Desclasificarán documentos vinculados a la dictadura

La presidenta Cristina Fernández decretó la desclasificación de toda "la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas" en la represión de la última dictadura militar, para evitar que se "obstaculicen" los juicios por violaciones a los derechos humanos.
Se trata de una decisión que procura acelerar el pedido de los juzgados que llevan adelante causas que intentan esclarecer crímenes de lesa humanidad, los cuales hasta ahora debían consultar si existía información clasificada sobre los casos investigados y solicitar su remisión al tribunal respectivo.
El decreto 4/2010, publicado ayer en el Boletín Oficial, ordenó la desclasificación de todos los archivos comprendidos en el período de 1976 a 1983, más la documentación producida en otros años, en relación a la represión ilegal. La disposición excluye la información relacionada con la Guerra de Malvinas y "cualquier otro conflicto de carácter interestatal" así como "la información de inteligencia militar estratégica".
La medida presidencial enuncia que el decreto se sancionó en vista de lo propuesto por el Ministerio de Defensa y en base a la información solicitada por el juzgado federal 1 de La Plata en la causa en que se investigan los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención "La Cacha". Es que el fiscal federal Félix Crous, a cargo de esa investigación, había sido uno de los impulsores para analizar documentos archivados en lo ocurrido "La Cacha" y luego de se sumaron otras investigaciones reabiertas por aquellos crímenes.

Voluntad.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, destacó la importancia del decreto y explicó que el material secreto y confidencial "era, en su casi totalidad, de conocimiento del Archivo Nacional de la Memoria por tener éste acceso a la documentación obrante en el Ministerio de Defensa, la que no podía ser hecha pública sin un decreto específico en cada caso". "Esta medida agiliza en primer lugar la remisión de la información solicitada por el Poder Judicial -dijo-, pero asimismo, y merece ser subrayado, ratifica la voluntad del Gobierno Nacional de continuar colocando a disposición de la sociedad toda la información obrante en poder del Estado que no fue destruida o sustraída al fin de la dictadura, sobre las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por los agentes estatales en ese período".
En los considerandos del decreto, se señala que "la información y/o documentación clasificada con carácter no público no estuvo destinada a la protección de intereses legítimos propios de un Estado democrático sino que, por el contrario, sirvió como medio para ocultar el accionar ilegal de gobierno de facto".
Y se esgrimió que "pasados más de 25 años de reestablecido el Estado democrático no es posible seguir consintiendo la inaccesibilidad de tal información y documentación argumentando el carácter de 'Secreto de Estado' o cualquier otra clasificación de seguridad que impida el conocimiento de la historia reciente cercenando el derecho de la sociedad a conocer su pasado".
"Cualquier limitación al acceso de información y documentación podría (...) impedir el esclarecimiento de los hechos, el juzgamiento y la sanción de los responsables, ubicando al Estado Argentino por fuera del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del derecho internacional de los derechos humanos", sentenció. (DyN)