El comercio y la industria rechazan la reforma laboral

La Cámara de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), expresaron su rechazo a cinco artículos de la reforma laboral que impulsa la gestión de Javier Milei. Las entidades lo hicieron a través de una nota conjunta que enviaron a gobernadores y legisladores.Las dos primeras patronales son las principales entidades mercantiles del país, mientras que Adimra es la mayor organización de fábricas metalúrgicas. Según publicó El Destape, las razones más urgentes por las cuales se oponen a la reforma oficialista tienen que ver con que elimina una serie de aportes especiales que sirven para financiar las actividades gremiales y porque pierden representatividad en detrimento de unidades de negociación de menor nivel.

 

El medio citado accedió a una nota enviada por CAME a senadores, en la cual se reclama por cinco artículos que contiene la normativa que envió el Gobierno nacional al Congreso. El escrito argumenta que la reforma provocaría “conflictividad jurídica y social” además de “inestabilidad e incertidumbre”.

 

Ricardo Diab, titular de CAME, fue entrevistado días atrás en El Destape Radio y confirmó esta iniciativa grupal. “La misma nota con ese tenor la trabajamos las tres cámaras que nos sentimos afectadas. Lo hacemos en conjunto y aprobado por los tres sectores”, sostuvo.

 

El medio indicó que la novedad es un gran golpe para el proyecto libertario y detalló que las tres cámaras juntas representan alrededor de 1,5 millones de trabajadores, así como a medio millón de fábricas y comercios de variables dimensiones. La actividad mercantil posee el mayor convenio colectivo de todo el país y, solo ese rubro, abarca a 1,2 millones de empleados.

 

Cláusulas.

 

El Destape puntualizó que el artículo 126 que plantea la eliminación de las "cláusulas obligacionales" que se negocian en los convenios colectivos es el que más preocupa a las cámaras empresarias. Explicó que este tipo de cláusulas son las que determinan los porcentajes de las representaciones patronales y sindicales en base a los aportes que debe hacer cada empresa del rubro al Instituto de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap).

 

“Limita la ultraactividad (vigencia de los acuerdos más allá del vencimiento de su plazo de vigencia hasta tanto no se renegocien) de los convenios colectivos vencidos únicamente a las cláusulas normativas y excluye las cláusulas obligacionales”, consideraron en su nota las tres patronales, y agregaron que esta situación “desnaturaliza el convenio colectivo de trabajo como un instrumento integral; rompe el equilibrio entre las partes; debilita la autonomía y la libertad de negociación colectiva, y genera mayor inseguridad jurídica y conflictividad laboral”.

 

La nota del medio porteño remarca que el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, intentó en ocasiones anteriores echar por tierra con estas cláusulas, pero fue impedido por acciones judiciales. "Según el funcionario son instrumentos pactados en mesas acotadas de negociación por referentes de entidades patronales y que generan aportes obligatorios incluso para empresas no afiliadas a esas cámaras pero incluidas en los convenios colectivos de trabajo de la actividad. Sucede lo mismo con las denominadas “cuotas solidarias” que se destinan a los sindicatos con aportes de trabajadores no afiliados y que también corren el riesgo de perder su vigencia en caso de aprobarse la reforma laboral. Para Sturzenegger, de manera artificial las primeras aumentan el costo de la actividad y las segundas, reducen el salario de los trabajadores", especificó El Destape.

 

Aportes.

 

Otro de los artículos objetados es el 128 que propone volver "voluntarios" los aportes o contribuciones patronales especiales incluidos en las convenciones colectivas de trabajo. Respecto a las que están vigentes, el proyecto oficial sostiene que “tampoco resultan obligatorias para los empleadores que no sean socios o asociados a las asociaciones o cámaras beneficiarias de estos créditos”.

 

Los artículos 130 y 131 también son cuestionados por las cámaras empresariales porque le otorga mayor jerarquía a los acuerdos y negociaciones de nivel regional, provincial o incluso a nivel de empresa firmados entre sindicatos y cámara patronales por sobre los acuerdos nacionales, aún si estos se rubrican de manera posterior.

 

“Alteran el natural sistema de articulación y prelación entre convenios colectivos de trabajo, porque eliminarán la función ordenadora del convenio colectivo de actividad ya que le otorgan prevalencia a los convenios de ámbito menor o de empresa, aun cuando el convenio de ámbito mayor sea posterior. Un esquema como el propuesto fragmentan el marco normativo de una misma actividad y habilitaría a: diferencias salariales y de condiciones laborales injustificadas, entre otras, afectando claramente el principio constitucional de -igual remuneración por igual tarea-. Por lo dicho y a nuestro entender, no cabe dudas que la aprobación de estos artículos traería aparejado conflictividad jurídica y social”, fundamenta la nota de CAME, CAC y Adimra, según informó El Destape.

 

El último ítem rechazado por las entidades empresariales es el artículo 132 que, textualmente, otorga facultad a la autoridad administrativa, que en la actualidad es la Secretaría de Trabajo de Nación, "a convocar la renegociación de convenios vencidos y a suspender (incluso de oficio) los efectos de su homologación cuando sus cláusulas se mantengan vigentes por ultraactividad, amparándose bajo el fundamento de conceptos absolutamente amplios e indeterminados”.

 

El argumento de las tres patronales es que intenta “desnaturalizar el principio de ultraactividad, otorgando una discrecionalidad excesiva al Estado, afectando la autonomía colectiva y generando un escenario de marcada inestabilidad e incertidumbre tanto para empleadores como para trabajadores, creando inseguridad jurídica y consecuente conflictividad”.

 

“Pretenden esclavizar al futuro del país".

 

El Secretario General de la CGT Misiones, José Milciades Giménez, lanzó duras críticas contra las políticas del Gobierno nacional, centrándose especialmente en la reforma laboral y el deterioro del poder adquisitivo. En ese marco, no descartó la posibilidad de un paro nacional, aunque aclaró que sería "la última carta" ante la falta de diálogo. El dirigente enfatizó que una medida de fuerza efectiva debería ser total: “Habría que ir a una medida de fuerza de tierra, agua y aire”.

 

Giménez aseguró que la gestión actual busca imponer medidas que atentan contra las conquistas históricas del movimiento obrero, publicó la agencia Noticias Argentinas. “Hoy más que nunca estamos ante un atentado de esclavitud, porque lo que pretenden es esclavizar al futuro del país”, afirmó el dirigente, argumentando que la reforma laboral pone al trabajador en una situación de desventaja absoluta frente al capital. Según su visión, el modelo de "consensuar directamente" entre empleado y empleador es una trampa que rompe el principio de igual remuneración por igual tarea.

 

En una entrevista concedida al programa “Despertando con Splendid”, que conduce Alejandro Gomel, por Splendid AM 990, Giménez cuestionó las cifras oficiales de inflación y recordó el impacto de la devaluación inicial de la gestión. “Cuando asume este gobierno, el peso se devalúa en un 100%”, señaló, agregando que la realidad diaria de los trabajadores dista mucho de los números que el Gobierno "le quiere mostrar al mundo".

 

Sobre el rol de la central sindical, el dirigente misionero reconoció que existen divisiones internas tanto en la política como en los gremios, pero instó a "trabajar espalda con espalda" porque “la patria está en juego”. (NA)