Una necesidad sin lugar para especulaciones

La denuncia incluye el cargo por mal desempeño, por el desfinanciamiento de la educación pública y también por su errática política exterior y su deficiente cuidado de la soberanía territorial.

 

JOSE ALBARRACIN

 

El lunes pasado quedó formalmente iniciado, en la Cámara de Diputados, un proceso de juicio político contra el presidente Javier Milei, presentado por un grupo de personalidades de gran peso moral y científico, incluyendo al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el politólogo Atilio Borón, la socióloga Dora Barrancos y la Madre de Plaza de Mayo, Taty Almeyda. En la denuncia se lo acusa de mal desempeño en sus funciones, pero además, de la comisión de una serie de delitos graves para cualquier ciudadano, y tanto más, para un presidente.

 

Necesidad.

 

El derrotero del trámite parece incierto, y desde luego, está abierto a especulaciones sobre si conseguirán los votos necesarios para avanzar. El esquema diseñado en la Constitución prevé que Diputados actúe como sala acusadora, en tanto el Senado tendría, pasada esa primera etapa, la facultad de juzgar si se dan las condiciones para el enjuiciamiento, que podría derivar en la destitución del acusado. Como se ve, se trata de una herramienta prevista en nuestro orden constitucional, por lo que mal puede hablarse, en este caso, de un intento golpista.

 

La gota que rebalsó el vaso, seguramente, fue el discurso pronunciado por el presidente, la semana pasada, en ocasión del llamado Foro Llao Llao, que tuvo lugar en Bariloche, y que reunió a buena parte de los empresarios más ricos del país, incluyendo a Marcos Galperin (Mercado Libre) y Cristiano Ratazzi (Fiat) entre otros.

 

En la ocasión, Milei se refirió a los que fugan divisas del país como "héroes": "El que fuga es un héroe, no importa de dónde venga la plata, es decir logró escaparse de las garras del Estado. Ustedes se ríen pero yo lo veo así, digamos que le recomendarías a tu cliente, digo yo ahora me pongo el traje de economista 'comprá dólares', después figura como fuga. Y la verdad que si lo compran en negro mejor. Porque así no tienen que pagar un montón de impuestos estúpidos".

 

Denuncia.

 

Estas expresiones ya le valieron una denuncia penal, presentada por el ex juez y camarista federal Eduardo Freiler, para quien al pronunciarse de tal modo, el presidente incurrió en los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP); violación de la ley 25.188 de Ética Pública en sus art. 2 inc a y c y art. 3 e instigación a cometer delitos (art. 209 CP); además del de apología de delito (art. 213 CP) por pregonar la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos (arts. 260 y 261 CP); de Lavado de Activos y violación al Régimen Penal Cambiario".

 

A decir verdad, cabría preguntarse -teniendo en cuenta que el auditorio, en lugar de indignarse, respondió con risas a este exabrupto- si en realidad lo que se reunió en el Llao Llao no fue una suerte de asociación ilícita. Y también, si los fiscales y demás funcionarios que tomaron conocimiento de estos dichos sin formular sus propias denuncias, no incurrieron en incumplimiento de sus deberes como funcionarios: ¿Cómo podrán perseguir estos delitos si la máxima autoridad nacional los convalida y elogia?

 

Y es que, por si no fuera bastante grave justificar la actitud de llevarse activos monetarios del país, la mención de "no importa de dónde venga" ese dinero, da a entender que también se considera encomiable la evasión fiscal o el lavado de divisas. Se trata de delitos que prevén graves penas privativas de la libertad, y que resultan particularmente execrables, en cuanto representan atentar contra los recursos del fisco que el presidente se comprometió a cuidar al jurar el cargo.

 

Desempeño.

 

El pedido de juicio político -que también firman el constitucionalista Eduardo Barcesat y el ex juez Carlos Rozansky- incluye entre las causales del mal desempeño funcional plasmado en el decreto "de necesidad y urgencia" 70/23, por el cual se dispuso una indiscriminada desregulación de la economía, modificando ilegalmente varias leyes del Congreso, y comprometiendo en el camino varios derechos constitucionales.

 

También le imputan los delitos de "abandono de personas" y de "incumplimiento de deberes de funcionario público" por desfinanciar el Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, y la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (la Dadse) encargada de subsidiar la compra de medicamentos oncológicos, medida esta última que habría provocado ya la muerte de seis personas.

 

La denuncia también incluye el cargo por mal desempeño, por el desfinanciamiento de la educación pública -que acaba de propinarle al gobierno un fuerte revés con la multitudinaria marcha del martes- y también por su errática política exterior, y su deficiente cuidado de la soberanía territorial.

 

En la petición de juicio político -a la cual se puede adherir a través de la página web https://www.peticiones.ar/juicio_politico_a_javier_milei#sign- no se incluyen cuestionamientos relativos a la salud mental del presidente, lo que indicaría que se optó por una fórmula técnica, basada en hechos concretos y públicos, antes que especular sobre el estado de capacidad intelectual de la persona, que resulta materia opinable.

 

Lo que sí se dejó abierto es la posibilidad de que el juzgamiento incluya a otros funcionarios por debajo de la autoridad presidencial, si de la investigación resulta que, a su vez, también incurrieron en delitos o en mal desempeño de sus funciones. Una investigación que resulta ser una obligación moral, política y legal de los diputados, más allá de cualquier especulación sobre el eventual resultado final que arroje la votación sobre estos graves asuntos.