DNU de la SIDE: ya se presentaron cuatro amparos para que la justicia lo frene

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941 por intermedio del cual Javier Milei modificó el sistema de inteligencia y afectó a los aparatos de Defensa y Seguridad, no para de acumular pedidos en los tribunales para que sea frenado. 

Las críticas más fuertes que se han escuchado respecto a esa normativa señalan que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) podrá detener personas e intercambiar información sobre ciudadanos sin ningún tipo de control.

Hasta el momento, según publicó el diario Página 12, hay cuatro amparos presentados en el fuero contencioso administrativo, que es donde se resuelven los temas vinculados al accionar del Estado. En ese ámbito judicial, el juez Martin Cormick declaró la nulidad del protocolo antiprotestas de Patricia Bullrich el pasado 29 de diciembre. 

Una de las presentaciones fue hecha este martes a la tarde por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y pide que se declare la nulidad absoluta, la ilegalidad y la inconstitucionalidad del DNU 941.    

Entre sus argumentos, el CELS sostiene que no está explicitado de forma fehaciente la urgencia que postula el Poder Ejecutivo nacional para modificar la Ley de Inteligencia sin que sea discutida en el Congreso. Asimismo, remarca que este poder no puede legislar en materia penal y lo está haciendo al permitir que los agentes de la SIDE detengan ciudadanos sin orden judicial ni control posterior. Otra razón que da el CELS contra el decreto es que es ilegal porque afecta derechos de las personas, pero también porque su contenido es arbitrario y desproporcionado. 

“Todas estas modificaciones (...) no resultan ser meros ajustes de estructuras administrativas, sino que implican intervenciones restrictivas directas sobre derechos constitucionales, las que son decididas por un instrumento de baja calidad democrática como lo es un DNU. Su dictado ni siquiera cuenta con una justificación clara y precisa sobre las razones de su utilización, así como tampoco se explica por qué no puede esperar los tiempos del debate democrático”, indicaron los directivos del CELS, Paula Litvachky y Diego Morales, en el escrito que firmaron y entregaron a la justicia.

El mismo martes, otra amparo fue presentado por un grupo de dirigentes políticos y juristas ligados al radicalismo, donde subrayaron que la norma de Milei plantea tareas de contrainteligencia basadas en supuestos poco precisos, que las acciones de la SIDE serán con carácter de encubiertas, y eso impide que sean controladas y supervisadas por los entes pertinentes, además de que cuestionaron que el organismo pueda intercambiar información con otras agencias. 

“A través de una arquitectura legal deliberadamente opaca, el decreto impugnado diluye los límites establecidos por la normativa vigente en torno a la prohibición del espionaje interno, la recolección de datos sin orden judicial y la vigilancia ideológica o política. Se institucionaliza un régimen de inteligencia que habilita el monitoreo de la ciudadanía no ya en función de hechos ilícitos concretos y verificables, sino sobre la base de criterios amplios e indeterminados de oportunidad política, conveniencia estratégica o prevención difusa, incompatibles con un Estado constitucional de derecho”, dice el texto radical que lleva las firmas de Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Luis Alberto Cáceres, Manuel Garrido, Eduardo Santin y Ricardo Terrile.

En esta caso, la presentación advierte que, en caso de obtener una resolución desfavorable en primera instancia, llevarían la cuestión hasta la Corte Suprema de Justicia por medio del mecanismo del per saltum.

El primer amparo en oposición al DNU había sido presentado días atrás por los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Mónica Frade (Coalición Cívica) y Esteban Paulón (Partido Socialista), y recayó en el juzgado de Rita Ailán. 

El ex legislador porteño Yamil Santoro (Republicanos Unidos) también hizo una presentación formal en los tribunales.