Preparan nuevo fallo sobre Tierras

La Corte Suprema de Justicia sorteó ayer a la tarde dos conjueces para analizar el amparo presentado por un conjunto de asociaciones civiles de Río Negro en el que solicitó la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del DNU 70/23.

El caso a analizar fue impulsado por la Asociación Árbol de Pie, las comunidades mapuches Lafkenche y Lof Fvta Anekon, la legisladora de Río Negro Magdalena Odarda y un grupo de vecinos. Su reclamo tramitaba en forma conexa con el de los excombatientes, pero como los supremos lo omitieron en la resolución de la semana pasada, pidieron una “aclaratoria”.

La Corte decidió activarlo, pero anunció que debía sortear dos conjueces por una evidente falta de acuerdo entre sus integrantes. Los designados fueron el camarista de Casación Diego Barroetaveña y el camarista de Mendoza Juan Ignacio Pérez Curci.

Según publicó Tiempo Argentino, la necesidad de convocar a un sorteo de conjueces se debe a que Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti no alcanzaron unanimidad de criterios para pronunciarse por este Recurso de Amparo que tienen en su poder desde agosto de 2024 cuando lo recibieron desde la Cámara Federal de La Plata, la que a su vez lo había recibido desde el juzgado federal de Bariloche, donde fue originalmente presentado.

El Tribunal platense lo había remitido en un mismo expediente con el de los excombatientes del CECIM, pero la Corte decidió hasta ahora ignorarlo.

Conjueces.

La convocatoria al sorteo de conjueces abrió la expectativa de una revisión del fallo que le quitó legitimidad a los excombatientes para impedir la aplicación de la Ley de Tierras, y habilitó la extranjerización sin límites.

Barroetaveña y Pérez Curci están alineados con la histórica y más conservadora Lista Bordón de la Asociación de Magistrados. A ambos se les atribuyen buenos vínculos con el actual ministro de justicia Juan Bautista Mahiques y su clan judicial familiar.

Además Barroetaveña es consejero de la magistratura. En los últimos años intervino en tres casos cruciales contra Cristina Fernández de Kirchner: votó por anular su sobreseimiento en Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán, y confirmó a la condena en Vialidad.

Nuevo debate.

Un comunicado que hizo circular la Corte Suprema la semana pasada ante el repudio social y de la comunidad jurídica creciente, intentaba calmar los ánimos al decir que solo había tomado una decisión procesal que rechazaba la legitimación para litigar en este caso a los excombatientes y que “nada impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar”.

Remarcaba que la polémica sobre la ley de anulación de la ley 26.737 propiamente dicha no había sido resuelta. Decía que se “expedirá sobre las normas jurídicas conocidas como Ley de Tierras cuando lleguen esos reclamos, lo que no ha ocurrido hasta el momento”.

Ahí fue que los representantes mapuches, Odarda y compañía, pusieron el grito en el cielo: tienen un pedido de medida cautelar en la Corte sin resolver desde agosto de 2024.

Presentaron entonces un escrito para reclamar que les aclaren si estaban alcanzados por el rechazo al CECIM o si, como todo indicaba, la decisión no los afectaba. En ese caso, pidieron que tramite de una vez, que se asegure su inscripción en el Registro Público de Acciones Colectivas y que la Corte resuelva “la medida cautelar oportunamente solicitada”.

Por lo pronto, la propia Corte en un comunicado actualizado anunció que convocaba a conjueces para “un nuevo debate” al “no lograr unanimidad de criterios” a raíz de la presentación de “una organización ambiental” que “se presentó la semana pasada con una solicitud de aclaratoria”. Señala que “el análisis de esta nueva causa” está en línea con el de la semana pasada, que decía que “nada le impedía analizar los casos que llegaran a esa instancia por el mismo tema”. Atribuyen haber resuelto primero el rechazo al CECIM a una cuestión burocrática en la que, en el “orden”, le sigue el reclamo de ambientalistas y mapuches.