Desvío de fondos para rutas: La Rioja pidió ser querellante

El Gobierno de La Rioja, a cargo de Ricardo Quintela, se presentó ante la Justicia Federal para constituirse como querellante en la causa que investiga el posible desvío de fondos del Sistema Vial Integrado (Sisvial) hacia colocaciones financieras, en lugar de destinarlos a obras y mantenimiento de la red vial nacional.

La denuncia alcanza al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo, a funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y a autoridades del Banco Nación, y plantea posibles delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según la documentación aportada, al 31 de mayo de 2026 los recursos del Sisvial colocados en plazos fijos y letras del Tesoro sumaban $1.001.017.908.957.

De los aproximadamente $1,5 billones asignados al fondo en los primeros dos años y medio de gestión, solo unos $394.406 millones se aplicaron efectivamente a obras viales: una subejecución del 73,8%.

Según publicó El Cronista, la causa se inscribe en una polémica que el propio oficialismo alimentó semanas atrás. El vocero presidencial Adrián Ravier, en una entrevista con El Diario de La Pampa, admitió que una parte de los recursos que recauda el impuesto a los combustibles y que deberían financiar al Sisvial no llega a Vialidad Nacional, sino que queda “a disposición del Ministerio de Economía” para sostener el equilibrio fiscal.

“Sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, sostuvo el funcionario, que además reconoció no poder precisar qué proporción de lo recaudado termina efectivamente en mantenimiento de rutas.

Sus declaraciones, sin embargo, encendieron las alertas sobre el uso del fideicomiso vial para fines ajenos a su afectación específica.

El reclamo.

El planteo judicial señala que Nación dejó de renovar el convenio de Transferencia de Funciones Operativas para el mantenimiento de tramos de la Ruta Nacional 76, corredor clave hacia el Paso de Pircas Negras, pese a lo cual la provincia continuó sosteniendo esos trabajos con fondos propios: una inversión cercana a los $900 millones.