrevista con el programa Nodal se Prende la creación de una situación de shock por parte del presidente para justificar la implementación de medidas neoliberales que profundiza la situación de pobreza y que se sufre más del 50% de la población en Ecuador.

 

La respuesta a la crisis sistémica

 

El Salvador de Bukele resulta ser el proyecto más desarrollado en materia de securitización, junto a otros actores regionales como Daniel Noboa en Ecuador, Javier Milei, en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil, quienes personifican la línea conservadora más radicalizada, que se caracteriza por darle un lugar central a las redes sociales con sus tendencias irónicas, tener una presencia carismática y performática, espectacularizar sus políticas en las diversas plataformas y alentar el control social.

 

El modelo de securitización funciona para estos proyectos neoconservadores nacionalistas para alentar y construir teórica y fácticamente una sociedad de control y vigilancia, mediante el ejercicio del poder a través del disciplinamiento y la espectacularización de la realidad.

 

El avance de la digitalización y financiarización de la economía que tuvo como catalizador la pandemia de Covid-19, ha dejado como saldo altos niveles de concentración de la riqueza en un puñado de actores económicos, dedicados a los sectores rentables de esta época digital y volcada a la industria del conocimiento.

 

La miseria, la sobreexplotación y la exclusión de las inmensas mayorías sociales, mientras una Aristocracia Financiera y Tecnológica concentra las riquezas a una escala planetaria, impacta en la deslegitimación total de las instituciones políticas y de la democracia como sistema, abriendo paso a la entronización de proyectos neoconservadoras y neofascistas.

 

Así el punitivismo como política represiva frente a la seguridad desde una perspectiva que considere la integralidad humana está primando, en la región. Sin apuntar a intervenir sobre las causas profundas del conflicto este modelo se enfoca en el ataque a las consecuencias, reforzando la constitución de una sociedad de control enmarcada en el Estado policíaco global.