El oficialismo demora firma de dictamen

En un concurrido plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, representantes de organismos civiles y de Derechos Humanos cuestionaron enfáticamente el proyecto de "Defensa de la Soberanía Nacional", que incluye sanciones penales y económicas a empresas extranjeras que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas, pero también contiene reformas profundas en el sistema de seguridad y defensa nacional.

El oficialismo empieza a calentar motores para dictaminar la semana que viene, con la expectativa de llevar el proyecto al recinto el 21 de octubre.

La iniciativa del Gobierno, de 133 artículos, endurece sanciones económicas y penales a la explotación económica en Malvinas sin autorización argentina pero también rediseña las áreas de defensa, inteligencia y seguridad en Argentina y supone una amenaza a la opinión libre.

Según publicó Ambito, la convocatoria quedó en manos de la oposición, que llamó a organizaciones de excombatientes, antiguos funcionarios vinculados a la causa Malvinas, académicos sobre seguridad y especialistas jurídicos. La postura generalizada fue en rechazo a la reforma, cuyos primeros 40 artículos incrementan las penalidades sobre actividades en territorio nacional, pero los 93 restantes hacen hincapié en mecanismos de seguridad interna.

Hoy será el turno de la primera funcionaria de primera línea que participa del debate: la secretaría Legal y Técnica María Ibarzabal Murphy, a quien se apunta como autora intelectual de la redacción.

Dos bloques opositores le anticiparon al matutino porteño la posibilidad de presentar un texto que replique sólo las sanciones a quienes realicen exploraciones y explotaciones productivas en la zona de influencia argentina. Así lo adelantó Germán Martínez, titular del bloque de Unión por la Patria, al pedir "separar aquellos aspectos en los que podemos tener algún tipo de consenso de aquellos en los que probablemente va a imperar una mirada crítica al proyecto. Allí le estaríamos haciendo un gran favor a la causa nacional de Malvinas".

"Necesitamos dotar del Estado de herramientas efectivas para hacer valer nuestros derechos y proteger nuestros recursos", le contestó Damián Arabia (La Libertad Avanza).

Entre los planteos, el abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, Jerómino Guerrero Iraola, entendió que el proyecto busca "esconder la verdadera finalidad del Gobierno, que es perseguir las disidencia y la oposición política".

Mientras que la directora Ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, criticó que se establecen "figuras penales laxas que pueden derivar en un estado de sospecha muy peligroso" en el que se instalan "sanciones anticipadas sin tener un procedimiento iniciado".

El ex secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Daniel Filmus (2014-2015 y 2019-2021) ponderó la política permamente de defensa de la soberanía de las islas Malvinas durante los gobiernos a los que perteneció".

Entre otros puntos inquietantes, el también ex diputado nacional alertó que la iniciativa "establece protocolos de derribo, contempla el hundimiento de buques y prepara a las fuerzas armadas para operaciones no convencionales".