¿Indemnizaciones gratis? La reforma laboral desvía u$s3.000 millones de ANSES al fondo para financiar despidos

La reforma laboral que propuso el gobierno de Javier Milei contempla una multimillonaria transferencia de recursos del sistema jubilatorio a los nuevos Fondos de Asistencia Laboral (FAL) que se crearán para que los empresarios paguen las indemnizaciones por despido de sus trabajadores. El desvío de dinero desde la Anses hacia las empresas sería de cercano a u$s3.000 millones, según distintos cálculos recabados por Ámbito. Ahora bien, ¿quién pagará entonces las indemnizaciones?

Los FAL son el sistema propuesto por el proyecto oficial para que las empresas canalicen los recursos con los cuales afrontar las indemnizaciones por despido sin causa. Se trata de una especie de reversión de los Fondos de Cese Laboral aprobados con la Ley Bases, que no tuvieron acogida por parte de casi ningún sector. La diferencia es que los FAL serán obligatorios, excepto en dos ramas puntuales, y se financiarán con dinero que hasta ahora los empleadores deben aportar al sistema de seguridad social.

En concreto, si se aprueba la reforma, las empresas deberán aportar a los FAL el 3% de la masa salarial bruta de sus empleados todos los meses. El dinero estará destinado a costear las indemnizaciones y, mientras tanto, será invertido en instrumentos financieros autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Sin embargo, en los hechos, el propio proyecto de reforma laboral plantea que el aporte a los fondos con los que se pagarán las indemnizaciones será gratuito para las empresas. Es que esos 3 puntos porcentuales de la masa salarial destinado a los FAL se les descontará de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Es decir, es como un pase de caja: del SIPA al FAL.

"Los FAL son las AFJP de esta época. Es el mismo esquema de negocio: entidades privadas van a manejar recursos públicos y lucrar con esto", apuntó Gustavo Ciampa, abogado laboralista. En ese sentido, el Gobierno se entusiasma con que estos fondos se conviertan en una punta de lanza para darle mayor profundidad al mercado de capitales.

El proyecto que envió al Congreso el Poder Ejecutivo prevé que "las cuentas de los Fondos de Asistencia Laboral se conformen con una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo de las Contribuciones Patronales con destino al SIPA de cada trabajador".

En el artículo 60, la iniciativa estipula que "las cuentas de los FAL se conformarán con una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo de las Contribuciones Patronales con destino al SIPA de cada trabajador".

El Gobierno argumenta que la reforma tiene el objetivo de "dinamizar" el mercado laboral, aunque los especialistas afirman que ningún cambio en la legislación laboral motoriza la creación de empleo, sino que eso depende del crecimiento de la actividad en los principales sectores productivos. En ese sentido, Juan Manuel Graña, economista de la UBA, consideró que esta medida "busca reducir derechos de los trabajadores que aún los tienen -que siguen siendo mayoría-, ampliar el margen de discrecionalidad de las empresas en la relación laboral y desfinanciar el sistema de seguridad social".

"Hay un beneficio general para todas las empresas y es un beneficio mucho más importante para las grandes empresas, que tienen muchos más empleos registrados que las pymes. Además, genera un costo fiscal para el sistema jubilatorio gigante", explicó Graña a Ámbito.

Por su parte, Ciampa añadió que, en su opinión, "todo lo incluido en la reforma, es para esconder el elefante en la plaza", en referencia al desvío de recursos de la seguridad social a los fondos de despido.

Según la estimación de Graña, la transferencia de la caja jubilatoria a las empresas para financiar las indemnizaciones por despidos sin causa sería de entre u$s2.600 y u$s4.700 millones, siguiendo datos del SIPA o de Cuentas Nacionales -esta última con los trabajadores registrados y no registrados incluidos- respectivamente.

Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma, estimó que serían entre u$s2.000 millones y u$s2.500 millones al año, que los trabajadores transferirían a los empleadores para que estos costeen los despidos.

"La transferencia de recursos del trabajo al capital no se agota con la creación de este fondo. El proyecto también incluye una reducción del aporte patronal a las obras sociales (pasa del 6% al 5%). De un día para el otro pasan de mano 4 puntos de la masa salarial", agregó Campos.

Luciano Patrucco, analista de EcoGo, señaló que “para los nuevos contratos, la reforma reduce sustancialmente los fondos destinados a jubilaciones, que pasan de 18/20,4% (según el tipo de relación laboral) a solo 5% de la base salarial de la empresa".

Sin embargo, planteó una lectura alternativa sobre el impacto potencial de la medida: "Esta baja en los costos laborales busca incentivar la contratación formal. Si la reforma logra generar empleo, se ampliará la base de aportantes, lo que podría compensar parcialmente la caída en la recaudación”.

Para Graña, en cambio, la iniciativa podría eventualmente aplicarse pero "solo para las micropymes y no para el total de los trabajadores, porque implica un costo inasumible para el sistema jubilatorio”. “Si el planteo fuera radicalmente diferente y se enfocara en el segmento micropyme, habría que crear un régimen particular, de carácter progresivo, que las firmas vayan perdiendo a medida que crecen", agregó.

Sobre la estrategia del Gobierno, el economista advirtió que “el próximo paso, cuando presenten una reforma previsional, será afirmar que ‘el sistema está desfinanciado y hay que volver a una AFJP’; sería replicar este esquema del FAL para las jubilaciones y regresar al modelo de los ’90”. (Ambito)