El senador Benegas Lynch asesora a extranjeros

El senador nacional de La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch es socio fundador de una empresa dedicada a brindar asesoramiento a inversores extranjeros interesados en adquirir y administrar tierras rurales en la Argentina.

Se trata de Glocal Terra SRL, una sociedad creada en 2020 por el legislador entrerriano y su esposa, Eloísa Perea Muñoz. La actividad de la firma comenzó a generar repercusiones en el Senado en la previa del tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Según publicó Ambito, en la documentación constitutiva de la empresa, Benegas Lynch figura como socio gerente; mientras que su objeto social contempla el asesoramiento comercial, legal y financiero, además de la intermediación para inversores extranjeros que busquen comprar inmuebles y campos dentro del territorio argentino.

La compañía se presenta como una firma especializada en inversiones y gestión de propiedades rurales en América Latina. En su sitio web asegura contar con experiencia en operaciones que involucraron más de 3 millones de hectáreas y ofrece acceso a campos agrícolas, superficies forestales, áreas destinadas a conservación y propiedades rurales de alta gama.

Entre sus servicios también aparece la administración de tierras pertenecientes a clientes extranjeros. Según explica la propia empresa, esa tarea puede incluir la gestión de los activos en representación y bajo las instrucciones de sus propietarios.

Antes de fundar esta sociedad, Benegas Lynch estuvo al frente de Pampa Partners, una firma vinculada al empresario y ambientalista estadounidense Douglas Tompkins, fallecido en 2015. El magnate adquirió grandes extensiones de territorio en la Argentina y Chile para destinarlas a proyectos de conservación ambiental.

Votación.

En medio de las repercusiones por la actividad de Glocal Terra, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio presentó una impugnación ante la Presidencia del Senado para que Benegas Lynch no intervenga en el tratamiento del proyecto de Ley denominado “Inviolabilidad de la propiedad privada”.

La legisladora solicitó su abstención e inhabilitación para participar del debate, firmar dictámenes o votar la iniciativa. Argumentó que existe una posible colisión entre su función pública y sus intereses privados por su participación en una sociedad vinculada con la intermediación de operaciones inmobiliarias rurales.