Inicia juicio de lesa por el Villazo

El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 1 de iiciará hoymañana el juicio por la causa "Villazo", que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos contra trabajadores metalúrgicos y vecinos de Villa Constitución que en 1975 protagonizaron la "última gran huelga clasista del siglo XX". El caso muestra connotaciones históricas porque será juzgada por primera vez la responsabilidad de la empresa Acindar en la represión estatal y paraestatal previa a la dictadura cívico militar.

 

Tras una instrucción superior a una década, los perpetuos reclamos de sobrevivientes, familiares de víctimas y la querella a cargo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario (APDH) fueron escuchados por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vázquez y Omar Paulucci, quienes elevaron la causa a juicio oral. "Estamos muy expectantes porque con este juicio finalmente se abre la posibilidad de legalizar por primera vez otra historia y otro relato de aquellos hechos", dijo la abogada de la APDH y querellante, Gabriela Durruty.

 

Agregó que "los mismos trabajadores pasarán por el tribunal para contar cómo el 20 de marzo de 1975, cuando una ciudad entera fue sitiada por kilómetros de camionetas y tanques de asalto, se militarizaron las fábricas para reprimir a sindicalistas" en un episodio recordado como el "Villazo", apuntó.

 

Durruty se mostró convencida que "se lograrán condenas justas" y quedará demostrado que antes del golpe militar ya había un "que sostenía la intención de eliminar a una organización ejemplar, cuya lucha estimulaba a trabajadores de otras industrias que veían posible que sus derechos fueran respetados".

 

Durante el debate que comenzará a las 10 en los tribunales de Boulevard Oroño 840 serán juzgados unos veinte responsables civiles y militares por los delitos de "privación ilegítima de libertad, torturas, asociación ilícita y homicidios" cometidos contra 69 víctimas, en su mayoría obreros de las empresas metalúrgicas de Villa Constitución que luego serían absorbidas por Acindar SA.

 

"Es el primer caso en la región que indagará la vinculación y responsabilidad de una empresa en los episodios represivos desarrollados en momentos previos, pero vinculados a la dictadura cívico militar", explicó el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, Adolfo Villate. En ese contexto, "estarán sentados frente al tribunal dos responsables civiles que fueron ejecutivos de Acindar": el jefe de personal, Roberto Pellegrini, y el administrativo y Ricardo Torralvo.

 

Según los testigos y la prueba documental, ambos "colaboraban activamente con la represión marcando objetivos y víctimas", y eran "de alguna forma los intermediarios entre el directorio de la empresa y las fuerzas represivas".

 

Para atribuirle responsabilidad a Acindar, la Fiscalía descubrió que las personas secuestradas fueron marcadas como objetivos de la represión gracias a la información ofrecida por la firma, que previamente realizó una actualización de legajos del personal, con fotos y domicilios.

 

Según consta en la causa, la metalúrgica también habilitó un espacio físico como centro clandestino de detención, conocido como "albergue de solteros", otorgó sobresueldos a efectivos de seguridad, les brindó asistencia mecánica en sus talleres y aportó vehículos.

 

Los delitos enmarcados en el "Villazo" incluyeron la ocupación militar, policial y parapolicial de Villa Constitución a partir del 20 de marzo de 1975, tras el triunfo de la Lista Marrón en las elecciones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local, cuando unos 4.000 agentes de fuerzas se seguridad "ocuparon esta ciudad" del sur santafesino y causaron homicidios, secuestros y aplicación de tormentos.

 

Martínez de Hoz.

 

La investigación judicial demostró que ese proceso represivo ofició de "laboratorio" para lo que un año después se extendería a todo el país tras el golpe de Estado. "En aquel momento José Alfredo Martínez de Hoz era presidente de Acindar y luego del golpe se convirtió en el ministro de Economía paradigmático de la dictadura militar". Según Villate "él mismo reconoció que la dictadura venía a modificar la matriz económica y productiva de Argentina, donde el movimiento obrero significaba claramente un obstáculo".

 

Las primeras denuncias de las víctimas fueron radicadas en la Justicia Federal de Rosario en 2013, cuando todavía vivían muchas víctimas y testigos directos, entre ellos los históricos dirigentes Alberto José Piccinini y Victorio Paulón. Este último alcanzó a declarar y ofreció "·testimonios contundentes", indicó Durruty.

 

El juicio será transmitido en vivo por el canal de YouTube del TOCF Rosario Nº1 en https://www.youtube.com/live/JZBvrp1tpNQ?si=K-2iumDx1pUI1FDs., y las restantes audiencias están programadas para los días 13, 14, 21, 27 y 28 de noviembre, y 4, 5 y 20 de diciembre, desde las 10 horas.

 

(Télam)