Denuncian maniobra de los Caputo para llevarse casi USD 140 millones

Central Puerto, empresa vinculada al empresario Nicolás "Nicky" Caputo, concretó una operación que generó fuertes cuestionamientos políticos: vendió su participación en la minera canadiense AbraSilver por US$163,1 millones, después de haber desembolsado unos US$25,5 millones en 2024. La operación, que dejó una diferencia de alrededor de US$137,6 millones, se produjo luego de que el Gobierno de Javier Milei incorporara al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) el proyecto de oro y plata Diablillos, ubicado entre Salta y Catamarca.

La denuncia fue publicada por La Política Online (LPO), que describió la operación como un "pase de manos" que permitió a Central Puerto obtener una extraordinaria valorización de su participación después de la aprobación del régimen de beneficios impulsado por el Gobierno nacional.

Según informó la propia Central Puerto, la compañía decidió desprenderse de la totalidad de las acciones que tenía en AbraSilver al considerar que la inversión "ya no revestía carácter estratégico". Con los fondos obtenidos, el directorio aprobó además la distribución de un dividendo extraordinario entre sus accionistas.

LPO plantea que la operación permitió a Central Puerto obtener una rentabilidad en dólares cercana al 539 por ciento en alrededor de dos años. El medio vincula ese salto con la incorporación de Diablillos al RIGI, un régimen que establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios y estabilidad de esos incentivos durante 30 años.

El proyecto minero contempla una inversión inicial aprobada de US$481,7 millones, con una proyección que podría alcanzar los US$764 millones. El Gobierno de Salta informó que la iniciativa ya cuenta con los estudios de factibilidad y los informes de impacto ambiental de Salta y Catamarca.

Operaciones especulativas.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por LPO, durante el debate legislativo del RIGI sectores de la oposición habían advertido sobre la posibilidad de que la valorización de las empresas beneficiadas por el régimen derivara en operaciones especulativas. Entre las propuestas planteadas figuraba establecer durante cinco años una restricción para transferir las acciones de las compañías cuyos proyectos fueran incorporados al régimen.

También se había propuesto que las empresas depositaran en una cuenta de garantía, conocida como escrow, el equivalente al 30 por ciento de la inversión comprometida, de manera que esos fondos quedaran sujetos al avance efectivo del proyecto.

Según las fuentes citadas, el objetivo era evitar que la aprobación del RIGI disparara la Tasa Interna de Retorno de los proyectos y, en consecuencia, el valor de las acciones, generando un incentivo para que los inversores vendieran sus participaciones antes de concretar las inversiones comprometidas. Esas propuestas, siempre según el medio, fueron rechazadas durante el tratamiento del régimen.

La publicación también establece un paralelismo con los negocios realizados durante el gobierno de Mauricio Macri alrededor de los parques eólicos. LPO sostiene que en aquellos casos empresarios vinculados al poder adquirieron contratos y posteriormente vendieron los activos a valores superiores después de la intervención del Estado en las condiciones del negocio.

El artículo menciona además el caso de Socma, la empresa de la familia Macri, que vendió su participación en Autopistas del Sol (Ausol) luego de una fuerte suba en el valor de las acciones vinculada al aumento de las tarifas dispuesto durante esa administración.

“Un pasamanos”.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade cuestionó públicamente la operación de Central Puerto y la calificó como un "pasamanos". Según la denuncia recogida por LPO, la empresa habría obtenido una ganancia extraordinaria sin haber realizado todavía la inversión minera comprometida, para luego distribuir buena parte de esos recursos entre sus accionistas.

Central Puerto, por su parte, sostiene que la venta respondió a una decisión empresarial: dejar de considerar estratégica su participación en AbraSilver. La compañía informó formalmente que vendió el 100 por ciento de las acciones que mantenía en la minera y que posteriormente resolvió distribuir un dividendo extraordinario.

La operación vuelve así a poner bajo discusión el diseño del RIGI y, particularmente, la posibilidad de que la valorización generada por los beneficios otorgados por el Estado pueda traducirse en ganancias financieras para accionistas antes de que los grandes proyectos de inversión entren efectivamente en producción.