El Gobierno denunció a manifestantes

Luego de la frustración en el Senado por no haber conseguido aprobar los capítulos clave del proyecto, el gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Seguridad, denunció penalmente a los manifestantes que protagonizaron incidentes este jueves frente al Congreso durante la protesta contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, por delitos que podrían implicar penas de hasta 30 años de prisión.

Según informó El Destape, la presentación ante la Justicia Federal estuvo a cargo por Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, funcionarios de la cartera de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva. El Ministerio solicitó la “inmediata investigación y posterior detención de los responsables” por los hechos ocurridos el 6 de agosto.

En este sentido, el medio citado detalló que la denuncia plantea la posible comisión de los delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, daño agravado, atentado a la autoridad agravado y resistencia a la autoridad. Además, sostiene que todos ellos podrían quedar alcanzados por el agravante contemplado en el artículo 41 quinquies del Código Penal.

Artículo 226.

La figura más severa mencionada es la del artículo 226, que establece penas de entre 5 y 15 años para quienes se "alcen en armas", entre otros objetivos, para impedir al menos temporalmente el libre ejercicio de las facultades constitucionales de un poder público. El artículo 41 quinquies, por su parte, duplica el mínimo y el máximo cuando un delito es cometido con la finalidad de obligar a autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Por lo tanto, de aplicarse conjuntamente ambas normas bajo la interpretación impulsada en la denuncia, la escala podría elevarse a entre 10 y 30 años.

En este sentido, la propia denuncia explica que los delitos postulados, entre ellos los del artículo 226, "podrían encontrarse agravados por haber sido cometidos con la finalidad de compeler a las autoridades públicas nacionales a abstenerse de cumplir con sus cometidos funcionales y constitucionales (art. 41 quinquies del CP)".

Manifestantes.

Según la denuncia, durante la movilización hubo manifestantes que arrojaron "piedras, escombros y otros objetos contundentes" contra las fuerzas de seguridad, además de roturas de baldosas y bancos públicos, daños a vehículos policiales y efectivos lesionados. El Ministerio sostiene que esos episodios podrían haber buscado “inhibir y/u obturar, en forma parcial o plena, la actividad legislativa”.

La presentación pidió preservar registros fílmicos, identificar a los participantes y determinar los daños ocasionados. También reclamó investigar a quienes hubieran colaborado, participado o instigado los hechos y a las eventuales organizaciones que pudieran encontrarse detrás de ellos.

La jornada de protesta contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada terminó con un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso. Según informó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), 28 personas fueron detenidas.

La CPM calificó el operativo como una de las jornadas represivas "más violentas y extendidas en tiempo y distancia" de los últimos años.

Herida.

En medio del operativo, una fotógrafa que cubría la movilización resultó herida tras recibir un golpe en la cabeza y tuvo que esperar una ambulancia en la intersección de Lima y Avenida de Mayo.

Ayer por la mañana salió un nuevo parte médico en el que se informa que sufrió una pequeña fractura de cráneo y que continúa evolucionando bien.

“Sobre la compañera fotorreportera ingresada a guardia en el Hospital Argerich tras la represión del jueves, desde SiPreBA y aRGra informamos que continúa evolucionando bien pero seguirá internada en observación”, indica el comunicado emitido por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires.

Según publicó Tiempo Argentino, los médicos le encontraron una pequeña fractura en la base del cráneo, del lado izquierdo y está siendo evaluada por neurología y otorrinolaringología.

La fotógrafa recibió un golpe en la cabeza, aunque todavía no se sabe con qué proyectil de la policía.