Reducen las penas a 10 policías

Diez policías fueron condenados a penas de entre 3 y 16 años de prisión, de cumplimiento efectivo, como responsables de la muerte de cuatro jóvenes durante un motín ocurrido en 2004 en una seccional de Quilmes.
Los efectivos ya habían sido sentenciados en 2015 a penas mayores por el TOC 3 quilmeño, conformado por los jueces Alicia Anache, Armando Topalián y Alejandro Fortunato.
Sin embargo, un fallo de la sala III del Tribunal de Casación Penal dispuso el reencuadre legal de las penas al quitar agravantes y poner como atenuante "el excesivo paso del tiempo en la sustanciación del proceso penal".
Por este motivo, el TOC 3 debió dictar nuevamente sentencia, pero aplicó penas inferiores a las del primer juicio.
El entonces jefe de la seccional Primera de Quilmes, comisario Juan Soria, fue el más beneficiado por el reencuadre legal, ya que había sido condenado a 10 años por "estrago culposo seguido de muerte y omisión de evitar tormentos".
Sin embargo, Casación entendió que Soria no tuvo responsabilidad en el incendio que provocó la muerte de los reclusos, pero sí en las torturas realizadas, por lo que lo condenaron a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El oficial inspector Fernando Pedreira recibió una pena de 16 años -3 menos que en 2015- por "vejaciones y torturas en concurso real"; mismo delito por el que el cabo Hugo D'Elía fue condenado a 9 años de prisión.
En tanto, el subcomisario Basilio Vujovic, fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión; los agentes Franco Góngora y Gustavo Altamirano a 3 años y un mes; y la agente Elizabeth Grosso, a 3 años y 3 meses, todos por el delito de "vejaciones".
Asimismo, por el delito de "apremios ilegales" los oficiales Gustavo Avila y José Gómez recibieron una pena de 3 años de prisión que ya fueron purgados; y Juan Guzmán, 7 años.

"Aplaudieron el fallo".
El abogado de las víctimas, Rodolfo Yanzón, afirmó que "los familiares aplaudieron cuando terminó la lectura del fallo".
"Sabiendo que la decisión de Casación implicaba reducir las condenas, los familiares estuvieron conformes con el desempeño del fiscal y del tribunal", aseguró Yanzón, quien dijo además que "saben que no consiguieron todo lo que pretendían", pero en este contexto, también "saben que es difícil someter a juicio a un policía".
Yanzón aseguró que "los familiares de las víctimas son pobres, no tienen el interés de nadie, lo tienen arraigado desde siempre, desde antes del incendio" y que por ese motivo "estuvieron conformes con el resultado" porque también sienten que hicieron "justicia por los pibes".
El hecho ventilado en el debate ocurrió el 20 de octubre de 2004, cerca de las 23.30, cuando los detenidos iniciaron una quema de colchones en sus celdas de la comisaría quilmeña.
Según la investigación, al momento de iniciarse el conflicto había 17 adolescentes detenidos en la dependencia, siete de ellos en un calabozo y los restantes 10 en otro.
Durante la tarde, los policías ingresaron en las celdas, los hicieron desnudarse y los golpearon, lo cual era una "práctica sistemática", según declararon varios testigos, quienes añadieron que los detenidos eran obligados a pelearse entre sí y los uniformados "apostaban" a ver quién ganaba.
Esa noche, un oficial le dijo a Maldonado que su hermanita de dos años había muerto -lo cual era falso- por lo que el joven empezó a gritar para que lo dejaran salir e ir con su familia, lo cual generó el motín. (Télam)